El cordón policial frustra la protesta por los desalojados del instituto B9 de Badalona

La manifestación convocada este miércoles, 17 de diciembre, por asociaciones vecinales y sindicatos de vivienda en Badalona para protestar por el desalojo del antiguo instituto B9 ha terminado sin alcanzar su objetivo principal: acercarse al Ayuntamiento y visibilizar las necesidades de los afectados ante el alcalde, Xavier García Albiol.

La concentración, que pretendía denunciar la falta de alternativas habitacionales para los más de 400 desalojados, no ha podido pasar de las calles aledañas y se ha desconvocado tras el control policial. Tras toparse con los efectivos de la policía autonómica, los aproximadamente 250 manifestantes han protestado pacíficamente por las calles de la ciudad en dirección hacia el bloque B9. Por el momento, los Mossos d’Esquadra no han registrado ningún altercado.

Durante el desalojo, en el que han participado 55 agentes de la Policía Nacional y numerosos efectivos de la Brigada Mòbil (Brimo) y del Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro) de Mossos d'Esquadra, la policía catalana ha tenido que realizar varias cargas para poder acceder al interior del bloque.

El despliegue de seguridad ha sido notable: al menos siete furgones de los Mossos d’Esquadra y una veintena de agentes han bloqueado el paso a los manifestantes en las calles Francesc Layret y del Mar, principales vías que desembocan en la plaza de la Vila, frente al consistorio. La policía ha evitado que la protesta llegara al corazón del centro administrativo de la ciudad, obligando a los participantes a dispersarse antes de poder registrar su presencia ante las autoridades.

Denuncias de expulsiones y falta de alternativas

Uno de los portavoces de los desalojados ha denunciado que unos 15 de los afectados del B9 han sido trasladados a la comisaría de la Policía Nacional en La Verneda, en Barcelona, supuestamente para iniciar los trámites de expulsión.

“De Albiol nos podíamos esperar su actuación, pero de la Generalitat esperábamos que se pusiera al lado de la gente”, ha reprochado durante la protesta, reflejando el sentimiento de abandono que expresan muchos de los afectados.

Los representantes de los desahuciados han explicado que ninguno ha recibido hasta el momento una alternativa habitacional y que muchos planean pasar la noche en la plaza frente al B9, aunque no disponen de tiendas de campaña ni de refugio adecuado para el invierno.

En paralelo, la plataforma Badalona Acull ha logrado conseguir 15 habitaciones repartidas entre Badalona y Santa Coloma de Gramenet para acoger a algunos de los expulsados, algunas de ellas dobles. Sin embargo, este esfuerzo sigue siendo insuficiente frente a la magnitud del desalojo, que afecta a cientos de personas, muchas en situación de extrema vulnerabilidad.

La organización ha denunciado que la sentencia judicial no se ha aplicado de forma completa, ya que los Servicios Sociales del Ayuntamiento estaban obligados a garantizar alternativas habitacionales a todos los afectados.

La defensa del alcalde y la polémica política

Desde el Ayuntamiento, el alcalde Xavier García Albiol ha defendido que la ejecución del desalojo estaba plenamente justificada. “Una actuación necesaria, muy esperada y absolutamente justificada”, ha afirmado durante la mañana, justificando la intervención judicial que ha permitido la expulsión de los ocupantes.

“Dije que sacarían a esta gente y lo hemos hecho porque Badalona no puede ser un refugio para la ilegalidad, ni para comportamientos conflictivos que perjudiquen a aquellos que quieren algo tan sencillo y normal como es poder vivir cada uno en su casa, con tranquilidad, sin miedo a salir a la calle”, ha añadido.

El desalojo también ha estado presente en el debate político en el Parlament, donde el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido que la ejecución se ha llevado a cabo para cumplir con la ley y la orden judicial dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 11 de Barcelona.

El presidente catalán ha llamado a procurar "atender a todos los que hay que atender", aunque el mismo Albiol ha asegurado que no invertirán ni un euro en dar una solución habitacional a los desalojados más allá de algo más de una decena de personas de especial vulnerabilidad, de las que ya se habrían ocupado los servicios sociales.

El B9: dos años de miseria y conflicto

Desde primeras horas de la mañana, el antiguo instituto B9 aún estaba habitado y se percibía un ambiente cargado de humedad, barro, ropa mojada y restos de pequeños fuegos improvisados. Los ocupantes comenzaron a salir de manera calmada, cargando maletas viejas, carros de supermercado y mochilas con todas sus pertenencias, mientras el barrio de Sant Roc se despertaba ante la desolación y el barro acumulado en las calles.

Muchos avanzaban con la cabeza baja, en un clima mezcla de resignación y miedo, conscientes de que se cerraba un capítulo de más de dos años de ocupación, miseria y conflictos. Dentro del edificio, los pasillos encharcados y las paredes desconchadas reflejaban la precaria situación de cientos de personas que no sabían adónde ir tras perder su hogar.

Dignidad y protesta frente a la expulsión

Algunos ocupantes gritaban consignas mientras esperaban la llegada de la policía, otros insistían en que “solo queremos un lugar para vivir”, dejando patente la dignidad y desesperación que acompañaba a la protesta ciudadana. Incluso mujeres con perros, ancianos y familias jóvenes se encontraban entre los desalojados, algunos de ellos con informes de vulnerabilidad reconocidos por los servicios sociales, subrayando la complejidad del operativo y la insuficiencia de la respuesta institucional.

El B9 había sido un foco de vulnerabilidad extrema, pero también de conflictividad: tráfico de drogas, prostitución, agresiones e incluso brotes sanitarios marcaron la convivencia en el edificio. Tras varias horas de requisas, identificación y cargas policiales, el edificio quedó vacío y será tapiado y demolido para construir una comisaría, cumpliendo uno de los objetivos del mandato municipal.