La Generalitat da un paso adelante en la legislación de los desahucios. En este caso, en los desalojos de personas conflictivas. El govern está rematando una nueva norma que pasará el testigo tanto a Ayuntamientos como a comunidades de vecinos de forma que podrán poner en marcha la maquinaria para desalojar a inquilinos ilegales.
No afectará a todas las okupaciones. La norma está pensada para agilizar el proceso en los casos donde haya conflictos de convivencia con los vecinos. Tal es el caso de los narcopisos. El primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, ya avanzó en una entrevista a Metrópoli que se estaba trabajando en un nuevo marco legal.
Y es que se da la situación en que grandes tenedores de vivienda, tras tener un piso okupado, suelen no iniciar los procesos de petición de desahucio, algo que inicia la pesadilla de los vecinos cuando son mafias las que toman los inmuebles y los convierten en lugares de actividad ilegal. Ahora, si los propietarios no toman acciones, será el propio ayuntamiento de la localidad o las comunidades de vecinos las que puedan iniciar los trámites.
La nueva ley es, en concreto, una modificación del código civil y la ley de vivienda.
MULTAS PARA LOS PROPIETARIOS
Si se aprueba la reforma, comunidades de vecinos o ayuntamientos afectados por las mafias podrán iniciar el trámite. Acto seguido, se dará parte a los propietarios del inmueble, que tendrán un mes para responder a la petición. De no hacerlo, dicho comportamiento incurrirá en faltas por omisión, lo que puede conllevar multas que van desde los 9.000 a los 90.000 euros. Además, serán los grandes propietarios los que deberán sufragar los costes del desahucio.
También podrían llegar a perder la vivienda, que podría acabar en manos de la administración para destinarse a uso social.
Cartel irónico contra los narcopisos colgado durante la pandemia por los vecinos de la calle dels Salvador / G.A
Según datos de la Generalitat, actualmente hay 7.345 denuncias por ocupación abiertas y el plazo medio de trammitación es de ocho meses. De los 953 inmuebles ocupados del parque de viviendas de la administración catalana, el 25% aproximadamente presenta conflictividad.
Además, Cataluña concentra el 45% de las okupaciones registradas en España. De estas, el 75% se concentran en Barcelona.