Una sindicalista del SAD: "Trabajar en el sector es hambre para hoy y más hambre para mañana"

Las trabajadoras del SAD hacen malabares para vivir. Las empleadas del Servicio de Atención Domiciliaria viven un auténtico calvario para llegar a final de mes enfrentando, día a día, un trabajo que las lleva al límite físico y emocional y con un sueldo que no les deja plantearse un futuro digno. Metrópoli ha podido hablar con una empleada del servicio que relata cómo vive su situación.

Se trata de Pilar Nogués y es, además de una empleada de este servicio público externalizado, la presidenta del Sindicato SAD y miembro del Moviment de Residències de Catalunya. Relata que ella es de las pocas trabajadoras del SAD que conoce que ha logrado estar a jornada completa, con lo que su sueldo es algo mayor. No obstante, asegura que más del 75% de los aproximadamente 4.000 trabajadores que integran la plantilla en Barcelona trabajan en un régimen de jornada parcial, y en servicio partido no solo en Barcelona y ciudades del área metropolitana, sino que la situación se repite en toda España.

BAJOS SUELDOS, MAL SERVICIO

El resultado, explica, es que "trabajan 29 horas a la semana en turnos de mañana y tarde, lo que les imposibilita encontrar una segunda fuente de ingresos". Dicha segunda fuente es necesaria teniendo en cuenta de que el salario mensual oscila entre los 700 y los 800 euros. Por horas, lamenta que las trabajadoras cobran entre seis y siete euros, pero no se les cuentan ni los desplazamientos ni los gastos derivados de estos.

Denuncia también que las empresas del sector sí obtienen beneficios a costa de "explotar" a las trabajadoras. Los servicios de atención domiciliaria los llevan sobre todo empresas privadas que dan un servicio público, es decir, son compañías las que obtienen contratos con los Ayuntamientos. En este sentido, detalla que el consistorio barcelonés paga, aproximadamente, unos 21 euros por hora de empleo a una trabajadora. A ellas, sin embargo, les llega solo una tercera parte mientras que el resto se lo quedará la compañía.

"Las empresas, además, roban 10 minutos de nuestro servicio a cada cliente --y los cobra-- para que lo usemos para desplazarnos al siguiente". Se trata de un tiempo, dice, que es insuficiente en muchas ocasiones y que, además, las empleadas no cobran. En muchos casos el precio del transporte sale incluso de su propio bolsillo, y asegura que compañeras acaban "perdiendo dinero".

También ha denunciado que en el último convenio se aprobó una subida salarial del 8% para las trabajadoras pero que, a pesar de estar aprobado, las subidas no han superado el 2% en algunas empresas bajo la excusa de que son "empleadas públicas" y concreta que el servicio que dan es público, pero que son un sector privatizado y externalizado de los Ayuntamientos gestionado por empresas privadas. "Para lo que quieren somos públicas, para lo que no, no", sentencia.

HAMBRE PARA MAÑANA

Las personas que permanecen trabajando en el servicio para empresas, terminan su vida laboral con una paupérrima prestación por jubilación ya que, según explica Nogués, se pasan la mayor parte de la vida trabajando a media jornada, sin posibilidad de complementar y con sueldos bajos. Cuando llega la jubilación, "nos quedan dos duros para ir tirando el resto de nuestra vida". Trabajar en el sector del SAD es "hambre para hoy y aún más hambre para mañana", sentencia. Por ello, no le extraña que buena parte de las compañeras esté "renunciando".

Señala a compañías y entidades como Clece, Suara o DomusVi, empresa que ostenta parte del servicio en Barcelona y que destina parte de sus ganancias a la isla de Jersey, un paraíso fiscal. Estas tres son de las más recurridas en Barcelona y las localidades del Área Metropolitana.

ESTADO DE SALUD

Para una trabajadora de este servicio -el 98% de la plantilla la integran mujeres- el día a día consta en levantarse e ir de aquí para allá, haciendo visita tras visita. "Tenemos unas coordinadoras técnicas que son unas pistoleras", "nos quitan hasta los días personales y los 20 minutos de descanso para comer", explica Nogués. En todas sus visitas, se enfrentan a casos para los que no disponen de herramientas necesarias. "Tenemos que levantar a usuarios que pesan más de 80 kilos sin grúa o utensilios que nos faciliten el trabajo" y eso les provoca, a la larga, lesiones como hernias discales, dolores crónicos musculares, de espalda y de articulaciones, entre otros. A su parecer, no se trata de un hecho anecdótico, sino que es una situación que sufren miles de compañeras ya no solo en la capital catalana, sino en todo el Estado.

