El Ayuntamiento de Barcelona registra un historial convulso de batallas judiciales por sus políticas regulatorias sobre las viviendas de uso turístico. Ahora, ha puesto el foco en limitar el alquiler de temporada, otra acción que los expertos aseguran que supondrá una oleada de demandas contra la futura norma.
El antecedente
Los propietarios, disgustados con la intervención municipal en el mercado del alquiler de vivienda, han impulsado acciones legales contra varias de las regulaciones aprobadas los últimos años.
Ocurrió con el primer Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (Peuat), promovido por el gobierno municipal de Ada Colau y que fue tumbado por el Tribunal Superior de Justicia en 2019.
El reglamento, actualizado tras la sentencia, limita la apertura de hoteles en las zonas más congestionadas de la ciudad y evita la llegada de más pisos turísticos.
Terminar con los pisos turísticos
Otro episodio más reciente ha sido el anuncio del actual alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, de eliminar 10.000 pisos turísticos para destinarlos al uso residencial.
La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) anunció que iba a recurrir la normativa urbanística cuando se aprobara en 2025, además de haber puesto una reclamación ante la Unión Europea.
Todo ello, sin olvidar que el Tribunal Constitucional tiene pendiente publicar el fallo sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra el decreto ley 3/2023 de la Generalitat que prevé la supresión de las licencias de pisos turísticos en Barcelona y el resto de comarcas.
El presidente catalán, Salvador Illa (i), y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (d), al inicio de la reunión que mantienen en el Palau de la Generalitat, que pretende ser un primer "encuentro informal de trabajo" entre los máximos responsables del Govern y del Ayuntamiento de la capital catalana
Evitar el fraude
Pese al recibimiento tan negativo de sus políticas restrictivas, el consistorio de la capital catalana ha continuado su lucha para regular los alquileres. Los arrendamientos de temporada se han convertido en su próxima diana.
La teniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Bonet, aseguró que el objetivo es acabar con el fraude del alquiler temporal para que la oferta vuelva a la vivienda habitual.
Empiezan los trámites
En una rueda de prensa, explicó que ya se habían iniciado los trámites para modificar el Plan General Metropolitano con el fin de priorizar a la vivienda permanente por encima de la temporal, que pasaría a un uso secundario.
La presidenta del grupo municipal de BComú, Janet Sanz, fue más lejos y aseguró ante los medios que pedirán que se prohíban los arrendamientos temporales, como mínimo, “hasta que estén sujetos a la regulación del precio del alquiler a nivel estatal”.
Laia Bonet durante una rueda de prensa / EUROPA PRESS
Nuevas normativas
Gracias al cambio en el plan urbanístico barcelonés, el Ayuntamiento quedará habilitado para presentar normativas más detalladas que establecerán, por ejemplo, cuando se puede implantar viviendas de temporada y cuando no, en qué pisos, circunstancias, tipo de edificaciones y hasta barrios.
Así lo ha explicado el abogado Alejandro Fuentes-Lojo a Metrópoli, quien también es vocal de la Comisión de Codificación de Catalunya.
Oleada de demandas
Para Lojo es “seguro” que llegará una oleada de demandas por parte de los propietarios de los pisos de temporada que se vean perjudicados por la futura normativa.
“Ha pasado siempre. Este tipo de ordenanzas municipales no tienen carácter de ley formal, lo que significa que son recurribles en los tribunales de lo contencioso y pueden declararlos nulos”, ha afirmado el letrado recordando el caso del Peuat, que ha recibido varapalos por parte de los tribunales en varias ocasiones.
Un grupo de turistas de visita en Barcelona
Limitar, no prohibir
Por otro lado, Lojo rechaza de pleno que el Ayuntamiento pueda prohibir los pisos temporales, pues implicaría vetar una actividad económica.
“Seguramente aplicarán restricciones, como han hecho Bilbao y otras ciudades del norte con los pisos turísticos donde la vivienda tiene que ser obligatoriamente en la planta baja, por ejemplo”, ha afirmado, tras lo que ha añadido: “Se puede limitar o condicionar la actividad, pero no prohibir”.
Retirada de la oferta
El objetivo del gobierno de Jaume Collboni es incrementar la oferta de vivienda habitual, que actualmente se encuentra ahogada ante tanta demanda y ha hecho aumentar los precios.
No obstante, regular el mercado podría tener el efecto contrario.
“Conozco propietarios que están cansados de tanta regulación. Al final, retirarán la oferta de alquiler y venderán sus pisos”, ha afirmado Xavier Gómez, CEO de la agencia inmobiliaria Imo Cala Marquesa.
Seguridad jurídica
En su opinión, lo que se debe hacer es "inundar el mercado de oferta" y aprovechar tanto las viviendas vacías que los bancos poseen en Barcelona como construir más pisos sociales.
Todo ello, acompañado de una mayor seguridad jurídica, lo que actuaría como incentivo para que los propietarios sacaran al mercado de larga duración sus viviendas.