La comisión sectorial de servicios públicos de transporte de viajeros por carreteras de Cataluña, integrada por sindicatos y empresarios, ha recurrido ante el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) su última licitación referente a los municipios de l'Hospitalet y el Prat de Llobregat.
Consideran que el pliego de cláusulas de la licitación prevé un sistema de puntuación de los aspectos económicos que "condiciona la viabilidad de la prestación del servicio", según un comunicado conjunto de CCOO, UGT y la Federación Empresarial Catalana de Autotransporte de Viajeros (Fecav). Los agentes sociales, que integran la comisión, han denunciado este viernes que "los parámetros cualitativos resultan prácticamente inexistentes".
A su juicio, los criterios de adjudicación "deberían respetar el equilibrio entre los aspectos económicos y los técnicos" para poder garantizar el mantenimiento de las condiciones laborales y salariales, que afectan a una plantilla de unas 4.000 personas. Además, denuncian que el cálculo del presupuesto base de la licitación prevé un esquema de costes basado en datos de 2019, con una previsión de ingresos que toma como referencia los niveles pre-pandemia de demanda, y que no tiene en cuenta, por tanto, la actual reducción de los usuarios del transporte público.
Los miembros de la comisión han presentado, en paralelo, recursos ante el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público con la intención de impugnar el pliego de cláusulas administrativas particulares y la memoria económica del contrato.
COMUNICADO DE UGT
UGT lanzó un duro comunicado este jueves, un toque de alerta sobre la precariedad laboral en las empresas de gestión privada que prestan servicio en el AMB.
En una carta dirigida a Colau, como presidenta del AMB, el Sector de Carreteras, Urbanos y Logística de UGT Cataluña exponía que las empresas de gestión privada de transporte público urbano se ven abocadas a "licitaciones a modo de subasta" promovidas por el AMB. UGT denuncia que los últimos contratos adjudicados han generado "tensiones" entre los operadores beneficiados y los empleados.
"El beneficio industrial se está haciendo recaer sobre recortes en las condiciones laborales, ya que están tratando a los trabajadores del sector como mercancia sobre la que se puede especular, y de forma directa en el servicio a los usuarios, que empeora notablemente", señalaba el sindicato.
En el mismo, se comprometían a interponer recursos especiales en materia de contratación en aquellos concursos que se considere que no cumplen los requisitos mínimos que permitan desarrollar la actividad del sector en condiciones óptimas.