El AMB confirma que hay suelo para construir vivienda, pero advierte: “Los plazos son muy largos”

En el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) hay terreno para construir. El gerente del ente metropolitano, Ramon Torra, ha confirmado que hay espacio suficiente para cubrir las necesidades actuales de la población en el área más densa de Catalunya, donde se concentra el problema de la vivienda. No obstante, el reto radica en la capacidad de preparar ese suelo para posteriormente levantar las promociones.

El gerente intervino el pasado jueves, 1 de octubre, en el diálogo La alternativa social para construir vivienda, en el marco del foro BCN! Desperta, donde denunció que el sistema regulatorio del suelo es complicado y los plazos “muy largos”.

Además de exigir más agilidad en los trámites, Torra indicó que el terreno destinado a vivienda debía extenderse a lo largo de la región metropolitana y facilitar el desplazamiento con el transporte público.

Endeudamiento limitado

Torra reivindicó la colaboración público-privada a la hora de construir vivienda social.

“La administración pública no le puede dar respuesta ni por la capacidad que tiene de ejecución ni por los recursos económicos”, afirmó.

El AMB, los ayuntamientos y la Generalitat tienen un margen de endeudamiento limitado, a la vez que deben mantener servicios básicos como la sanidad y la educación.

En este sentido, el gerente reprochó que no se implicara al sector financiero privado en materia de construcción de vivienda asequible, ya que la administración consigue subvenciones a través de la banca pública, el Institut Català de Finances (ICF) o el Instituto de Crédito Oficial (ICO), según explicó.

“No puede ser que solo el sector público esté impulsando estas políticas cuando son operaciones mercantiles como cualquier otra. Tendríamos que financiarlas como si se tratara de una autopista”, argumentó.

Operadores de vivienda social

Torra también abogó por ampliar los operadores de vivienda asequible en el país. Precisamente, en el diálogo participaron la presidenta de la Fundació Hàbitat3, Carme Trilla, y la directora de la Fundació Salas, Clara Muñoz. Ambas son dos importantes entidades del tercer sector que están integradas en Cohabitac, una red de asociaciones de Catalunya que trabajan en vivienda social.

Trilla señaló que una de las ventajas de estas proveedoras sociales de vivienda -tal y como las llamó la experta- es que tienen más facilidad y flexibilidad a la hora de contratar que el sector público.

“Las administraciones se ven obligadas a hacer concursos de contratación, de obras, de proyectos… Nosotros tenemos la capacidad para ser ágiles en la construcción o en la obtención de viviendas porque estamos en el terreno privado, sin ánimo de lucro”, explicó.

Sin embargo, las entidades del tercer sector sufren del mismo inconveniente que las administraciones locales: la financiación y la capacidad de endeudamiento. Por eso, muchas veces dependen de inversores privados que puedan asumir los costes de la vivienda social de alquiler.

“La promoción de venta tiene su retorno y un sistema de financiación que es más ágil. En el alquiler, que es lo que nos piden con el plan 50.000, tenemos un problema”, aseveró.

Trilla aseguró que los costes de construcción de las promociones de alquiler social no son viables para “nadie” y que, para ello, necesitan subvenciones por parte de las administraciones públicas.

Fiscalidad rebajada en el nuevo decreto

Torra también señaló durante su intervención los problemas de fiscalidad de la vivienda social. El Real Decreto-ley 26/2026 aprobado este martes, 29 de septiembre, consolida la protección de la función social de la vivienda y promueve la oferta de vivienda asequible.

Justamente, una de las medidas que recoge es la rebaja al 4% del IVA para las viviendas de promoción pública y protegida, una reivindicación histórica del sector.

"Es un notición. Llevamos 25 años pidiéndolo", celebró Trilla.