Publicada

La lucha contra las okupaciones ilegales se ha consolidado como uno de los pilares estratégicos de la seguridad en Santa Coloma de Gramenet.

Según ha informado el Ayuntamiento, en los últimos cinco años, la Policía Local ha realizado un total de 1.008 actuaciones destinadas a la prevención, detección y recuperación de inmuebles.

Este despliegue operativo ha alcanzado su madurez técnica tras un incremento exponencial de la actividad en los últimos tres ejercicios, pasando de las 68 intervenciones en 2022 a las 320 registradas en 2024 y las 266 del pasado 2025.

La USIR y los desahucios exprés

El punto de inflexión en esta estrategia se sitúa en 2020 con la creación de la Unitat de Suport i Intervenció Ràpida (USIR). Esta unidad especializada ha permitido profesionalizar la respuesta ante las intrusiones, combinando la vigilancia de viviendas vulnerables con una mediación activa en conflictos vecinales.

Sin embargo, la herramienta más potente ha sido la vía jurídica: gracias a un acuerdo con la jueza decana de Santa Coloma, la ciudad aplica juicios inmediatos por delitos leves. Este mecanismo legal permite que un inmueble sea desalojado en el plazo de una guardia judicial, reduciendo la espera a aproximadamente una semana.

Agentes de la Policía Local de Santa Coloma AJUNTAMENT SANTA COLOMA

Blindaje de inmuebles y firmeza institucional

Para evitar que las viviendas recuperadas vuelvan a ser okupadas, el Ayuntamiento ha implementado un contrato específico para la instalación inmediata de planchas metálicas en puertas y ventanas.

Este servicio preventivo se activa a requerimiento directo de la Policía Local en cuanto se detecta un riesgo o se libera un piso.

La alcaldesa, Mireia González, ha sido tajante al defender este modelo de gestión: "En Santa Coloma no hay espacio para la impunidad. Contamos con una Policía Local preparada y lista para actuar con rapidez".

González ha remarcado que la firmeza contra las okupaciones que generan conflictos es compatible con el despliegue del Plan Local de Vivienda, aprobado en 2021, que busca soluciones habitacionales para colectivos vulnerables y jóvenes, abordando así las causas estructurales del problema sin descuidar la convivencia vecinal.

Noticias relacionadas