Los vecinos concentrados en el bloque Sant Agustí de Barcelona para impedir un desahucio
El pulso vecinal en Gràcia frena el desahucio en Sant Agustí: aplazado por la masiva protesta contra los 'colivings'
Más de 500 personas logran paralizar la expulsión de Txema Escorsa, vecino del bloque desde 2015, ante la presión del fondo que compró el edificio
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La fuerza vecinal ha logrado paralizar este miércoles, 25 de marzo, el polémico desahucio en el barrio barcelonés de Gràcia.
Ante la presencia de unas 500 personas que han bloqueado la calle desde la madrugada, la comitiva judicial ha decidido suspender por motivos de seguridad la expulsión de Txema Escorsa, fijando como nueva fecha el próximo 15 de abril.
El inquilino, que lleva residiendo en el número 14 de la calle Sant Agustí desde el año 2015, se enfrenta a la demanda de un fondo de inversión holandés que adquirió el edificio en 2023.
La raíz de este conflicto vecinal reside en el cambio de modelo habitacional que pretende implantar la nueva propiedad, conocida como New Amsterdam Development.
Tras comunicar a los inquilinos tradicionales en febrero de 2025 que debían abandonar sus hogares por no encajar en el perfil deseado, la empresa comenzó a transformar las viviendas en colivings.
Bloque de coliving en la calle Sant Agustí, 14, de la Vila de Gràcia
Este modelo se basa en el alquiler de habitaciones individuales que, en esta finca en concreto, alcanzan la cifra de 950 euros mensuales, operando ya en cinco de las viviendas del bloque.
Celebración
Tras conocerse la suspensión temporal del desalojo, la tensión se ha transformado en un ambiente de celebración con aplausos y bocinas.
Txema Escorsa ha aprovechado el momento para dirigirse a los medios y a los manifestantes concentrados, agradeciendo el apoyo incondicional y recordando que este no es un problema personal, sino una lucha colectiva para defender que la vivienda debe ser un derecho y no un negocio frente a las prácticas especulativas.
![Bloque de coliving en la calle Sant Agustí, 14, de la Vila de Gràcia](["https:\/\/a2.elespanol.com\/metropoliabierta\/2026\/02\/27\/gracia\/1003742736745_15766562_320x180.jpg"])
El portavoz del Sindicat de Llogateres de Catalunya, Enric Aragonès, ha avisado que el próximo 15 de abril, cuando está fijada la nueva fecha para el desahucio de un vecino del bloque Sant Agustí de Barcelona, se volverá a repetir la movilización de este miércoles: "Han dicho que volverán el 15 de abril, nosotros volveremos y seremos más todavía".
La Generalitat actuará
La consellera de Vivienda, Sílvia Paneque, ha explicado que la Generalitat inició inspecciones tras detectar posibles incumplimientos de la normativa, sobre todo en cuanto al límite de alquiler por habitaciones.
En declaraciones al programa Aquí Catalunya de la Cadena Ser, Paneque ha recordado que, en el caso concreto del bloque de Sant Agustí, los expedientes sancionadores a los que se enfrenta el fondo propietario parten de los 90.000 euros de multa.
Ha advertido de que el Govern actuará "con la contundencia que exige la ley" para evitar prácticas especulativas y garantizar el uso residencial de las viviendas.
Asimismo, ha enmarcado este caso en una actuación más amplia contra el fraude en materia de vivienda, con 22 expedientes sancionadores -con multas de hasta 900.000 euros— y 483 diligencias previas ya abiertas en Catalunya, tras el refuerzo de las inspecciones con un centenar de efectivos desde la entrada en vigor de la nueva regulación de usos temporales.
Rechazo
La resistencia orquestada por el Sindicat de Llogateres y el Sindicat d'Habitatge de Gràcia no solo cuenta con el apoyo de la calle, sino que ha encontrado un respaldo unánime en las instituciones.
El propio Ayuntamiento de Barcelona ya había declarado ilegales estos colivings, advirtiendo a la propiedad que el bloque debe mantener un uso estrictamente residencial.
Bloque de coliving en la calle Sant Agustí, 14, de la Vila de Gràcia
El consistorio incluso impuso una multa de 20.000 euros por iniciar obras sin licencia y en la acumulación de seis expedientes sancionadores desde el año pasado, tal y como confirmó la teniente de alcalde Laia Bonet.
A esta presión local se han sumado figuras clave del panorama político. El comisionado de Vivienda, Joan Ramon Riera, exigió formalmente la paralización del desahucio, mientras que el Síndic de Barcelona, David Bondia, asumió el papel de mediador para buscar una salida dialogada al conflicto.
Por su parte, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrado públicamente su rechazo a estas prácticas abusivas a través de sus redes sociales, asegurando que el Govern ha activado todos los mecanismos legales para frenar iniciativas inmobiliarias que incumplen la normativa.
