La candidata del PP en Sant Adrià ratifica la denuncia a su exesposo por maltrato

La candidata del PP a la alcaldía de Sant Adrià de Besós (Barcelona), Irene Pardo, ha denunciado a su exesposo, el exvicesecretario de comunicación del partido Albert Fernández por maltrato físico y psicológico.

La Fiscalía pide tres años de prisión para Fernández, acusado por los delitos de coacciones, injurias, maltrato y lesiones en el ámbito de la violencia contra la mujer por varios episodios de presuntas agresiones a Pardo cuando convivieron juntos, entre los años 2018 y 2019. Por su parte, la acusación particular ha pedido seis años de privación de libertad.

DECLARACIÓN EN EL JUICIO 

En su declaración en el juicio, Pardo, que es la líder de Nuevas Generaciones del PP, ha corroborado las denuncias que en su día presentó contra el acusado, con quien estuvo casada, por someterla en varias ocasiones vejaciones, coacciones y agresiones físicas durante el matrimonio. De los ataques que sufrió, el más grave se produjo cuando la agredió en 2019 con el casco de una moto y la empujó contra una puerta el día en que ella fue a su casa a buscar sus pertenencias.

Meses antes, ha afirmado la alcaldable popular, la había agarrado por el pelo y arrastrado por el suelo cuando ella acudió a su casa a por el perro que tenían en común.

La candidata Irene Pardo en Sant Adrià con Manu Reyes y Miguel Jurado / RRSS

Y también ha relatado otras situaciones de maltrato que no llegaron a la agresión física: en enero de 2018, el acusado la echó de casa y la obligó a permanecer dos horas en el rellano, en pijama, por haber comprado un tipo de leche que no le gustaba y en septiembre de ese año tiró al suelo la comida que la víctima había guardado en unas fiambreras y la encerró hasta obligarla a limpiarlo.

VERSIÓN DEL ACUSADO

Como ya hiciera durante la instrucción del caso, Albert Fernández ha negado las acusaciones y ha atribuido la denuncia presentada por Pardo contra él a motivos espurios. Asegura el acusado que detrás de la denuncia, Pardo busca beneficiarse del proceso de divorcio y obtener rédito político, pues una norma del PP prohíbe que un matrimonio concurra en la misma lista electoral.

En el juicio la acusación ha presentado varios testigos, amigos de la víctima, que ratificaron su versión, así como un parte médico de lesiones.

Una vez que se hizo pública la denuncia por presuntos malos tratos, el PP abrió un expediente sancionador a Fernández Saltiveri y lo destituyó de su cargo orgánico en el partido, aunque previamente ya se le había cesado como asesor en la Diputación de Barcelona.