La Asociación de Vecinos y Vecinas de la Esquerra de l'Eixample ha presentado este lunes un estudio que identifica 68 edificios completos bajo el control de fondos de inversión, lo que supone un incremento de 28 fincas respecto al ejercicio anterior.
La entidad ha alertado sobre una "aceleración de la expulsión de vecinos" que pone en riesgo directo la cohesión social del barrio en beneficio de modelos de negocio inmobiliario.
La investigación, basada en datos catastrales, licencias de obra y trabajo de campo, se ha hecho pública frente a la Casa Papallona.
En el acto han participado representantes del Sindicato de Inquilinos y del Sindicato de Vivienda Socialista, quienes han denunciado que existen otros 867 edificios de propiedad vertical en el barrio especialmente vulnerables a operaciones especulativas para ser destinados a 'colivings' o alquileres temporales.
Radiografía de la presión inmobiliaria y vulnerabilidad vecinal
El portavoz vecinal, Xavier Riu, ha destacado que los 68 casos detectados están plenamente documentados con dirección y fotografía.
Según los datos aportados, el 80 % de la oferta actual de vivienda en la zona se dedica ya a alquileres de temporada o por habitaciones.
Obras de construcción de viviendas en una imagen de archivo
Esta situación afecta al 40 % de la población del Ensanche Izquierdo, a pesar de que las viviendas de alquiler solo representan un tercio del total del parque inmobiliario.
Riu ha calificado el problema de "estructural" y ha señalado directamente a los bancos y fondos de inversión como responsables de la salida de familias de las zonas tensionadas.
Además, la asociación ha denunciado que ninguna de las operaciones inmobiliarias detectadas cumple con la obligación legal de reservar un 30 % de las viviendas para alquiler asequible en casos de rehabilitación o nueva construcción.
El caso de la Casa Papallona y el futuro legislativo
El conflicto ha tomado rostro con la intervención de Marga Aguilar, residente de la Casa Papallona desde 1992. Aguilar afronta este martes un juicio por desahucio tras la adquisición del edificio, catalogado como Bien Cultural de Interés Local, por parte del fondo New Amsterdam Developers (NAD).
El objetivo de la propiedad es convertir la finca en pisos de alquiler por habitaciones, tras haber logrado ya la salida de cinco familias.
Visitantes acceden a una vivienda turística en Barcelona
Este caso se produce en un contexto político clave, ya que el próximo 18 de febrero el Congreso de los Diputados votará la regulación del alquiler de temporada dentro de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).
Los sindicatos de vivienda han advertido de que, si no se aprueba esta regulación, se acelerará la pérdida de vecindario, defendiendo que "solo la organización colectiva puede frenar la especulación" frente a un modelo orientado exclusivamente al beneficio económico.