La Universitat Pompeu Fabra (UPF) ha tramitado desde 2014 un total de 20 denuncias por acoso, abuso o insultos, 18 de ellas interpuestas por alumnos contra profesores o personal de administración, según la Unitat de la Igualtat del centro.
Así lo ha explicado el vicerrector de Personal Docente e Investigador, Pablo Pareja, en una entrevista a Europa Press, en la que ha detallado que entre el periodo 2014-2018 se contabilizaron siete denuncias; entre marzo de 2018 y diciembre de 2019, ocho, y entre enero de 2020 y finales de 2022, cinco.
CASOS ENTRE ESTUDIANTES
Dos de los casos denunciados se produjeron entre estudiantes. Un de ellos sucedió en 2019, cuando dos jóvenes que cursaban el primer curso del grado de derecho en la UPF denunciaron que se sentían acosadas por otro alumno, aunque ellas lo conocían "únicamente" de coincidir en alguna clase.
Sin que conste el motivo, el 28 de enero de ese año empezaron a recibir mensajes del acusado a través de WhatsApp y "sorprendidas por recibir estos mensajes", una de ellas le envió un mensaje diciéndole que creía que se estaba confundiendo de persona. El acusado continuó enviando mensajes hasta el 11 de febrero de 2019.
Entre los mensajes que recibían, el joven les decía que necesitaba pensar y empezar de nuevo con ellas y dejarlo todo atrás. Les agradecía el apoyo, les pedía que estuvieran cerca de él y les decía que eran el "mejor regalo del mundo" y que las esperaría en la puerta de la universidad.
ABANDONÓ LOS ESTUDIOS
El hombre también intentaba mantener contactos físicos con ellas en la universidad, incluso les manifestó la voluntad de mantener una relación afectiva con una de ellas y las perseguía por el campus.
Universitat Pompeu Fabra
La universidad tuvo conocimiento de los hechos y acordó que las víctimas "se quedarían en casa para estudiar en lugar de acudir a clase", facilitándoles otras aulas de la universidad para hacer los exámenes, aunque finalmente una de las víctimas abandonó los estudios.
CONDENA
La sentencia condenó al acusado por dos delitos de acoso a 10 meses de prisión --en total--, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.
También le impusieron la prohibición de comunicarse con las víctimas y de aproximarse a menos de 500 metros de ellas, de sus domicilios, o de cualquier otro lugar que frecuenten durante cuatro años.
EL PAPEL DE LA UNIVERSIDAD
Pareja ha explicado que en un principio las víctimas no dijeron nada a las familias ni a la universidad: "Supongo que pensaban que pasaría, y una semana antes de los exámenes del tercer trimestre y asustadas por el tono de los mensajes, se dirigieron a la decana".
Desde la UPF, a los pocos días abrieron un expediente y aplicaron la medida cautelar de que el acusado no se pudiera matricular al curso siguiente, pero las jóvenes interpusieron una denuncia a los tribunales y en el momento del juicio "el expediente disciplinario tuvo que quedar suspendido", aunque el acusado igualmente no se matriculó en el siguiente curso.
"Como institución nos quedamos un poco con una sensación incómoda, ya que hicimos todo lo posible y aplicamos todos los protocolos posibles, pero si hubiéramos tenido conocimiento antes o si explicáramos mejor cuáles son los derechos de los estudiantes, quizás se hubieran sentido cómodas para explicarlo antes", ha manifestado Pareja.
También ha detallado que no se personaron en el juicio porque estaban haciendo el expediente disciplinario y había una investigación abierta, y "la universidad no podía personarse porque sería tomar parte de una cosa que todavía no se ha resuelto".
EL PAPEL DE LA UNIVERSIDAD
Sin embargo, una de las víctimas entrevistada por Europa Press asegura que no se sintió "acompañada" porque después de comunicar lo ocurrido en una reunión, la Universidad les dijo que no podían volver al campus. "Las opciones que me dieron fueron hacer un traspaso de expediente y cambiar la matrícula a la Universitat de Barcelona (UB).