Un fusil de asalto de los Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo durante un operativo
Un arma sin registrar 'bloquea' la compra de 100 fusiles de asalto de los Mossos para neutralizar ataques terroristas
Interior se ve obligada a recular y readmitir a la única empresa candidata a comprar las armas para las unidades de BRIMO y ARRO tras una resolución del tribunal de contratos, que considera su exclusión como “desproporcionada”
La compra de 100 fusiles de asalto para los Mossos d’Esquadra se atasca.
El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic de Catalunya ha admitido el recurso de la empresa Sermipo Tecnología de Defensa contra su exclusión en el proceso de licitación para la compra de las armas de fuego que portan las unidades de BRIMO y ARRO de la policía catalana.
La resolución considera que la exclusión de la compañía fue "desproporcionada", ya que se le exigió una documentación de trazabilidad que no figuraba originalmente en los pliegos del concurso.
En su escrito, el tribunal ha obligado a la conselleria de Interior a readmitir a la empresa pese a no haber aportado el documento que garantice el origen del arma y le pide que le requiera la acreditación “ante las dudas que su carencia ha generado en el órgano de contratación”.
Uno de los agentes de los Mossos d'Esquadra durante un operativo en La Mina con uno de los fusiles
El Tribunal recuerda que la exclusión de una empresa es la última opción y solo debe aplicarse cuando hay un incumplimiento “expreso, claro y palmario de las cláusulas”. Algo que, sentencia, no ha ocurrido en este caso.
Claves en la lucha contra el terrorismo
Este revés ha bloqueado la mayor compra de estos fusiles para el cuerpo autonómico y ha obligado a la mesa a volver a aceptar a la mercantil para evaluar su oferta. "Estamos esperando el certificado", apuntan fuentes internas de los Mossos en conversación con Metrópoli.
El contrato, valorado en más de 680.000 euros, contempla la compra de un centenar de fusiles automáticos con visor y otros recambios complementarios. Cada unidad, ha estimado Interior, tiene un coste de 5.400 euros.
La Generalitat de Catalunya optó por reforzar las unidades de la policía catalana con estas armas de guerra tras los atentados yihadistas que golpearon Francia y que dejaron 130 fallecidos y más de 400 heridos tras los ataques coordinados en el estadio Stade de France, bares y restaurantes en la ciudad y la sala de conciertos Bataclan.
Agentes de los Mossos en una imagen de archivo durante un operativo
Actualmente, la Divisió de Planificació Estratègica de la Comissaria Superior Tècnica de la policía autonómica ha recomendado reforzar la disponibilidad de estas armas para las unidades de la BRIMO y la ARRO para ampliar el arsenal de 60 unidades adquiridas en 2016 y 2017.
El objetivo es pasar de un fusil por cada cuatro unidades a uno para cada uno de los equipos de intervención especializados de los Mossos para dar respuesta a las amenazas de terrorismo y delincuencia organizada.
Exclusión
SERMIPOL fue la única empresa que se presentó al concurso. La mesa de contratación decidió excluir a la mercantil y propuso dejar el concurso desierto argumentando que el fusil entregado como muestra no iba acompañado de la documentación para acreditar su entrada legal en España.
El informe emitido por los Mossos recoge que la empresa aseguró que no disponía de ninguna documentación que pudiera acreditar su procedencia. Para analizar el fusil, el cuerpo requirió a la unidad de Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil (IAE) de Travessera de Gràcia que comprobara si el arma constaba en el registro nacional.
Agentes de los Mossos en una imagen de archivo durante un operativo con uno de los fusiles
Tras recibir respuesta negativa, el informe concluyó que la muestra no figuraba en el registro --como exige la normativa estatal para la tenencia de armas de fuego--, por lo que quedó depositada en la sede del IAE y propuso la exclusión de la mercantil del proceso de licitación.
“No podemos valorar un arma que no acredita documentalmente su entrada en territorio estatal y de la que se desconoce su procedencia”, argumentaba el informe consultado por Metrópoli.
El recurso de la empresa y su versión de los hechos
El 17 de noviembre, SERMIPOL presentó un recurso especial impugnando su exclusión.
La empresa explicó que el fusil había entrado a España el 5 de noviembre de 2024 desde otro país europeo para ser probado por una Unidad Especial del Estado, pasando el control aduanero en Barajas.
Tras las pruebas, el arma quedó depositada en el Servicio Central de Armamento de la Guardia Civil en Valdemoro.
Un agente de los Mossos en una imagen de archivo
Para demostrarlo, aportaron un documento con fecha del 6 de octubre de 2025 --un día antes de acabar el plazo de ofertas-- firmado por el Coronel Jefe de Valdemoro.
En él se autorizaba a ceder temporalmente el arma a los Mossos para este concurso y se facultaba a SERMIPOL para su traslado. El documento aclaraba que el arma debía ser devuelta después y que no podía ser vendida por estar en trámites de importación.
Los motivos para admitir el recurso
La empresa defendió que el arma no estaba registrada de forma ordinaria porque no era para la venta, sino para pruebas, y que los pliegos del concurso no exigían adjuntar papeles de importación al entregar la muestra. Es precisamente este punto sobre el que gira la sentencia que da la razón a la empresa madrileña.
El Tribunal revisó las bases del concurso y comprobó que lo único que se pedía entregar con el arma era el manual de usuario --en catalán y en castellano--, sin exigir en ningún momento documentación aduanera o de legalidad para la fase de valoración.
Una unidad de los Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo
“De la documentación aportada por la recurrente se colegia haberse tramitado el procedimiento administrativo correspondiente en orden a la obtención de la autorización necesaria para su importación”, añade el tribunal.
En su resolución, además, señala que en el expediente administrativo no consta ni la consulta que afirman haber hecho a la Intervención de Armas de la Guardia Civil, ni la respuesta recibida, lo que hace "claudicar la presunción de legalidad y acierto" de Interior para haber excluído a la empresa del proceso.
Por estos tres motivos, el tribunal admite el recurso de la empresa, más allá de “las eventuales irregularidades en las que, de acuerdo con la normativa sectorial de aplicación, haya podido incurrir SERMIPOL en el transporte de la muestra”.
Agente de los Mossos d'Esquadra / EUROPA PRESS
"Un delito o infracción grave"
El Departamento se opuso al recurso alegando que tener un arma de guerra sin la documentación de legalidad puede ser “un delito o una infracción muy grave”.
Argumentaron que la Intervención de Armas les había dicho que el fusil "tenía que ser intervenido" por no contar con un registro del arma, y que no hacía falta poner en los pliegos del concurso la obligación de traer la documentación porque es una exigencia de la propia ley.
Además, le restaron valor a los documentos aportados por la empresa, amparándose en que el arma no salía en la base de datos nacional.
