El líder de Élite Taxi de Barcelona, Tito Álvarez, da un plazo de dos semanas a la Generalitat para elaborar un informe jurídico sobre la idoneidad de las cámaras de videovigilancia en el interior de los taxis.
Este es el periodo que el sindicato ha anunciado al Departamento de Territorio, que se comprometió a redactar un informe jurídico tras la agresión sexual que sufrió una taxista el pasado sábado, 27 de enero, en la capital catalana.
AGRESIÓN SEXUAL
Una mujer de Barcelona denunció hace unos días ante la Guardia Urbana a un cliente que se estaba masturbando en el asiento trasero del vehículo mientras le conducía hasta un hotel y al que obligó a bajarse de forma inmediata. La mujer pudo demostrar la agresión gracias a las cámaras de seguridad que tenía instaladas en el vehículo, por el momento prohibidas.
Después del suceso, se celebró una reunión donde asistieron representantes del sector del taxi, así como de la Generalitat –departamentos de Interior y Territorio– y el Instituto Metropolitano del Taxi (IMET) –dependiente del AMB–.
ULTIMÁTUM DE ÉLITE TAXI
Élite Taxi indicó después de la reunión que había “tres posibles salidas” ante esta situación: dar un margen de tiempo para comprobar avances, convocar concentraciones para ejercer presión o abrir una batalla judicial. Además, denunció el rechazo del IMET a la instalación de cámaras, cuyos defienden que generan “sensación de inseguridad”.
El Departamento de Territorio y el IMET presentaron su propuesta de fortalecer la conexión de los taxis con los cuerpos policiales mediante el teléfono de emergencias 112. “En 15 días haremos una valoración de lo que se ha hecho, ya sea para ir a los juzgados a intentar tumbar la norma, para movilizarnos o para no hacer nada porque están empezando a avanzar”, ultimó Álvarez.