El grupo municipal del PP en Barcelona exigirá al gobierno municipal de Ada Colau en el pleno de este viernes que suspenda el convenio con los okupas del Casal Popular Tres Lliris de Gràcia.
Esta antigua comisaría de la Policía Nacional, ubicada en la calle de Nil i Fabra, fue okupada en 2015 y, dos años después, los comunes dieron a los okupas una cesión de uso.
El pasado 7 de abril, el gobierno municipal renovó la concesión por otros cuatro años más, un acuerdo "intolerable" para el PP. "Tenemos un gobierno que fomenta y promueve la okupación, el mensaje que da Colau con todo esto es que quien okupe en Barcelona tiene premio", ha asegurado el líder de la formación, Josep Bou.
SANCIONES
Los populares han recordado que, durante la pandemia, los okupas han acumulado "20.000 euros de sanciones por ruidos y fiestas ilegales", lo que Bou ha tachado de "vergonzoso".
El grupo municipal también ha denunciado que el Ayuntamiento se comprometió a llevar a cabo unas obras de insonorización en el local, que es de propiedad municipal. "Okupan un local, molestan a los vecinos y la solución del Ayuntamiento no es echarlos, sino pagarles una reforma para insonorizar el inmueble", ha lamentado Bou.
La proposición que trasladarán los populares al pleno también reclama que se destine el uso del inmueble a las entidades sociales del barrio, convirtiéndose así en un espacio en el que desarrollar actividades culturales en beneficio de todos los vecinos.