La vivienda social, en ocasiones, esconde tras de sí un arma de doble filo. Mientras ayuda a familias vulnerables, hiere a otros vecinos. El Ayuntamiento de Barcelona, en su sprint hacia las elecciones municipales, está buscando a la desesperada puntos vacíos sobre los que construir: en su campaña electoral había prometido con ahínco 4.000 pisos de alquiler asequible, pero todo apunta a que terminará el mandato con apenas 800.
Uno de los espacios que ha elegido el consistorio, en el distrito de Gràcia, ha desatado el malestar de los vecinos. El bloque en cuestión (de cuatro plantas y lugar para 18 viviendas) se ubicará en el interior de una isla de edificios. Ahí, en medio: como un pegote. Afectará a las calles Astúries, Àngel y Travessia Sant Antoni. Y para construirlo habrá que talar un platanero centenario, expropiar un centro infantil, un centro de meditación y solares de particulares. También implicará menos luz y ventilación para los vecinos que viven ahí actualmente.
UNA DECISIÓN TOMADA A SUS ESPALDAS
Las alarmas se dispararon entre las más de 100 familias afectadas con la noticia que, de hecho, descubrieron por otras vías y no de la mano del regidor del distrito, Eloi Badia. Los vecinos no tardaron en organizarse. Montaron la plataforma Salvem L'Illa y, bajo el lema “Protejamos el interior de la isla, paremos la chapuza urbanística” salieron a recoger firmas. Rápidamente, consiguieron 1.027, con nombres, apellidos y DNI. Tras el sonado caso de L'Alzina, los vecinos de Gràcia se han sensibilizado más con la protección del tejido urbanístico.
Al final, sus sospechas se confirmaron: el proceso seguía adelante. Entonces presentaron alegaciones, tanto colectivas como individuales. En el documento al que ha tenido acceso Metrópoli Abierta, detallan también otro drama: que para construir el edificio, el Ayuntamiento tiene pensado hacer una entrada a pie de calle de 9 metros de profundidad. Según especifican, esta obra “no preserva el patrimonio e infringe la propia normativa municipal”.
UN 'LOST IN TRANSLATION'
A tres días de terminar el plazo de alegaciones, les recibió Eloi Badia. Se puso en modo pacificador y se comprometió a arreglar el asunto. Según comunicó a los vecinos, su partido no sabía que en la isla había un árbol, ni un centro infantil, ni un centro de meditación. Por eso querían remediarlo. Días más tarde, en los comuns se hizo el silencio.
Una imagen de archivo de la calle Asturies / HUGO FERNÁNDEZ
“Estamos a favor de la vivienda protegida, claro, pero hay otros lugares del barrio donde se podría construir”, explica uno de los implicados en la lucha, Josep Maria Artigal, a este medio. Los vecinos no van a pedir con las manos vacías: tienen las alternativas bien estudiadas. Por ejemplo, proponen que en lugar de edificar en medio de la isla y gastarse tres millones de euros en la construcción, el consistorio compre el edificio número 12 de la calle Astúries que se vende por un millón.
UN PLAN CONGELADO
De hecho, esta zona de casas afectadas tiene una historia que va más allá. Empezó en 1976, cuando el Ayuntamiento de aquel entonces (encabezado por José María Socías) propuso una Modificación del Plan General Metropolitano que incluía la prolongación de la Rambla del Prat. El objetivo era construir una avenida con grandes bloques a cada lado. Como consecuencia, muchos de ellos se verían afectados y se destruiría la estructura tradicional del barrio. La medida, por suerte de los vecinos, quedó en stand-by durante años.
Más tarde, en 2014, el partido de Xavier Trias (CiU) desempolvó el cajón y volvió a poner sobre la mesa la (desfasada) proposición. Esta vez, los cambios de la Rambla del Prat se desestimaron y se apostó por preservar el tejido urbanístico propio de Gràcia. Pero llegaron elecciones de nuevo y las modificaciones se congelaron, una vez más. Y se archivaron, una vez más. Hasta que –pum– de nuevo: se acercan elecciones.
RAPIDITO, RAPIDITO
“Después de tres años sin tocar el tema, les entran las prisas ahora”, ríe Artigal. “Parece que hayan cogido Google Maps y hayan elegido este lugar a dedo”, añade haciendo movimientos con la mano. Fuera de bromas, los vecinos afectados son conscientes de que la Modificación del Plan General Metropolitano es algo serio y que, una vez aprobada, es difícil dar marcha atrás.
Por eso han mantenido contacto con las formaciones políticas de la oposición: porque el próximo día 25 se debatirá en el marco del pleno. Uno de los partidos que ha mostrado rechazo a “las formas” de BComú es el PDeCat. “Hay una emergencia habitacional, sí, pero no se pueden hacer las cosas a toda prisa”, ha declarado la portavoz, Berta Clemente, a este medio.
Mientras, los vecinos aguardan. “He visto a algunos de ellos llorando, de verdad. Es una pena porque cada vez tenemos menos espacio verde en la ciudad y esta es una de las pocas islas que hay en Gràcia”, ha contado Artigal. “Si al final sale adelante será una catástrofe”, ha zanjado a la espera.