Evitar tragedias como la de Valencia. Ese es el objetivo que han presentado una quincena de asociaciones y entidades vecinales en un encuentro realizado este martes, 17 de diciembre, en Sant Adrià del Besòs.
De acuerdo con sus cálculos, un 6,6% de la población vive en el 15% de las zonas urbanizadas de Catalunya consideradas inundables, lo que se traduce en unas 325.000 personas.
Moratoria de los planes urbanísticos
La principal petición que han hecho ha sido pedir la aprobación de una moratoria de 20 planes urbanísticos que se encuentran en zonas en riesgo de inundación, entre los cuales se encuentran proyectos como el de las Tres Xemeneies en Sant Adrià de Besòs, el Biopol Gran Vía de L'Hospitalet de Llobregat o el Pla de Ponent de Gavà. Todos ellos están localizados en zonas que, a su juicio, no deberían ser urbanizadas por su vulnerabilidad a inundaciones.
Además, han pedido actualizar la evaluación preliminar del riesgo de inundación y los mapas de peligrosidad. Asimismo, quieren revisar las zonas urbanizadas que se han desarrollado sobre terrenos inundables. Según los activistas, los datos disponibles no están actualizados, lo que pone en riesgo tanto las infraestructuras urbanas como a la población en general.
"Solicitamos que se actualicen los planes urbanísticos de acuerdo con las evidencias científicas actuales y la evaluación preliminar del riesgo de inundación", ha asegurado la portavoz de Ecologistas en Acción, Maria Garcia.
Emma Núñez, portavoz de la plataforma ‘No Més Blocs’ de L'Hospitalet de Llobregat, ha señalado como ejemplo la zona aeroportuaria de El Prat de Llobregat, donde, a pesar de no constar como área con riesgo de inundación, recientemente se ha comprobado cómo las instalaciones quedaron anegadas tras un temporal. "Las herramientas de cálculo de riesgo de inundación han quedado obsoletas y los datos que se ofrecen no están actualizados ni coinciden con la realidad", han asegurado.
Responsabilidades
Carlos Ballestero, portavoz de la plataforma ‘Entesa per a un gran parc litoral al Besòs’, ha acusado a las autoridades de seguir aprobando proyectos a pesar de los evidentes riesgos. "Ahora se lamentan hipócritamente por las víctimas del temporal en Valencia, pero continúan haciendo lo mismo", ha subrayado.
Las entidades ecologistas exigen a las autoridades políticas que se responsabilicen de sus decisiones y que se evite la construcción en zonas de riesgo. Además, han advertido que en caso de que, debido a la falta de medidas, se produzcan daños personales o materiales en estas áreas, se solicitarán responsabilidades tanto a nivel administrativo como civil e incluso penal.