Además, añade que eso se debe a una situación de precarización que se ha venido haciendo cada vez más profunda durante la última década. Nogués lleva 12 años en el sector y explica que al principio, aunque siempre faltaban cosas, había una preocupación por el paciente, un seguimiento y una coordinación. Entre el personal se encontraban también terapeutas, trabajadoras sociales y psicólogas, pero "ahora ya no queda nada".

Con respecto a la carga emocional que supone su empleo, detalla que no son pocas las ocasiones en las que, al terminar una visita con un usuario, este las despide "llorando" porque "ese ratito" es el único que tiene para compartir con otra persona. "Somos la única visita que recibe", y dice que, por ejemplo, durante la pandemia, si en algún momento "no daba tiempo a llevarle la comida a una persona en el contexto de su visita, esa persona podía quedarse sin comer". Sobre las trabajadoras de este sector recae la responsabilidad del bienestar de muchas personas y de muchas familias que no pueden hacerse cargo de sus parientes más longevos.

"DISCRIMINACIÓN" A LA CARTA

¿Cómo se sostiene ese sistema? La presidenta del sindicato lo tiene claro y apunta precisamente a la feminización del sector. Explica a este medio que las empresas han acostumbrado a los usuarios a poder elegir qué clase de trabajadora les atiende y qué características tiene, una discriminación que, reflexiona, sería "impensable a la hora de elegir un médico". Dejan que los usuarios elijan si quieren hombres o mujeres, jóvenes o mayores e incluso que piden que "no sean sudamericanas o que no lleven pañuelo", en referencia a prendas como el hiyab o la shayla. Ello ha dejado a los hombres muy discriminados en el sector. En este sentido, hace un llamamiento a "reivindicar la igualdad".

Además, asevera, se buscan perfiles de mujeres que procedan de entornos vulnerables, desde trabajadoras migradas hasta víctimas de violencia de género, pasando por madres de familias monoparentales. En definitiva, buscan a "mujeres que no van a protestar porque necesitan el dinero". No obstante, denuncia que desde las empresas y los Ayuntamientos, a los que señala como cómplices, lo camuflan como cifras de "empleo inclusivo".

También critica que los consistorios dan por solucionada la situación invirtiendo más dinero, que no mejora ni el trabajo ni el sueldo de las empleadas. En este sentido, las asistentas llevan años en protesta continua para paralizar las adjudicaciones a estas compañías y pedir la derogación del decreto 69/2020 de acreditación, concierto social y gestión delegada en la Red de Servicios Sociales de Atención Pública.

En respuesta a las preguntas formuladas por este medio, fuentes municipales han declarado que las condiciones laborales en el sector las marca el convenio catalán que sirve para todo el principado, pues el SAD es un servicio cofinanciado por la Generalitat de Catalunya. Asimismo, también añaden que el consistorio barcelonés ha presionado para lograr una mayor aportación por parte del Govern y que es el primer municipio catalán en "licitar un nuevo contrato público para recoger las mejoras del convenio catalán, que supone un incremento salarial del 14% en los próximos cuatro años".

También han esgrimido que han introducido mejoras a los contratos como las categorías laborales de terapeuta ocupacional e integradora social y que también han licitado un lote de control independiente para garantizar la calidad del servicio". "El Ayuntamiento trabaja siempre para mejorar las condiciones de cualquier servicio propio o externalizado hasta donde lo permita la legislación actual", han aseverado.

Por su parte, los sindicatos CGT y CO.BAS han convocado una huelga de cara a los próximos días 5, 7 y 9 de diciembre en Barcelona para protestar por la sistemática precarización de la profesión, encargada de atender a las personas más vulnerables de la sociedad.

Al término de este artículo, Metrópoli no ha conseguido contactar con ninguna de las compañías a cargo del servicio en Barcelona y localidades aledañas.