El sector VTC recurre a Bruselas para frenar la 'ley del taxi' y evitar su desaparición en Barcelona

El sector de los Vehículos de Alquiler con Conductor (VTC) se enfrenta a un escenario crítico tras el inicio del trámite parlamentario de la nueva 'ley del taxi', una normativa impulsada por PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP que busca eliminar de forma progresiva las licencias actuales en el Área Metropolitana de Barcelona.

El proyecto legislativo, que ya ha superado su primer examen en el Parlament al rechazarse las enmiendas a la totalidad, propone que las autorizaciones urbanas no se renueven una vez caduquen, lo que supondría la erradicación de unas 600 licencias de forma inmediata y la desaparición total del modelo actual de plataformas como Uber o Cabify en la capital catalana.

Ante este contexto, las patronales Feneval, Unauto VTC y Unauto VTC-Catalunya han elevado una queja formal al Comisario de Transporte, Apostolos Tzitzikostas, en la que denuncian que la propuesta legislativa en debate en el Parlament supone una “amenaza existencial para la industria VTC en Catalunya”.

En la carta enviada, los representantes del sector acusan a las autoridades catalanas de redactar un texto “exclusivamente bajo la influencia del sector del taxi y sin consulta alguna a los representantes de los VTC”. Según los firmantes, el borrador está diseñado de forma explícita para proteger los intereses económicos de un solo colectivo, una finalidad que “el TJUE ya ha declarado que no constituye una razón imperiosa de interés general conforme al Derecho de la UE”.

Coches de VTC durante una protesta en Barcelona Archivo

"Desprecio al derecho de la UE"

La preocupación de las patronales se fundamenta en que la norma “eliminaría de facto los servicios urbanos VTC en Catalunya, que representan actualmente alrededor del 90 % de la demanda total”. Al relegar su actividad a un mercado secundario, la carta advierte de que se está produciendo un “desprecio sistemático del Derecho de la UE” al imponer restricciones ya anuladas anteriormente por los tribunales.

El documento subraya que el proyecto incurre en una “vulneración del Derecho de la UE” al establecer diferencias artificiosas que contravienen los principios de proporcionalidad y no discriminación. Ante esta situación, las entidades instan a la Comisión a actuar para frenar un marco regulatorio que califican como “incompatible con los principios europeos de libertad de mercado”.

Un coche de Cabify en una imagen de archivo Archivo

6.000 empleos y 326 millones de euros

Además de los argumentos legales, la misiva pone el foco en las consecuencias sociales, señalando que la aprobación de la ley provocaría la “destrucción de casi 6.000 empleos” y unas pérdidas económicas que superarían los “326 millones de euros”.

La carta concluye alertando de que estas medidas “no están respaldadas por estudios técnicos ni evaluaciones de competencia” y que su aplicación generaría una inseguridad jurídica extrema que “hace imposible la inversión a largo plazo” en la región. Por todo ello, solicitan una intervención inmediata de Bruselas para garantizar que el proyecto respete el marco jurídico europeo antes de su aprobación definitiva.

Por todo ello, los firmantes han solicitado un encuentro para "analizar las implicaciones del proyecto y explorar soluciones que eviten su aprobación y mitiguen su impacto devastador" y "acelerar el examen preliminar del procedimiento de infracción sobre la normativa VTC española".