El número 21 del pasaje de Alió, un edificio okupado y reconvertido en narcopiso
Barcelona ordena el desalojo del narcopiso okupado en Gràcia
- El Ayuntamiento lo ha declarado no apto para vivir tras detectarse en una inspección serios “riesgos para la seguridad y la integridad”
- El PP llevará a la Comisión de Seguridad el narcopiso okupado y con menores de Gràcia
El edificio okupado en el número 21 del pasaje de Alió en Gràcia ha sido declarado “no apto para la habitabilidad” tras una inspección de los servicios municipales que detectó serios “riesgos para la seguridad y la integridad” de sus residentes.
Este informe técnico marca el inicio del proceso de desalojo de una finca que, además de sus condiciones deficientes, ha sido motivo de continuas quejas por parte de los vecinos debido a graves problemas de convivencia.
Tres semanas para el desalojo
El Ayuntamiento de Barcelona ya ha notificado a los okupas que deben abandonar el inmueble antes de la tercera semana de noviembre. En caso de que no lo hagan voluntariamente, el consistorio solicitará una orden judicial para proceder al desalojo forzoso.
El número 21 del pasaje de Alió de Barcelona, un edificio okupado reconvertido en narcopiso
Una vez desalojado, y para evitar nuevas okupaciones, el consistorio ha anunciado que “tomará las medidas necesarias para asegurar el edificio”, según han informado fuentes municipales.
Comisión de seguridad
La inspección que determinó el estado de la finca se llevó a cabo el pasado 1 de octubre, en respuesta a la presión de los vecinos, que alertaron sobre la situación precaria en que se encontraba el edificio y solicitaron la intervención municipal para garantizar tanto su seguridad como la de los propios inquilinos.
La problemática también fue abordada en la Comisión de Seguridad del Ayuntamiento. El Partido Popular presentó en septiembre un pliego para llevar a la comisión el caso de este narcopiso okupado. El portavoz del grupo, Juan Milián, exigió al consistorio barcelonés que se llevasen a cabo medidas para garantizar la seguridad de los habitantes de la calle a través de la instalación de cámaras de videovigilancia y más control policial por parte de la Guardia Urbana.
En la comisión, todos los grupos políticos se comprometieron a resolver el conflicto con celeridad. Se aprobó reforzar la presencia policial en la zona y acelerar los trámites legales necesarios para llevar a cabo el desalojo del edificio.