El Parlament de Catalunya ha puesto en marcha la que puede ser la regulación definitiva contra Uber y Cabify en Barcelona.
Este jueves, PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP —una mayoría holgada de la Cámara— han registrado una propuesta de ley que restringe la actividad de los vehículos de transporte con conductor (VTC) hasta reducirlos a la mínima expresión en la capital catalana.
La medida más contundente es que los VTC solo podrán realizar trayectos interurbanos, siempre que se reserven con al menos dos horas de antelación y con una duración mínima de una hora.
Es decir, quedarán vetados para la movilidad cotidiana en la ciudad, limitados a viajes largos, esporádicos y con cierta vinculación empresarial o de eventos. Se mantendrá, además, la prohibición de captar clientes en la calle.
Control a VTC en Barcelona
El horizonte, según los cálculos de la Generalitat, es que dos tercios de las 900 licencias actuales de VTC en Barcelona desaparezcan progresivamente.
Solo se permitirán excepciones temporales en momentos de gran demanda, como el Mobile World Congress, donde habrá una moratoria de la restricción.
Una reforma de doble filo: taxis y VTC en el punto de mira
El proyecto de ley no se limita a los VTC. También endurece los requisitos para los taxistas, que deberán acreditar un nivel B1 de catalán para obtener o renovar su licencia, un punto que Junts ya ha calificado de insuficiente.
Asimismo, se refuerza el régimen sancionador para perseguir fraudes como los cobros fuera de tarifa, y se implanta un sistema de geolocalización en todos los vehículos de transporte privado de pasajeros.
Imagen de archivo de taxi
El objetivo declarado es ordenar la convivencia entre taxis y VTC y garantizar un “marco estable” en un conflicto enquistado desde hace años.
La aprobación definitiva podría llegar en 2026, aunque las licencias vigentes se mantendrán hasta que expiren, en lo que los grupos definen como una “transición suave” hacia la desaparición de este servicio urbano.
Uber y Cabify: “Se prohíbe en lugar de regular”
Las plataformas afectadas reaccionaron con dureza. Uber y Cabify han emitido un comunicado conjunto en el que lamentan que Barcelona opte por “prohibir en lugar de regular”, y advierten de la pérdida de 4.000 empleos si la ley sale adelante.
Vehículo de Uber en circulación
Según sus cifras, Barcelona es la ciudad europea con menor ratio de taxis y VTC por habitante: 3,4 vehículos por cada mil, frente a 5,5 en París, 8,5 en Lisboa, 11,9 en Londres o 12,3 en Nueva York.
“Las VTC no compiten con el taxi, lo complementan”, subrayan las compañías, que aseguran que taxis y VTC ya conviven en sus plataformas para ofrecer “servicios de calidad a ciudadanos y turistas”.
La patronal del sector: “Una ley profundamente antisocial”
En la misma línea, Unauto VTC, sindicato mayoritario del sector, ha calificado la proposición de “profundamente antisocial”. Según sus cálculos, la medida reducirá en un 30% la oferta de transporte urbano.
El sindicato sostiene que, lejos de beneficiar al ciudadano, la ley blindará el “monopolio del taxi”, disparará el valor de sus licencias —que ya superan los 170.000 euros— y frenará la electrificación del transporte.
En este último punto, la patronal asegura que las VTC tenían previstas inversiones por 150 millones de euros en flotas eléctricas que ahora quedan en el aire.
Un vehículo de Cabify en Barcelona
“Expulsar a las VTC va en contra del interés general y condena al cierre a cientos de empresas”, denuncia Unauto, que cifra en 127 millones anuales el salario que el sector paga a sus trabajadores y en 72 millones la recaudación pública por impuestos y cotizaciones. De aprobarse la ley, alerta, la factura del desempleo ascenderá a 55 millones de euros.
Un debate político enconado
La batalla, en realidad, no es solo económica ni laboral. Junts ya ha avanzado que planteará enmiendas a la propuesta, y todo apunta a que el debate será áspero en el hemiciclo.
El Consell de Garanties Estatutàries y el Tribunal Constitucional ya tumbaron en el pasado regulaciones sobre el sector por considerarlas contrarias a derecho, y desde las patronales se recuerda que la Comisión Europea también cuestionó la limitación de tamaño de los vehículos VTC impuesta en 2022.
A la espera de la tramitación parlamentaria, lo que queda claro es que el Parlament ha encendido un nuevo capítulo en el pulso por la movilidad en Barcelona.
Mientras los taxistas celebran una norma que les reconoce como servicio público prioritario, el sector VTC se prepara para una guerra legal y mediática con un argumento central: que la capital catalana no puede permitirse perder opciones de transporte en plena crisis de movilidad.