Los sindicatos de la Urbana, sobre las cámaras: "Son insuficientes y llegan tarde"

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado este lunes el despliegue de las primeras 150 cámaras acopladas al uniforme de los agentes de la Guardia Urbana. Se trata de un dispositivo que, de momento, solo llevarán sargentos y cabos en su mayoría y que constituye un ejercicio de "transparencia" del cuerpo hacia la ciudadanía, según el jefe del cuerpo, Pedro Velázquez. Los sindicatos aprueban las cámaras, pero denuncian que son insuficientes y que llegan muy tarde.

"Son totalmente insuficientes. Nuestra demanda es una cámara por agente y somos más de 3.000. Si hay menos se deben compartir y no da tiempo a cargarlas, y algunos agentes no tendrán", señala el portavoz de SIP-Fepol, Jordi Rodríguez. El guardia urbano explica que su organización reclama la incorporación de las cámaras desde el inicio del gobierno de Ada Colau (2015) con una petición de 3.000 cámaras. "Estas 150 debían haber llegado hace tres años. Como todo lo que hace este gobierno municipal por su policía, poca inversión y muy tarde en su ampliación", reprocha Rodríguez.

RIESGO PARA EL CIUDADANO O EL POLICÍA

Agentes de Ciutat Vella, la UREP (unidad de intervención en orden público) y de tráfico llevarán las primeras 43 cámaras instaladas en el chaleco protector. El Ayuntamiento quiere probar su aplicación durante unas semanas y realizar mejoras hasta mediados de junio, cuando el cuerpo repartirá los 107 aparatos restantes por todos los distritos (10) y otras unidades del cuerpo. Velázquez ha detallado que solo se podrán activar en caso de que se esté produciendo un delito, en casos de fuerza física con un riesgo para la persona o el policía y en situaciones de orden público cuando no se pueda identificar o detener a la persona.

Desde CSIF, Eugenio Zambrano eleva el tono de la crítica y coincide con Rodríguez en afirmar que las 150 cámaras son "insuficientes" para una plantilla de 3.188 policías. "Es vergonzoso que no se invierta más en medios materiales para poder trabajar con mayor seguridad en el sentido más amplio de la palabra". Para el agente, "el recorte presupuestario al que está sometida la GUB nos debilita como cuerpo policial". 

Agentes de la GUB en un dispositivo contra los botellones / GUARDIA URBANA

CRÍTICAS A BATLLE

El agente Zambrano carga contra el el Área de Seguridad liderada por Albert Batlle (PSC) por argumentar que las cámaras buscan, también, perseguir la posible mala praxis de los funcionarios. "Es vergonzoso y bochornoso. Los policías somos los primeros que queremos llevar las cámaras, precisamente para evitar denuncias falsas a las que estamos sometidos y a las malas praxis de ciudadanos contra la policía. La policía no tiene nada que ocultar. La cámara garantiza una seguridad jurídica a los policías ante denuncias falsas", esgrime el portavoz de la Central Sindical Independiente de Funcionarios, que acusa al Ayuntamiento de dejar a los guardias "expuestos y en mal lugar".

En lo que coinciden todos (consistorio y sindicatos) es en que las imágenes aportaran garantías para el correcto desarrollo de las actuaciones policiales. Dos instituciones tendrán acceso al contenido de los vídeos que captarán las intervenciones más arriesgadas, siempre según el criterio del propio agente: la Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància de Catalunya y la Direcció General de l'Administració de la Seguretat. La unidad de asuntos internos de la GUB también podrá visionar las imágenes en casos de posible mala praxis de los policías.

UGT: "TODAS LAS PATRULLAS DEBEN TENER UNA"

Desde UGT, José Casas celebrar que "por fin" se empiecen a usar las cámaras, aunque admite que tenía "esperanza" de que se pusieran en marcha en 2019. En verano de ese año, el consistorio inició una prueba piloto con ocho dispositivos. Una buena experiencia que dio paso a la compra de 150 artilugios. "Todas las patrullas deberían tener una. No nos cansaremos de pedirlo. Es bueno tener dos perspectivas de la actuación", comenta el policía. 

Casas recuerda que su sindicato reclama esta herramienta desde 2015. "Nos garantizan un buen servicio y es una garantía para todas las partes. Muchos estudios demuestran que con cámaras las denuncian falsas contra la policía bajan entre un 80% y un 90%", enfatiza el portavoz sindical.

30 SEGUNDOS ATRÁS

Una condición para grabar al ciudadano es que el agente deberá informar siempre que se dispone a registrar la actuación. Cuando active la cámara, el dispositivo empezará a registrar lo que ocurre, pero también recuperará los 30 segundos previos a la activación del dispositivo. Esas imágenes se descargaran en un ordenador y se subirán a un sistema. Los archivos estarán "encriptados", según detallaba Batlle, para un buen funcionamiento de la cadena de la custodia hacia los juzgados. "En muchos casos, estas imágenes serán la prueba de un delito", ha apuntado la gerente de Seguridad, Maite Casado.

Para Zambrano, sin embargo, el anuncio de la puesta en marcha de estos dispositivos personales de grabación (DPG) es un acto de "propaganda" de un Ayuntamiento que no invierte en el cuerpo. La afectación de esta falta de inversión denunciada por Zambrano afecta a la flota de vehículos con deficiencias en las baterías de las luces de emergencias, a la falta de pistolas Taser, sprays de pimienta de dotación unipersonal, pistolas de pimienta de dotación de patrulla, armas largas. El portavoz de CSIF añade que la "falta de agentes" de la actualidad se debería suplir con más horas extra. Sin embargo, dice, el "recorte presupuestario en ampliaciones de jornada de casi dos millones de euros nos arroja a una mayor precariedad laboral y a una mayor inseguridad en la prestación de los servicios" de la Guardia Urbana.