Òscar Camps (Open Arms) 'caza' medio millón de euros en El Prat con los socorristas en las playas

Las playas de El Prat de Llobregat volverán a estar vigiladas por Pro-Activa Serveis Aquàtics, S.L, la empresa del activista Òscar Camps.

La compañía, fundada por el líder de la oenegé Open Arms, se ha adjudicado el nuevo contrato de vigilancia, salvamento y socorrismo de las costas del municipio metropolitano. 

La empresa– que acumula denuncias y condenas por vulnerar derechos sindicales– se embolsará 511.549 euros por los dos próximos veranos (2026 y 2027), una cifra que podrá ascender a 1.043.477 euros en caso de prórroga hasta 2029.

La adjudicataria deberá prestar su servicio en los más de 2,2 kilómetros de playas vigiladas que hay en El Prat. En concreto, se trata del Remolar - El Prat, La Roberta, Can Camins y Naturista, que, como estipula la licitación, reciben “una gran afluencia” de visitantes cada verano. 

Más de tres millones en El Prat

En El Prat, municipio liderado por Alba Bou, Camps ha renovado el anterior contrato tras imponerse a un único rival, Ramón Lázaro Martínez. En la licitación de 2021, que se prorrogó de forma excepcional hasta 2025, Camps ya recibió 1.976.511 euros en total. 

Con este nuevo contrato, el consistorio ha mejorado la asignación anual a Pro Activa. En 2021, el consistorio pagó 157.457 euros por el servicio, mientras que para el verano de 2026 pagará 252.113 euros. 

Si se cumplen las prórrogas hasta 2029, el líder de Open Arms se llevará 3.019.989 euros por el servicio durante nueve campañas veraniegas. 

El Òscar Camps empresario

Además de su papel como líder de la organización de rescate de migrantes en el Mediterráneo– donde ha salvado 700.000 vidas– el reconocido activista tiene una faceta menos conocida como empresario. 

Fundó la empresa de salvamento en 1999, justo cuando la Generalitat reguló la presencia de socorristas en las piscinas y desde entonces ha acumulado contratos millonarios en distintos municipios de Catalunya y la costa barcelonesa, entre los cuales destaca Barcelona durante el mandato de Ada Colau. 

Camps también ha llegado a controlar la costa balear, levantina y de Canarias, entre otras.

Propuesta "más completa"

Como recoge el informe de la mesa de contratación, el fundador de la oenegé de salvamento no ha tenido rival, ya que se ha impuesto por 96,44 puntos frente a los 78,5 de su competidor. 

La adjudicación se fundamenta principalmente en la mayor calidad técnica y operativa de su propuesta. La empresa presentó una memoria técnica “mucho más completa”, con descripciones detalladas de la planificación del servicio, protocolos de actuación exhaustivos (17 en total), herramientas digitales compatibles con los sistemas municipales, inventarios sanitarios adaptados a cada punto de intervención y modelos de informes claros y completos. 

Además, ha incluido seis mejoras específicas para incrementar la seguridad en las playas y cinco campañas de prevención y promoción de la salud, lo que le ha otorgado la máxima puntuación (49 puntos) en los criterios de juicio de valor, frente a los 28,5 puntos obtenidos por su competidor.

En total habrá 12 trabajadores: 10 socorristas, un patrón y un coordinador de embarcación.

Fuerte en el Baix Llobregat

Camps se ha hecho fuerte en el Baix Llobregat. Tres de los cuatro municipios de la comarca han adjudicado elevados contratos en su favor. Se trata de Castelldefels, Gavà y El Prat. 

Especialmente suculento es el contrato que se ha adjudicado este verano en Castelldefels. Camps y sus socorristas vigilarán las costas del municipio liderado por el popular Manu Reyes a cambio de 3.314.783 euros en caso de que se cumplan las prórrogas previstas hasta el verano de 2028. 

Más recientemente, sus socorristas han vigilado las playas de Gavà con 14 efectivos tras llevarse la adjudicación de las temporadas de baño de 2024 y 2025 a cambio de más de 611.435 euros.

Todas estas cifras contrastan con las de Viladecans, que tiene menos kilómetros de playa. Para este último verano ha gastado poco más de 50.000 euros por el servicio, adjudicado a otra empresa. 

También se ha hecho con los recientes contratos de salvamento en Badalona y Sant Pol de Mar. 

Denuncia a Colau

De la mano de Ada Colau llegó incluso a hacerse con el contrato de las playas de Barcelona, desbancando a Cruz Roja, al frente del servicio tras más de 30 años. 

La relación entre la exalcaldesa y el líder de Open Arms acabó en un pleito en el que denunció al consistorio barcelonés por lo que consideraba una injusta exclusión de su empresa en un contrato público. 

Óscar Camps, que durante años fue un aliado político y personal de Ada Colau, llevó al Ayuntamiento de Barcelona ante los tribunales tras perder la adjudicación de 1,6 millones de euros para el suministro de torres de vigilancia de playas. El activista acusó al consistorio de haber favorecido a una empresa competidora que, según su denuncia, habría copiado el modelo de estructuras diseñado por su compañía, QStar Servicios Costeros.

Problemas sindicales

Uno de los puntos negros del empresario son las acusaciones– e incluso condenas– por vulnerar los derechos laborales y sindicales de sus trabajadores de salvamento. 

A pesar de su imagen pública como salvador de migrantes en el Mediterráneo, los empleados de la empresa han denunciado las condiciones laborales “precarias” de Camps.

Según los sindicatos, los trabajadores se enfrentan a jornadas maratonianas de hasta diez horas diarias sin descansos adecuados, salarios reducidos para abaratar costes, plantillas insuficientes, materiales de trabajo defectuosos y represalias contra quienes intentan organizarse sindicalmente.

Durante su servicio para el Ayuntamiento de la capital catalana, bajo el mandato de los comunes, los socorristas le plantaron cara a Camps y organizaron una huelga en 2016.

Los trabajadores acusaron a la empresa de haber incumplido los acuerdos alcanzados con el consistorio y de no querer negociar con los representantes sindicales.

Además, denunciaron la realización de unas 140 horas extras al año que no se habían pagado ni remunerado como tales, así como la falta de equipos de protección adecuados y la utilización de sillas no ergonómicas, vulnerando la normativa de prevención de riesgos laborales. 

Condenas judiciales

Asimismo, Pro-Activa Serveis Aquàtics SL ha sido objeto de sentencias judiciales en materia laboral y sindical. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya declaró nulo el despido de un trabajador que había creado una sección sindical, obligando a la empresa a readmitirlo y a indemnizarle con unos 6.000 euros.

También en 2018, el TSJC condenó a la empresa por vulnerar derechos fundamentales al despedir improcedentemente a otro trabajador por actividades sindicales.