La justicia investiga a la incineradora Tersa de Sant Adrià de Besòs, presidida por el concejal de los comunes Eloi Badia. El juzgado de Instrucción número 5 de Badalona ha admitido a trámite la querella que interpuso la Fiscalía a finales de marzo de este año. El magistrado ha decidido abrir una causa después de la denuncia del fiscal por la presunta comisión de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente a raíz del funcionamiento de la planta gestionada por la empresa pública Tersa.
Las indagaciones no se dirigen contra ninguna persona en concreto, sino que se está indagando el funcionamiento de la incineradora. Por ello, el juez solicita diversa do documentación que estará disponible en cuatro o cinco semanas y que se prevé de importancia para avanzar en la investigación.
ELOI BADIA, EN LA DIANA
La querella parte de los datos aportados en 2018 por la coordinadora vecinal metropolitana Airenet, que aglutina asociaciones y entidades de los municipios de Badalona, Sant Adrià del Besòs y Badalona, los más afectados por las emisiones de Tersa.
El Ministerio Público señala que el "mal funcionamiento", de acuerdo a "informes publicados en revistas científicas", está generando "unos niveles de emisión de contaminantes, especialmente dioxinas y furanos, muy elevados, lo cual suponía un grave riesgo para el medio ambiente y la salud de las personas".
En su escrito, la Fiscalía apuntaba al presidente de Tersa y concejal de Emergencia Climática del Ayuntamiento de Barcelona, Eloi Badia, como uno de los responsables. Como máximos responsables de la gestión de la empresa, Badia y el jefe de explotación "habrían estado realizando y/o tolerando conscientemente una serie de prácticas contrarias a la normativa ambiental aplicable", sostiene la fiscal.
Eloi Badia, en una rueda de prensa en el Ayuntamiento / EFE
TEMPERATURA DE INCINERACIÓN
La investigación concluyó que la empresa no estaba controlando correctamente la temperatura de incineración de los residuos conforme a la legislación ambiental, como también detectó una inspección de la Generalitat en 2018.
La planta bajo investigación es propiedad del Ayuntamiento de Barcelona en un 41% y un 59% del Área Metropolitana de Barcelona (AMB).