El pasado 1 de febrero, el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), presentaba la Unidad Omega de la Guardia Urbana, la piedra angular de su política de seguridad. Eliminada por el gobierno de Dolors Sabaté (Guanyem Badalona), el edil popular recuperaba este pelotón, especializado en intervenciones complicadas y equipada con materiales similares al de las unidades antidisturbios de los Mossos d’Esquadra. Un mes después de su inauguración, el sindicato policial PSU (Plataforma Sindical Unitaria) denuncia “acoso y derribo” de la unidad por parte de la Jefatura. “Quieren que fracase”, asegura su portavoz, Alfonso Griñán.
La unidad está formada por 14 agentes, con la previsión de ampliarla a 28. Su función es actuar en delitos, situaciones de incivismo (como consumo de alcohol en la calle), control de zonas de ocio, conflictos vecinales en la vía pública y el cumplimiento de las medidas anticovid. Además, el Ayuntamiento especifica que dará apoyo al resto de agentes “y será imprescindible en aquellas situaciones que desborden la capacidad operativa de los agentes o cuando haya una emergencia”.
PÉRDIDA DE AUTONOMÍA
Alex (nombre ficticio), un agente de la Omega que pide anonimato, asegura que la unidad no está cumpliendo con la funciones planteadas por el Gobierno municipal. “Nos envían a la plaza de Sant Roc a las cuatro de la madrugada a vigilar el cierre de establecimientos cuando todo está cerrado. Aún no hemos pisado los barrios de Llefià y la Salut. No tiene ningún sentido”, explica. El pelotón, sigue, ha perdido autonomía respecto a las funciones que desempeñaba en el pasado. Los agentes, que circulan en una furgoneta, dependen del responsable de turno o responsable de la sala de mando, independientemente del grado del policía. “Esto contraviene el reglamento de la Guardia Urbana porque somos un cuerpo jerarquizado”, asevera.
Alex y Griñán explican que “cada día” se producen casos en que la Omega no acude a auxiliar a sus compañeros patrulleros en situaciones complicadas. “Esto nos acaba afectando a los patrulleros, se pone en peligro nuestra integridad física”, subraya Griñán. Hace una semana, los agentes sí se movilizaron en el desalojo de un velatorio con muchas personas de etnia gitana, pero puntualizan que lo hicieron a requerimiento especial de los Mossos, ya que sus antidisturbios estaban asignados a las protestas de Barcelona en previsión de posibles altercados.
LOS AGENTES, 'DE BRAZOS CRUZADOS'
En el primer día de servicio, los jefes de la Urbana les quitaron una escalera extensible, una maza y una pata de cabra que los agentes de la antigua Omega disponían y que usaban en okupaciones o rescates. Otra de las funciones que han perdido son los servicios de paisano que “en ningún caso” prestarán, según marca una hoja de servicio de la unidad. “Si el Gobierno desarrolla unas pautas y jefatura no, el Gobierno debería actuar con expedientes administrativos. Los agentes pueden estarse de brazos de cruzados, saben hacerlo perfectamente, pero se están gastando unos recursos públicos que valen una fortuna con fines políticos. Eso es malversación de fondos. Se nos persigue porque la afinidad política de la jefatura es otra”, apunta Alex.
El portavoz del PSU entiende que la situación que denuncia se produce porque los agentes de la Omega no están afiliados al sindicato SFP-Fepol, cuyos afiliados predominan en la jefatura, según señala Martinez, que explica que tampoco es afín al actual gobierno. Desde SFP-Fepol atribuyen la denuncia del PSU a una guerra sindical y trasladan que la mayoría de los agentes de la Omega pertenecen a este sindicato. “Es una pataleta suya después de que perdieran las elecciones sindicales del 2019”, responden fuentes de esta organización de trabajadores, que critican la selección de los integrantes con una “lista previa” de afines realizada por un mando del PSU.
UN CONFLICTO ENTRE SINDICATOS
“Nosotros como sindicato favoreceremos que nuestras afiliados y el resto de plantilla tenga las mejores condiciones, pero no entramos a valorar las decisiones organizativas de la jefatura”, exponen desde SFP-Fepol. El Ayuntamiento adopta una postura similar. "Es un conflicto entre sindicatos. Los mandos (de la Guardia Urbana) son los que deciden y toman las decisiones, no entramos a evaluar sus decisiones de los mandos", señalan fuentes municipales.