¿Quién cuida a las cuidadoras? Es el lema que se repiten en las ya periódicas manifestaciones y huelgas de las empleadas del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) en Barcelona y el área metropolitana y que afecta de lleno al personal gestionado por la Cooperativa Suara, una de las empresas 'predilectas' del Ayuntamiento a la hora de conceder la adjudicación del servicio.
Hoy en día, sin ir más lejos, gestionan la atención domiciliaria de la llamada Zona 3, que se corresponde con los distritos de Horta-Guinardó y Nou Barris. También la Zona 1, que incluye Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Les Corts y Sarrià-Sant Gervasi.
Según ha explicado a Metrópoli la sección sindical de la Zona 3 del SAD, la cooperativa acumula más de 70 denuncias tanto a Inspección de Trabajo como también ante los tribunales, todos ellos por cuestiones relacionadas con la situación laboral de las empleadas.
Bolsa de horas
Sin ir más lejos, el próximo enero se espera la sentencia por la conocida bolsa de horas, "la parte troncal de la precariedad en Suara", lamenta el sindicato. Se trata de un mecanismo por el que la cooperativa ignora parte del tiempo de desplazamientos entre servicios como horas de jornada laboral. El resultado se traduce en tiempo de trabajo "a recuperar", que suele hacerse alargando la jornada o servicios en fin de semana.
Otro de los aspectos pendientes de resolución es el de un juicio por una presunta vulneración del derecho a huelga. Preguntados por este digital, Suara niega ambas cuestiones y asegura que "en todo momento se respeta el derecho a huelga de la plantilla", aunque en caso de parones "hay que establecer servicios mínimos" y que "los desplazamientos se contabilizan como tiempo efectivo de trabajo".
Ante el organismo laboral también se han presentado otras cuestiones, como los solapamientos de servicios, la falta de adaptación de los lugares de trabajo o la falta de conciliación familiar, entre otras.
"Llevamos 11 años en un grupo de cotización inferior al que teníamos que tener. Si bien nos toca cotizar como grupo 7, durante más de una década hemos constado como grupo 9 o 10. Hasta el momento, la solución --insuficiente-- ha sido que a las trabajadoras subrogadas se nos ha cambiado la categoría sin subsanar estos años, algo que cobra especial relevancia si tenemos en cuenta que buena parte de la plantilla está cerca de la edad de jubilación", critican.
Un sector precarizado
Falta de conciliación, jornadas que no terminan, "casos de acoso sexual y registros horarios fraudulentos", salarios particularmente precarios y gran parte de la plantilla empleada a tiempo parcial son algunas de las principales cuestiones que claman al cielo en un sector aquejado de innumerables conflictos laborales.
Por su parte, Suara asegura que "se sigue el protocolo en los casos de acoso sexual y que este se aplica de forma inmediata. Se aparta a la empleada y el servicio solo se mantiene en caso de que se pueda garantizar la seguridad de la trabajadora". En este caso, el sindicato critica que "lo que se ha hecho es cambiar a una trabajadora por otra en solo unos días".
Futuro incierto
La situación jurídica --con un litigio abierto que se espera que se resuelva en mayo-- en la que se encuentra la cooperativa, de hecho, "impediría que Suara pudiera hacerse con nuevos contratos públicos", aseveran. Respecto a estos frentes abiertos, la cooperativa prefiere esperar a obtener resultados del órgano competente, aunque, dicen, "siempre se mantiene una actitud de diálogo con las partes implicadas para alcanzar acuerdos consensuados".
Para obtener sus últimas adjudicaciones con el Ayuntamiento de Barcelona, la estrategia que ha seguido la entidad es agruparse en la Unión Temporal de Empresas (UTE) Asispa - Suara, con la que ya se ha hecho con el servicio de teleasistencia licitado por el consistorio. La cooperativa detalla que ostentan el 25% del servicio y que la alianza entre entidades "forma parte del ADN de Suara".
El último escollo con el que se ha topado el sindicato, lamentan, es que la reiteración de faltas cometidas, ya previamente sancionadas por Inspección del Trabajo, están cayendo en saco roto. "Lejos de suponer una agravante para emitir sanciones o faltas más graves contra la cooperativa, lo que nos ha dicho una inspectora es que al haber sido cuestiones ya sancionadas no se pueden aplicar nuevos expedientes", afean.