Hace poco más de un año que el Ayuntamiento de Viladecans --igual que el resto de consistorios metropolitanos-- empezó a aplicar el cobro de una nueva tasa a sus ciudadanos para costear de forma íntegra el servicio de recogida de basuras.
Conocido popularmente como 'basurazo', el tributo se implementó en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, la norma española que cumplía con el mandato de las instituciones europeas en materia de reciclaje de 'quien contamina, paga'.
Su implementación levantó ampollas entre los vecinos del municipio, que denunciaron un aumento de la presión fiscal en una economía familiar ya muy maltrecha --como en muchos hogares españoles-- tras las subidas de precios registradas, en especial, tras la pandemia y la guerra de Ucrania.
En algunos casos el nuevo importe alcanzaba los 199 euros anuales, aunque según los datos municipales en el caso del 69% de los hogares, la factura se quedaba en 120 euros o menos.
Recogida de basuras en Viladecans
Adiós al valor catastral
La nueva ley otorgaba libertad a los consistorios para establecer sus sistemas de cálculo.
Los principales criterios que emplearon muchos fue en base al consumo de agua --establecido por los litros gastados en la vivienda, asumiendo que a mayor consumo, más residuos se generan--, en base al censo de personas que habitan el piso, o como el consistorio liderado por Olga Morales, por el valor catastral del inmueble.
Asociaciones de vecinos de los distintos barrios criticaron la fórmula e incluso llegaron a manifestarse frente el Ayuntamiento. "No está bien definida y no tiene nada que ver con las personas que vivimos en la vivienda", denunciaron, tal como publicó Metrópoli.
En cambio, el consistorio la defendió en su momento como una medida de justicia fiscal y capacidad económica, aunque no convenció a los contribuyentes, que lamentaron que no representaba la generación de residuos ni el reciclaje de cada hogar.
Contenedores de basura en Viladecans
Ahora, tras poco más de un año de aplicación, una comisión municipal ha concluido que el consistorio debe dejar atrás el sistema actual para establecer el importe a cobrar a los ciudadanos y apostar por un sistema vinculado al padrón, es decir, a la cantidad de personas que viven en el inmueble, según han explicado fuentes municipales. Explican, además, que deberá ser aprobada en el pleno municipal de cara a las ordenanzas fiscales del año 2027, algo que sucederá, previsiblemente, en octubre.
Se trata de la forma que señaló el mismo Síndic, José Luis Nicolás, tras recriminar al consistorio el sistema aplicado inicialmente. El histórico dirigente sindical lo tachó de "error" ante los ediles municipales en el pasado pleno de julio, el último antes de las vacaciones veraniegas, y apostó por la modificación para "ajustar el cobro a la realidad", tal como reclamaban los vecinos.
Eliminan el impuesto a los parkings
Otro de los puntos de la ordenanza fiscal que tensionó los ánimos entre los ciudadanos de Viladecans fue el cobro de 12 euros por las plazas de aparcamiento.
Muchos consideraban que aplicar el nuevo tributo a estas propiedades resultaba injusto, dado que no generaban "ningún residuo".
Personas utilizando las basuras de Vialdecans
Fuentes municipales han confirmado que la modificación de la ordenanza también incluirá la exención de pago de este importe.
Comercios
El comercio local fue otro de los grandes afectados.
La nueva tasa grabó a los locales del tejido comercial de la ciudad, que llegaron a ver cómo el recibo de 2025 se incrementaba hasta los 794 euros, un 212% más en relación con lo pagado en 2024, cuando no se había aplicado la tasa, según los datos de la oficina Organisme de Gestió Tributària de la Diputación de Barcelona (ORGT). De hecho, fue en el municipio metropolitano donde más creció.
El consistorio dio un primer paso para paliar el impacto del tributo en este sector con una partida de 309.000 euros para 2026 tras alcanzar un acuerdo con las entidades comerciales locales.