El camino para mitigar la multirreincidencia y sus efectos desde el poder judicial y legislativo está abierto.
Así lo han valorado Emilio Zegrí, abogado penalista especializado en okupaciones en Barcelona, José María Asencio, magistrado y escritor, Jesús Sánchez, decano del Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), Francisco Aranda, diputado por Barcelona en el Congreso de los Diputados y portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Justicia y Cristóbal Martell, abogado penalista en la mesa redonda organizada por Metrópoli, Crónica Global y El Español.
El fenómeno "existe"
El diputado Aranda ha iniciado el debate dando por hecho que el problema de la multirreincidencia "existe" y ha defendido el trabajo del alcalde Collboni por remediarlo. En este sentido, el decano Sánchez ha felicitado la labor del diputado por la aplicación de la reforma legislativa y ha destacado que "los políticos por fin empiezan a escuchar a la ciudadanía".
En la misma línea, el decano ha asegurado que "Barcelona necesita un plan de choque" que venga acompañado fiscales y funcionarios porque "si no hay funcionarios que tramiten esto, de poco sirve". Tenemos, ha asegurado, una "justicia del siglo XIX".
Juicios rápidos en 2026
El magistrado Asencio ha hecho hincapié, en este sentido, en la falta flagrante de "juzgados, jueces y medios". El juez ha destacado que los juicidios supuestamente rápidos tienen su feha más próxima a principios de año de 2026. "Datos esenciales que yo mismo he cotejado". Además, ha aportado datos: "España en 2024 tenía 11,6 jueces por cada 100.000 habitantes. La media europea es de 21,2 jueces cada 100.000 habitantes". Lo que refleja la falta de medios personales y también materiales: "El poder político no escucha".
"Los multirreincidentes son, en su mayoría, extranjeros"
Asencio ha continuado su alegato afirmando que lo que realmente necesita una reforma es el artículo 89 del código penal: "Urge una reforma en materia de expulsiones de ciudadanos extranjeros en España porque en Catalunya, el perfil de los multirreincidentes son extranjeros que han entrado de forma ilegal".
En este sentido, Emilio Zegrí ha opinado que no se trata de endurecer las penas ni ponerse "justicieros", sino de mandar un mensaje a los delincuentes. Aunque Martell, abogado penalista, lo contradecía: "Sí que queremos agravar las penas porque las que tenemos han demostrado ser ineficaces. Toca lanzar el mensaje de que el derecho penal va en serio".
Una justicia del siglo XXI
Una tarea, por lo tanto, ardua con diversos matices que deben confluir para que todos remen en una sola dirección: "La seguridad jurídica y ciudadana es un binomio imprescindible. De poco va a servir cualquier reforma legislativa si no va acompañada de una inversión económica", ha finalizado Jesús Sánchez.