Cruzada legal contra el último bastión del rock y el heavy de Barcelona

Denuncias interpuestas, ruido excesivo, usos presuntamente indebidos de espacios y el último club especializado en rock, punk, heavy metal y metal de Barcelona, en peligro de desaparecer. El futuro de la Sala Bóveda pende de un hilo en medio de una batalla legal por mantener su actividad abierta.

La emblemática sala, ubicada en la calle de Roc Boronat, en el distrito de Sant Martí, ha anunciado este martes que se ve obligada a cancelar todos los conciertos tras recibir una amenaza de precinto por parte del Ayuntamiento. Estos, por su parte, explican que esa orden se debe a un exceso de ruidos comprobados ya en 2022 a través de sonometrías.

Tras la medida del consistorio se encuentra una primera queja de un supuesto vecino que habría dado la voz de alerta de exceso de ruido del local. Esta primera queja, aclara el consistorio, se ha acompañado con una segunda de una comunidad de vecinos interpuesta a lo largo del proceso del expediente, es decir, en estos dos últimos años.

Derrota económica y moral

¿Significa esta acción el final de la Sala Bóveda y sus 32 años de actividad en Barcelona? No necesariamente, aunque sí implica un gran riesgo para su futura viabilidad.

Según ha explicado el club a Metrópoli, existe una buena disposición por parte del consistorio a permitir la actividad nocturna de la discoteca, que no excede el límite de decibelios.

No obstante, y más allá del "daño moral", pues "la sala acoge conciertos de bandas locales y emergentes que ven en ella una primera oportunidad", el asunto entraña un varapalo económico directo a sus arcas.

Para solucionar la cuestión, "habría que tirar la discoteca abajo y hacer una gran obra de insonorización" carente de sentido, si se tiene en cuenta que en un año y medio se extingue el contrato actual de alquiler. Además, detallan, no está claro que se pueda renovar el acuerdo con la propiedad del espacio.

El detonante del conflicto

Pero, ¿quién está detrás de esa primera queja que sirvió como motor para el movimiento de la maquinaria municipal? Se trata de un presunto vecino, inquilino de los bajos del 157 de la aledaña calle de Ramon Turró.

Este inmueble, explican a este medio residentes del barrio, llevaba años sin alquilarse, Pero hace algo menos de tres años terminó en propiedad de Living Davacia S.L. Un rápido vistazo al catastro revela que los locales se han reformado y rehabilitado como vivienda y, el consistorio, explica que tiene en regla su cédula de habitabilidad.

Pero en su interior no vive un vecino o un matrimonio, sino que se ha convertido en una suerte de coliving, con alquiler temporal de habitaciones, zonas comunes como cocina o lavandería, por la que pasa a menudo, señalan las fuentes consultadas, un perfil claro: "personas jóvenes, mayoritariamente chicas, que se quedan por un tiempo, aunque suele haber un cambio de caras relativamente constante".

Bóveda contraataca

Ante la situación, la misma discoteca ha interpuesto una segunda denuncia por uso indebido del espacio, pues lo que figura en el catastro como zona de vivienda está sirviendo, en la práctica, como un espacio dedicado a una actividad comercial y especulativa. Al respecto, fuentes del distrito destacan que no tienen constancia del desempeño de la mencionada actividad.

Y eso mismo avalaría, consideran, la denuncia. Ya que no se ha notificado esta actividad concreta ni al consistorio ni a los vecinos, un requisito que, argumenta la sala, es imprescindible para hacer este tipo de cambios.

Solución jurídica

La polémica ha movilizado también a la Federación Catalana de Locales de Ocio Nocturno (Fecalon) y Associació de Sales de Concerts de Catalunya (Asacc). Para ellos, existe una fácil solución jurídica que permitiría asegurar la continuidad del que, tras cierres de salas como el Rocksound o Monasterio, es el último bastión del heavy metal en Barcelona: la del "agente del cambio".

Esta figura, explica el presidente de Asacc, Lluís Torrents, implica "que el que genera el cambio acepta las condiciones que se encuentra en su entorno. De esta forma, se puede permitir un cambio de usos en un espacio, pero la propiedad acepta no condicionar la vida o las condiciones del entorno".

¿Qué implicaría? Que con el cambio de usos, al considerarse este espacio como residencial, se "aceptaría" no modificar cuestiones como los decibelios emitidos por la sala de conciertos.

"Nadie cuestiona el derecho a dormir, pero lo que no puede ser es que una única persona llegue, coja un local de oficinas, lo transforme, le dé presuntamente un uso comercial y especulativo y como primer efecto colateral tenga que cerrar una sala que lleva abierta 32 años, con sus debidas licencias en regla (...) y que es un emblema de la actividad cultural de la ciudad", reflexiona.

La Sala Bóveda "nunca ha generado conflicto". De hecho, la propia discoteca ha comenzado una recogida de firmas entre los vecinos de los alrededores --entre los que figuran habitantes que se encuentran en el mismo edificio que el coliving--, explican los propietarios de la misma.

Golpe a la industria cultural barcelonesa

Con todo, lamenta Torrents, la situación es "muy frustrante para todos aquellos que nos dedicamos a la música, a la cultura y que creemos que hacemos un servicio que enriquece Barcelona".

Y, recopilando los hechos, opina que, quizá, "el problema no haya sido tanto la sonometría de la sala", sino la "existencia de la misma que, por algún motivo, molesta".

¿Asunto para la alcaldesa de noche?

Pero para el presidente de la asociación, debería ser el ayuntamiento quien, además de marcar unas normas, defendiera la función que ejercen los conciertos y las salas, que son "puntos de encuentro y de sociabilización de la ciudadanía", así como también un polo de la actividad cultural de la ciudad.

El asunto cabe en la jurisdicción de una figura de reciente creación, la alcaldesa de noche, que recayó en la persona de Carmen Zapata. El alcalde Jaume Collboni se decantó, precisamente, por una profesional del sector, ya que Zapata ha sido gerente de la Asociación de Salas de Conciertos de Catalunya (ASACC) desde 2006.