La Guardia Civil registra la incineradora de Tersa

La Guardia Civil irrumpe en la incineradora de Tersa ubicada en el río Besòs. Varias unidades del cuerpo policial se han desplazado hasta la planta a primeras horas de la mañana para efectuar un registro en el marco de la investigación que busca averiguar si, entre los años 2015 y 2019, la planta estuvo emitiendo a la atmósfera partículas contaminantes por encima de la cantidad permitida. Según ha explicado la Guardia Civil a Metrópoli, se trata de una operación ordenada por el Juzgado de Instrucción número 5 de Badalona.

El servicio de protección de la naturaleza de la Guardia Civil, con base en Sant Andreu de la Barca, lleva la investigación de si la incineradora pública estuvo saltándose la ley por un periodo de cuatro años. La investigación salpica al Ayuntamiento de Barcelona y al Área Metropolitana, propietarias de la planta pero, sobre todo, al concejal de los comunes Eloi Badia, responsable directo de la planta. En este sentido, tanto Badia como el jefe de explotación de la fábrica, F. R. G., figuran como investigados por un presunto delito ecológico.

Planta de Tersa en Sant Adrià / TERSA

Sucede, sin embargo, que tersa es consciente desde mediados del mes de abril de que la Guardia Civil iba a efectuar un registro de la planta, una anomalía debido a que, habitualmente, las batidas se hacen sin previo aviso con el fin de que, si hubiera algún indicio o prueba incriminatoria, no hubiera tiempo de destruirla. En este caso no ha sucedido así. Por su parte, la plataforma vecinal Aire Net ya solicitó el registro al presentarse como acusación particular en 2018, algo que la jueza desestimó al considerarlo prematuro.

DAÑO A LA SALUD

Tras el escándalo en la planta, ubicada en la frontera entre Barcelona y Sant Adrià de Besòs, la planta sigue presidida por Badia, responsable de Emergencia Climática y Transición Ecológica. Badia está imputado en el juzgado de instrucción número 5 de Badalona tras una denuncia de la Fiscalía que acusa a Tersa de emitir al ambiente sustancias cancerígenas, hasta el punto de que los residentes en la zona de la incineradora que está entre Sant Adrià y Barcelona son, entre tres y cuatro veces, más propensos a desarrollar cáncer a lo largo de su vida que los habitantes de otras zonas, al menos entre 2015 y 2019.

Durante años, Tersa y los responsables municipales hicieron oídos sordos a las denuncias que les llegaban desde asociaciones de vecinos y desde plataformas cívicas sobre los peligros de las emisiones de la factoría. El año pasado, tras la imputación de Badia, el Ayuntamiento anunció la puesta en marcha de un Observatorio Ambiental Ciudadano. Hasta ese momento, ni Badia ni la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, habían querido recibir a los protestantes.

ESCEPTICISMO

Desde la asociación Aire net, sin embargo, se muestran muy escepticos con la operación de hoy. "La medida podría haber sido muy buena pero no lo es, porque llega cinco años tarde y llega con la planta avisada", explican. Añaden que, tras mantener contacto con trabajadores de la propia planta, saben que llevan más de un mes trabajando para poner todo el día y preparándose para el registro. El aviso se debe a que la jueza decidió levantar el secreto de sumario, aclaran.

Asimismo, explican que su única esperanza es que "como nos llevan tomando por tontos desde hace años", todavía puede ser que "se hayan cometido errores". "Tenemos mucha confianza en la Guardia Civil, pero sabemos que no lo han tenido fácil", detallan pero "en general nuestra postura es de desconfianza con respecto al caso".  finalmente, han pedido que se depuren responsabilidades y se cese de su puesto a aquellos cargos que no han efectuado su trabajo con el rigor debido.