Sobre el papel, la educación pública es gratuita. Sin embargo, muchas familias hacen aportaciones económicas que se conocen como “cuotas”. A la hora de matricular a los hijos, los padres pagan en concepto de material escolar, excursiones o como pago para el AMPA, las asociaciones de madres y padres de alumnos. El problema es que esas cuotas en la práctica se exigen en la escolarización obligatoria y eso está prohibido por ley. Y no hacen más que agrandar la brecha entre los barrios más acomodados y los más vulnerables de Barcelona.
En el informe del Pacto contra la segregación escolar de 2022, el Síndic de Greuges de Catalunya denunciaba que estas aportaciones sirven para pagar determinados gastos de funcionamiento o para financiar proyectos y servicios escolares, que tendría que asumir la Administración. Según el Síndic, las familias pagan estas cuotas debido a la "infrafinanciación" de los centros y que "no deberían existir" o, en todo caso, "deberían tener la consideración de voluntarias".
En Barcelona, la Fundació Bofill también publicó un informe en el que se señalaba "el incumplimiento de los principios de gratuidad de la educación y accesibilidad en igualdad de condiciones". El documento Fent efectiva l'educació gratuïta per reduir les desigualtats asegura que las familias con menor renta gastan, de media, en torno a los 220 euros anuales en libros de texto y material escolar y casi 400 euros en comedor escolar. En muchos casos, la diferencia de precio va ligada a cada centro, aunque también influye el nivel socioeconómico.
Desigualdad de oportunidades educativas
El estudio Equivalencia territorial en la planificación educativa: diagnóstico y propuesta elaborado por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) a petición del Consorcio de Educación evidencia que en los colegios públicos de barrios acomodados, las cuotas son hasta el triple de caras que en las de barrios más humildes. El estudio revela que en Les Tres Torres, uno de los más ricos de la capital catalana, las familias pagaron de media durante el curso 2016/2017 344 euros al año, mientras que en Ciutat Meridiana, pagaron 151 euros. En otras zonas escolares con población de renta baja, como Ciutat Vella, las familias pagaron 123 euros al año, mientras que en la Font d’en Fargues o la Vila de Gràcia abonaron 263 euros y 227 euros anules respectivamente.
Cada centro determina la cuantía de las cuotas, hecho que incrementa las desigualdades. Mientras que los alumnos de los centros con una aportación económica más elevada tienen más oportunidades de aprendizaje, ya sea por el tipo de excursiones o por el material escolar que se utiliza, los más vulnerables no estudian en las mismas condiciones. Precisamente la ley prohíbe este tipo de cuotas para evitar la discriminación.
Fuentes consultadas del Sindicato de Profesores de Secundaria también reconocen que es una práctica habitual, aunque "difícil de demostrar porque hay poca transparencia". Además, denuncian que los pagos fomentan la segregación de alumnos, ya que las cuota de algunos centros son excesivamente altas para evitar una mayor concentración de población inmigrante. Ejemplo de ellos es la escuela La Carpa de L'Hospitalet, donde se ha llegado a pagar hasta 200 euros en un pago único, según ha podido saber Metrópoli. "Impera una ley del silencio y alguien debería hacer auditorías. ¿A dónde va el dinero? ¿Quién lo cobra?", se preguntan.
Tanto el Síndic como la Fundació Bofill denuncian la ilegalidad de dichas cuotas. Según el artículo 88 de la Ley Orgánica de Educación, “en ningún caso no podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias para recibir las enseñanzas gratuitas, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios asociados a las enseñanzas que requieran aportación económica”. Entonces, ¿por qué se permiten estos pagos?
Cuotas únicas sin concretar cantidades
En Catalunya hay un sistema de cuotas en el que no se pueden separar los pagos y fuerzan a pagarlos todos juntos de forma indivisible, hecho que los convierte a todos en obligatorios, como, por ejemplo, la cuota de las AFA o las excursiones. Algunos pagos, en caso de ser voluntarios, serían legales.
Entonces, ¿qué deben pagar las familias? En horario lectivo no tendrían que pagar nada excepto las actividades voluntarias (como las excursiones), como también aquello que el alumno necesita en clase, como el material escolar personal. Aunque el hecho que todo eso no entre en la gratuidad, no significa que sea legal exigir pagos por ello. Por ejemplo, puede haber la opción de la compra de los objetos en un establecimiento comercial y los alumnos los llevaran consigo en su estuche o mochila.
Fuera del horario lectivo, la ley dice que son de pago opcional “las actividades extraescolares y los servicios voluntarios”, como podría ser el comedor. Hay una falsa creencia que considera que se debe pagar por el material como proyectores o para el mantenimiento del centro. No obstante, proporcionar estos servicios corresponde a la Administración, según las fuentes consultadas. Actualmente, los centros hacen pagar a las familias por conceptos muy diversos, desde supuestas cuotas de matrícula hasta por servicios contratados por los centros porque la Administración no se los proporciona.
Según el informe La contribución económica de las familias al sistema educativo público catalán publicado en 2019 por la federación de AMPA de Catalunya (AFFAC), la Administración se ha ahorrado una gran cantidad de dinero gracias al esfuerzo de las familias. El estudio destaca el Vallès Occidental como el territorio donde las familias pagan más.
Privatización de servicios a través de las AMPA
Un padre de un colegio de Terrassa denunció que Educació privatizaba gestiones con las AMPA, como la contratación de personal privado en las escuelas públicas. Dicho padre reclamó datos de las transferencias económicas y en especie, contrataciones que realizan las AMPA/AFA de las escuelas públicas en la localidad de Terrassa, una información que Educació decidió no entregar aduciendo que se trataba de "entidades privadas que no están sujetas al régimen de transparencia". Sin embargo, la resolución de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP) aseguró que "cuando estas entidades acaban contratando personal docente y personal no docente que participan, o gestionan, de forma directa o indirecta, en las actividades en el horario lectivo, dentro del recinto escolar por actividades que de acuerdo con las leyes han de asumir la administración educativa, estas AMPA y AFA pasan a ser personas jurídicas que contribuyen al ejercicio de funciones públicas o potestades administrativas ya que prestan un servicio público. Entonces, esa información, pasa a ser información pública".
Menores en un centro extraescolar en Barcelona
A pesar de que en el curso 2018/2019 la Generalitat estableció que perseguiría las escuelas públicas que llevan a cabo el cobro de cuotas obligatorias por la escolarización gratuita, el padre denunciante lamenta que la Administración tiene conocimiento del problema, pero opta por no hacer nada.
Por su parte, el Departament de Educació asegura a este digital que "las excursiones y servicios escolares tienen carácter voluntario y que, en todo caso, el alumnado vulnerable cuenta con una dotación por parte del Departament para cubrir los gastos extra".