Barcelona y su área metropolitana se convierte en la ciudad con más okupaciones ilegales y ha llevado a Catalunya a convertirse en la comunidad autónoma con más casos en todo el país con la aparición de un nuevo perfil okupa: el no vulnerable. Así se detalla en el análisis sobre la vivienda y los efectos de la ocupación ilegal realizado por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada.
Esta entidad indica que Catalunya lidera “las cifras estatales por ocupación de vivienda desde al año 2015”. El estudio señala que entre 2015 y 2022 las denuncias por este delito han aumentado más de un 77% en la comunidad autónoma.
OKUPAS ACOMODADOS
Este contexto de crecimiento ha dado pie a la aparición de nuevos perfiles de okupas que “no están en situación de vulnerabilidad". Uno de los casos que respondería a este nuevo modelo de okupación ilegal, según apunta el estudio, es el de algunos de los inquilinos de Casa Orsola, en el Eixample: “Arrendatarios demandados por la propiedad por permanecer en la vivienda pese a haber concluido su contrato, con ingresos estables y que no acreditan vulnerabilidad”.
En esta misma línea se expresaba hace unas semanas la abogada especializada en este tipo de casos María José Tarancón, quien señalaba que “la única finalidad de estas okupaciones en alza es beneficiarse de alquileres por debajo del mercado cuando no son para nada vulnerables”. Lamentaba que estos perfiles “se aprovechan de la sensibilidad social que han logrado generar quienes sí son vulnerables, y además cuentan con el apoyo de los sindicatos de inquilinos, que no distinguen entre vulnerables o no”.
LEYES A FAVOR DE LOS OKUPAS
El análisis del Instituto Coordenadas apunta también a las normativas autonómicas de Catalunya, como la conocida ‘ley catalana antidesahucios’ –actualmente recurrida en el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno central–, que incorporaba la obligación de los grandes propietarios de ofrecer un alquiler a precios por debajo de mercado a okupas sin título habilitante sobre el inmueble.
“Por otro lado, y habiéndose observado que este tipo de iniciativas legislativas pueden llegar a favorecer la actividad delincuencial, el propio Parlament ha impulsado, apenas un año después de la ley antidesahucios, medidas que permitirán a los ayuntamientos instar el desalojo de inmuebles ilegalmente okupados cuando generen alteraciones en la convivencia vecinal, y siempre y cuando pertenezcan a grandes tenedores de vivienda que no hayan emprendido las correspondientes medidas para el desalojo del inmueble”, expone el Instituto Coordenadas.