La Copa América enfrenta a Madrid y Barcelona: “Hay un atropello a la Guardia Civil"

La seguridad de la Copa América de Vela amenaza con crear un grave conflicto político entre administraciones. De hecho, el evento se celebra a partir de verano próximo, pero todos los extremos del acontecimiento se están organizando desde ahora, no en vano se trata de una de las concentraciones del ámbito deportivo más importantes del mundo. Y además de los temas organizativos normales sobre la gestión de la regata, la comunicación o los apoyos en infraestructuras, uno de los temas de mayor calado es el de la seguridad, en el que entra un estricto control no sólo sobre el personal participante, sino sobre las fases del campeonato y sobre el territorio.

Una de las mayores preocupaciones es el de que la Copa no sea objetivo terrorista. “Un evento mundial de estas características es un caramelo para cualquier organización terrorista internacional y, especialmente, para cualquier organización extremista del yihadismo, que tiene a Europa en su objetivo”, explican fuentes de la seguridad del Estado a Metrópoli. En el concepto de seguridad, se tendrá en cuenta no sólo la potencial amenaza del terrorismo internacional, sino también los actos de sabotaje o boicot locales. Por ejemplo, se teme que círculos extremistas del independentismo quieran obtener repercusión mundial y realicen acciones de sabotaje espectaculares, sabedores del altavoz mediático que supone un evento de estas características.

LA CULPA FUE DEL DECRETO 57/2023          

Pero en el segmento de la seguridad es donde han comenzado a surgir serios problemas competenciales entre las distintas administraciones. Estos problemas se resumen en fuertes tensiones entre el Gobierno español y el catalán a cuenta del papel de cada uno en el control de la regata. Las fuentes citadas subrayan que el decreto 57/2023 del Gobierno catalán tiene la culpa de las desavenencias surgidas. Esta norma legal hace referencia a la reestructuración de la Dirección General de la Policía y está en vigor desde el 24 de abril pasado.

El decreto en cuestión dice en su artículo 64 que los Mossos deben “ejercer las funciones propias del Cuerpo en las aguas interiores” y “llevar a cabo las competencias policiales propias de la Generalitat de Cataluña en el litoral, ríos navegables y puertos”. Pero acto seguido señala que uno de sus cometidos es “desarrollar funciones de seguridad ciudadana, vigilancia de la navegación, vigilancias de acontecimientos que se realicen en el mar, vigilancia de las zonas marítimas protegidas y de las infraestructuras portuarias e instalaciones acústicas”.

LA LEY ES MUY ESTRICTA

Esto es lo que ha sacado de quicio a las autoridades españolas, que insisten en que los Mossos d’Esquadra no tienen competencias en el mar ni en el litoral, sino sólo en aguas interiores. “La ley dice muy claro que las competencias en materia marítima son de la Guardia Civil. Es el único cuerpo que puede vigilar cualquier regata, si nos atenemos a lo que dicen las normas legales. Incluso establece que cualquier cuerpo que escupa el mar, aunque sea encontrado en la costa, en tierra, es competencia de la Guardia Civil”, explican las fuentes consultadas. La ley a la que hacen referencia las fuentes es la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y cuerpos de Seguridad. El 12 de marzo de 2019, la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial ratificó que “la competencia en materia de policía judicial en los espacios marítimos recae exclusivamente en la Guardia Civil".

Lo que debería ser una cuestión puramente protocolaria se convierte, así, en un escollo, aunque desde la Administración central culpan de la tensión al Govern de la Generalitat por abarcar parcelas de responsabilidad fuera de sus competencias. De hecho, en noviembre pasado, el consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, puso en marcha la unidad marítima de los Mossos y contrató a la compañía Carat para llevar a cabo una campaña de publicidad para glosar las bondades de la nueva unidad. Según los informes internos de Interior, lo que pretendía era “dar a conocer los servicios que efectúan los Mossos para incrementar la seguridad de la gente en el medio marítimo y sus funciones: servicio público en el mar ofreciendo prevención, vigilancia, protección, proximidad y servicio a la ciudadanía”. Estos vagos conceptos pueden entrar en colisión con las normas legales. En la campaña se enterraron más de 188.000 euros.

QUEJA DE LOS OFICIALES ESPAÑOLES

Hace poco más de una semana, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil denunció el decreto de la Generalitat que permite a los Mossos realizar competencias de seguridad ciudadana y vigilancia en los mares territoriales. En un comunicado, esta entidad profesional habla de “invasión de competencias propias de la Guardia Civil por parte de la Generalitat de Cataluña”. Los oficiales advierten que “esto no es casual, pues todo sucede a un año escaso de la celebración de la Copa América de Vela en las aguas de la costa de Barcelona, un escaparate internacional para Cataluña, foco del que la Generalitat parece querer alejar todo aquello que, como la Guardia Civil, representa a España”. Critica también la plataforma que “ni el gobierno de España ni grupos políticos han levantado la voz o tomado alguna medida contra este atropello de las competencias de la Guardia Civil. Ante este silencio, nos preguntamos si estamos ante una situación de consenso entre el Gobierno de España y las autoridades catalanas para desmantelar el servicio marítimo, como se ha hecho con los grupos de Rescate en Montaña o como se está haciendo con Tráfico en Navarra”.

Fuentes cercanas al Gobierno central reconocen que ha habido una cierta permisividad con el Govern a la hora de cederles algunas prerrogativas. Una de ellas, por ejemplo, es permitirles operar en el trozo de mar que se encuentre entre dos espigones, por lo que el cuerpo autonómico sí pasaría, de facto, a controlar la mayor parte de la costa y de las aguas territoriales cercanas a tierra. No obstante, ese detalle contradice la propia Ley Orgánica 2/1986. En lo que respecta a la seguridad de la Copa América, la batalla no ha hecho más que empezar, aunque el Ministerio del Interior parece que no ha dicho la última palabra.