UGT lanza un toque de alerta sobre la precariedad laboral en el sector del transporte público urbano, concretamente en empresas de gestión privada que prestan servicio en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y que dependen de licitaciones y contratos que cuelgan de la entidad supramunicipal que preside Ada Colau.
En una carta a la que ha tenido acceso Metrópoli dirigida a Colau, como presidenta del AMB, el Sector de Carreteras, Urbanos y Logística de UGT Cataluña expone que las empresas de gestión privada de transporte público urbano se ven abocadas a "licitaciones a modo de subasta" promovidas por el AMB. UGT denuncia que los últimos contratos adjudicados han generado "tensiones" entre los operadores beneficiados y los empleados.
Según el sindicato, 4.000 personas trabajadoras dependen de estos concursos y viven con "gran inquietud" la forma como se han desarrollado los pliegos. En los concursos, dice UGT, el AMB solo ha tenido en cuenta "el tema económico con recortes en las adjudicaciones de aproximadamente un 25% y donde han quedado en segundo lugar las condiciones de las personas trabajadoras y la oferta del servicio en sí misma".
PEORES CONDICIONES LABORALES Y PEOR SERVICIO
Dicho de otra manera, y para UGT, el "beneficio industrial se está haciendo recaer sobre recortes en las condiciones laborales, ya que están tratando a los trabajadores del sector como mercancia sobre la que se puede especular, y de forma directa en el servicio a los usuarios, que empeora notablemente".
Un autobús interurbano del AMB efectúa parada junto a otro carril reservado desdoblado / DGM
En la misiva a Colau, UGT exige al órgano de contratación, en este caso el AMB, que "los pliegos sean más explícitos en cuanto a la protección de los derechos de las personas subrogadas". También propone que sean revisadas de forma exhaustiva las ofertas económicas "anormalmente bajas", así como cualquier desviación económica que suponga "una alteración de las condiciones socio-laborales y económicas o pérdidas de los puestos de trabajo". Y subraya que los criterios económicos no deben prevalecer de forma tan desproporcionada sobre los técnicos cuando se trata de un servicio esencial a los ciudadanía.
EL AMB DEBE HACER CUMPLIR LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO
En opinión de UGT, las cuestiones planteadas dependen del AMB (órgano de contratación), y éste "no puede adjudicar un concurso y posteriormente despreocuparse de las consecuencias que se derivan". "Debe ser garante del cumplimiento de todas las obligaciones de la adjudicación de los concursos y evitar la desprotección de los trabajadores y de los usuarios del transporte público".
La comisión de licitaciones del sector de transporte de viajeros, formada por FECAV, UGT y CCOO, se ha comprometido a interponer recursos especiales en materia de contratación en aquellos concursos que se considere que no cumplen los requisitos mínimos que permitan desarrollar la actividad del sector en condiciones óptimas. Un recurso ya interpuesto, el pasado 18 de enero, es contra el pliego de cláusulas admnistrativas particulares y económicas del contrato que explota Rosanbus en L'Hospitalet, El Prat y otros municipios.