La controvertida obligación de destinar el 30% de las nuevas promociones inmobiliarias a vivienda protegida en Barcelona ha recibido el respaldo definitivo de la justicia, aunque su futuro político sigue en el aire.
El Tribunal Supremo ha ratificado este lunes, 23 de febrero, la legalidad de esta normativa, implementada durante el pasado mandato bajo el gobierno de la exalcaldesa Ada Colau y que en su día contó con el apoyo del PSC, Junts y ERC.
Pese a este espaldarazo judicial, la norma se encuentra en el centro de un intenso debate municipal debido a su ineficacia práctica, lo que ha desencadenado un cruce de reproches entre el actual gobierno socialista de Jaume Collboni y el principal grupo de la oposición liderado por Jordi Martí Galbis.
Una vivienda en Barcelona
El respaldo de los tribunales a la norma
En su fallo, el alto tribunal desestima el recurso de casación que había presentado la empresa inmobiliaria Josel SLU y confirma la plena validez de la medida barcelonesa.
Los magistrados concluyen que la norma se ajusta perfectamente a las leyes de urbanismo vigentes y a la Constitución. De manera específica, el documento judicial ratifica que la administración puede utilizar los instrumentos de planeamiento urbanístico correspondientes para establecer "reservas de techo para vivienda de protección pública (VPP) en suelo urbano consolidado".
Esta resolución cierra la vía judicial contra el marco normativo de la medida, pero no resuelve el problema de fondo que denuncian tanto los promotores como el actual ejecutivo local: su parálisis en el mercado real.
Un balance pobre que Collboni guarda en el cajón
La realidad de las cifras choca frontalmente con el éxito en los tribunales. Desde su entrada en vigor, la reserva del 30% ha sido un fracaso a nivel operativo, logrando edificar apenas 31 pisos frente a los cerca de 2.000 que se habían proyectado inicialmente.
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni
Consciente de este bloqueo, el alcalde Jaume Collboni asumió el cargo con la promesa de modificar y flexibilizar la norma para hacerla realmente efectiva, entrando en conflicto directo con sus antiguos socios de Barcelona en Comú. Sin embargo, la falta de una mayoría suficiente para aprobar los cambios ha llevado al líder socialista a aparcar la reforma.
En sus últimas declaraciones, e incluso durante su reciente comparecencia en la Comisión de Vivienda del Senado, Collboni reconoció que la medida no ha dado resultados, pero anunció que guardaba su flexibilización en un cajón hasta el próximo mandato ante la supuesta imposibilidad de pactar con Junts.
La mano tendida de Junts y los cálculos electorales
Desde la formación posconvergente, sin embargo, niegan que sean los responsables del bloqueo y aseguran mantener la mano tendida para alcanzar un acuerdo antes de que termine el actual mandato.
Jordi Martí Galbis, líder de Junts en el consistorio y alineado con las tesis de Foment del Treball y la Associació de Promotors de Catalunya, lamenta que el gobierno municipal no tenga un interés real en sellar este pacto, a diferencia de lo que ocurrió recientemente con la Ordenanza de civismo.
Según el edil, ambas formaciones están de acuerdo en el alcance de la flexibilización, pero acusa directamente al alcalde de no querer aprobarla ahora por miedo a que le perjudique electoralmente ante sus votantes.