El agente de los Mossos d'Esquadra, Sergio Cebrián, vuelve a vivir tras tres años de suplicio.
El policía fue acusado en 2021 por su exmujer de filtrar información a delincuentes del barrio de La Mina de Sant Adrià de Besòs. La División de Asuntos Internos (DAI) lo investigó entonces y, tres meses después, lo detuvo. A partir de ahí, Sergio fue suspendido de empleo y sueldo y se le prohibió ver a su hijo. Ahora, la causa penal se ha archivado.
150 euros por consulta
Tal y como ha informado El País, El agente trabajaba en la Unidad de Información, en el 2021, de la comisaría de Sant Adrià cuando su exmujer puso en conocimiento de sus superiores los hechos. Según ella, también policía y madre de su hijo en común por el que peleaban por aquel entonces por la custodia, una confidente de ambos le había revelado que Sergio pasaba datos sensibles a delincuentes habituales del barrio.
La DAI comenzó a investigarlo y lo acusó de las filtraciones que, según Asuntos Internos, realizaba a cambio de 150 euros por consulta. Registraron el domicilio de Sergio y su vida cambió por completo: lo suspendieron de empleo y sueldo y dejó de ver a su hijo, que entonces tenía 12 años, porque la expareja aprovechó la circunstancia para lograr que un juez pusiera fin al régimen de visitas.
Coacciones de la DAI
La confidente mencionada al principio de la historia reveló maniobras extrañas por parte de la DAI. Según la mujer, los agentes de Asuntos Internos le prometieron "beneficios penitenciarios" para su hijo si colaboraba con ellos. "Me dijeron que podrían hacer que saliera de prisión, pero también perjudicarle", contó. Un testimonio que fue ratificado por la exmujer (estaba presente en la escena) en su declaración ante el juez como testigo.
El agente apenas ha podido subsistir estos tres años de calvario: pasó a cobrar 1.000 euros mensuales que debían cubrir los gastos de su alquiler en Montornès del Vallès y la pensión del niño. Sobrevivió con ahorros y la ayuda de su familia y logró un puesto de trabajo en una empresa de seguridad privada en la que duró un año.
Reincorporado al trabajo
Un año después de la denuncia, un juzgado contencioso-administrativo tumbó la decisión del Departament d'Interior de suspenderlo de empleo y sueldo y obligó a la administración a devolverle lo que había dejado de pagarle (unos 60.000 euros). Podía, además, reincorporarse al trabajo, pero Sergio ya no tenía ganas.
Regresó en octubre de 2022 a la central de Egara donde había trabajado los últimos 12 años, pero cogió todas las horas sindicales que pudo para no acudir al trabajo.
Contradenuncia
Ahora, tres años después, un juez de Barcelona ha dicho que las acusaciones contra Cebrián no se sostienen: sus accesos a bases de datos policiales (por las que se le acusaba de revelación de secretos) no fueron “desproporcionados ni improcedentes”. Tampoco hay prueba alguna del soborno. La Fiscalía había pedido el archivo y, como no hay ninguna otra acusación, la causa penal ya no prosperará.
Por otro lado, el abogado José Antonio Bitos, de USPAC, prepara ya una querella contra los agentes de Asuntos Internos.
Sin embargo, el agente solo quiere paz y estabilidad: a raíz del proceso, se medicó por prescripción de su psiquiatra e intentó suicidarse una vez. Su hijo, que actualmente tiene 15 años, ya no quiere verlo.