Investigan una presunta gestión municipal irregular en un chiringuito de las playas de Barcelona

Batalla judicial entre el Gremi de Restauració y el Ayuntamiento de Barcelona. La organización de empresarios ha tomado la vía jurídica para que se investigue lo que sospecha que se trata de una presunta gestión municipal irregular en un chiringuito de la playa de la Nova Icària.

El director general del Gremi de Restauració de Barcelona, Roger Pallarols, ha explicado a Metrópoli que este caso muestra, según el equipo legal de la organización, indicios de prevaricación por parte del Institut Municipal de Parcs i Jardins, entidad municipal que preside el concejal Eloi Badia. La denuncia es contra el gerente de Parcs i Jardins, Francesc Jiménez.

Según ha relatado Pallarols, los hechos tuvieron lugar durante la apertura de la temporada de chiringuitos de playa de 2021, si bien las licencia del local afectado y del resto se adjudicaron en 2018. Ese año se cambiaron los criterios de funcionamiento de la actividad y se favoreció a una de las empresas. Hasta entonces, era obligatorio que se pagara todo el canon antes de montar la instalación.

El Ayuntamiento, prosigue el director general del Gremi, cambió el criterio y permitió que se montaran los chiringuitos antes de pagar el canon. Sin embargo, no lo comunicó por escrito y no lo dijo a todos los operadores. Una de las empresas sí se entero y lo que deberá aclarar la justicia es cómo fue.

SILENCIO DE PARCS I JARDINS

La asociación empresarial se puso en contacto con Parcs i Jardins y fue entonces cuando el Ayuntamiento informó al Gremi del cambio de criterio, es decir, de que no era necesario haber abonado la tasa o canon para instalarse. Ante la sospecha de una posible irregularidad --y en vista de la "ventajosa" situación que este chiringuito había adquirido frente al resto de negocios-- el Gremi pidió detalles al órgano público.

Ante el silencio administrativo, el Gremi recurrió a la Bústia Ètica del Ayuntamiento. Han pasado 15 meses desde los requerimientos y, denuncia, no ha recibido todavía ninguna respuesta. El consistorio incluso ha dejado de contestar a los correos y mensajes. 

"Las irregularidades en Parcs i Jardins forman parte del día a día", sentencia Pallarols que, sin embargo, reflexiona que éste es un claro "trato de favor ilegal" por parte del Ayuntamiento en detrimento de otros 14 negocios, muchos de ellos vinculados al Gremi de Restauració.

"Pedimos una aclaración a Parcs y Jardins. Acudimos a la Bústia Ètica y hemos esperado 15 meses", insiste. "En vista de que no había ningún tipo de respuesta y se trataba de un hecho grave hemos decidido poner el caso en mano de los tribunales y presentarnos como acusación particular", concluye.

EL AYUNTAMIENTO DICE HABER SIDO TRANSPARENTE

Preguntados por Metrópoli, el Ayuntamiento asegura haber mantenido en todo momento un total proceso de transparencia. El motivo por el que se autorizó el montaje de chiringuitos, la temporada pasada, antes de tiempo respondía, explica, a "la petición del Gremi de Restauració de avanzar la temporada al 1 de marzo".

Si bien se adelantó el montaje de chiringuitos antes de pagar el canon de licitación presente en los pliegos, no estaba permitida "la actividad hasta que no se liquidara la tasa correspondiente", detalla el Ayuntamiento, y añade que la Bústia Ètica del consistorio ha hecho "los requerimientos de información pertinentes y ha llevado a cabo una investigación de oficio cuya resolución se comunicará en los próximos días".

También explican que por el momento no tienen constancia de que haya ningún tipo de diligencia sobre este tema. Al cierre de este artículo, fuentes del TSJC indican que no tienen información sobre la causa. 

EL PP PEDIRÁ EXPLICACIONES AL AYUNTAMIENTO

El portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Óscar Ramírez, ha anunciado este jueves que pedirán explicaciones al consistorio en la próxima comisión de Urbanismo. Añade que desde hace años han denunciado "falta de transparencia" y que "el procedimiento que se está utilizando no es el más apropiado; es un sistema de subasta encubierta, que lo que hace es inflar los precios, llegando a pagar en la última adjudicación más de 800.000 euros”.

“Solo pedimos un ejercicio de transparencia y que se nos informe de la situación de este caso en la playa de la Nova Icària”, ha insistido Ramírez.