Movilización vecinal para frenar el desahucio de Pepa en Sant Adrià de Besòs

Lucha contrarreloj para salvar la casa de Pepa, una vecina del barrio del Besòs de Sant Adrià a la que quieren desahuciar el próximo lunes, 8 de julio.

Su hija Nuria se ha puesto en contacto con Metrópoli para visibilizar y denunciar la situación de su madre, que vive en el barrio desde hace 32 años. Los vecinos de la mujer, de 58 años, también apoyan a la residente y el Sindicat d'Habitatge Verneda-Besòs ha llamado a filas a los suyos si no se consigue llegar a un acuerdo con el fondo buitre que ha adquirido el piso de Pepa.

Asamblea del Sindicat d'Habitatge y los vecinos del Besòs por Pepa CEDIDA

Piso a subasta

La historia de Pepa es una de tantas que tratan sobre personas que pertenecen a una generación olvidada. La mujer trabajó toda su vida como asalariada para después ser autónoma y, con su marido, gastaron buena parte de su dinero para financiar unos camiones de la empresa a la que se dedicaban. Pero la crisis llegó, el negocio se fue a la quiebra y el matrimonio no pudo seguir pagando las facturas.

Tras más de 30 años viviendo en el número 18 de la avenida de les Corts Catalanes, Pepa y su marido se enfrentaron a amenazas, las "típicas", como califica su hija Nuria, y a una tesitura en la que nunca se habían encontrado como era la del impago de la hipoteca. La situación se sostuvo hasta que el esposo de Pepa falleció en noviembre de 2019 y el piso, antes del BBVA, se subastó.

Discapacidad y fibromialgia

Desde entonces, la guerra ha sido continua: "Cuando murió mi padre, el abogado dejó de prestarnos servicio. Pedimos uno de oficio y se nos denegó", explica Nuria a este medio. Un rechazo que supuso un mazazo en la vida de Pepa, que tiene una discapacidad del 65%, fibromialgia, epilepsia, fatiga crónica y una depresión que arrastra desde hace tiempo. La mujer cobra una pensión contributiva de 426 euros y un informe de vulnerabilidad avala su particular situación. "Aun alegando este cambio económico, porque ahora está ella sola haciendo frente a todo, no nos dieron otro abogado".

Por suerte, la comunidad de vecinos de Pepa es una aliada que consiguió reunir, entre todos los residentes del bloque, 300 euros para contratar los servicios de un abogado del Sindicat d'Habitatge. "Lo siguiente es presentar una moratoria de la ejecución para poder ganar tiempo y negociar un alquiler social", detalla Nuria.

Blackstone

La vivienda de Pepa la ha adquirido el fondo buitre Blackstone y ya denegaron una primera vez la posibilidad de un alquiler social. "Solo nos propusieron darnos 1.000 o 1.400 euros para que mi madre se fuera de casa o un alquiler a precio de mercado". Algo que la mujer, a punto de ser desahuciada, no puede asumir teniendo en cuenta que su único ingreso es la pensión contributiva.

El Sindicat d'Habitatge Verneda-Besòs apareció en la vida de Nuria para ayudar a su madre y este martes, 2 de julio, por la tarde, celebraron una asamblea en el barrio para dar a conocer la injusticia. 

Los vecinos del Besòs piensan llenar el barrio de carteles y pancartas para mostrar su apoyo a Pepa y piensan recibir a la policía el próximo 8 de julio si no se le propone a la mujer otra solución. "Nos organizamos para hacerle frente", manda el mensaje el sindicato, dirigido al fondo buitre Blackstone.