Los trabajadores de la empresa Marfina Bus, encargada de operar diversas líneas de autobús público en L’Hospitalet de Llobregat, El Prat y otros municipios del área metropolitana de Barcelona, han convocado nuevas jornadas de huelga.
Según ha informado la compañía, los paros se harán los días 15 y 22 de noviembre, para los que aún no se han decretado servicios mínimos. Los sindicatos, por su parte, también han asegurado que la protesta se extenderá a los días 5, 24 y 31 de diciembre, aunque no se han registrado de forma oficial.
La huelga, promovida por CCOO y CGT, busca denunciar el "deterioro de las condiciones laborales" en los últimos años.
Según los sindicatos, la situación de la plantilla ha empeorado notablemente desde la entrada de Marfina, que se hizo con el contrato público —valorado en 145,3 millones de euros— tras ganar la licitación del Área Metropolitana de Barcelona (AMB).
Los representantes de los trabajadores aseguran que la empresa impone “jornadas maratonianas de más de nueve horas y media”, tiempos de recorrido “inviables” y un aumento de la presión laboral, con "expedientes disciplinarios, despidos y sanciones".
Un bus del AMB en una imagen de archivo
Mediación fallida
La nueva convocatoria llega después de un intento de mediación fallido entre sindicatos y empresa, y en un contexto de tensión creciente. Hace pocas semanas, el Juzgado de lo Social número 16 de Barcelona dictó una sentencia favorable a tres conductores y delegados sindicales de CCOO, al considerar que Marfina vulneró su derecho a huelga. Los sindicatos ven este fallo como un respaldo a sus reivindicaciones y una muestra del “abuso sistemático” que, aseguran, sufren los trabajadores.
Además, CCOO mantiene abierta una demanda contra la empresa por modificar unilateralmente las condiciones laborales de la plantilla a través del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. El sindicato denuncia cambios en aspectos clave como las vacaciones o los turnos de descanso, que todavía están pendientes de resolución judicial.
"Incumplimiento de horarios"
El conflicto laboral se produce mientras la compañía afronta también sanciones económicas por parte del AMB, que ha impuesto tres penalizaciones graves —dos de 85.000 euros y otra de 325.000 euros— por el “incumplimiento sistemático de horarios” en dos líneas bajo su gestión.
Por su parte, la CGT ha denunciado el despido de un delegado sindical y ha alertado que hay más de un centenar de bajas médicas por ansiedad entre la plantilla. La organización sindical lamenta que el cambio en la adjudicación del servicio no solo ha afectado a los trabajadores, sino también a la calidad del transporte público que reciben los usuarios.