Los asentamientos en la capital catalana han tenido un comportamiento de boomerang, en términos absolutos. Si bien se consiguieron reducir de 62 a 45 hacia el mes de mayo de 2015, estos han rebrotado y ya suman 61 a fecha de hoy. Eso sí, sus pobladores se han reducido sustancialmente y ahora son 419 los que viven en estos espacios, señala la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz.

“Nos preocupa que en casi dos años que llevan en el Gobierno, no sabemos qué proyecto tienen o si siguen el anterior”, cuestionaba la concejala de CiU, Maite Fandos, en la comisión del consell municipal. “Es un tema que nos preocupa y no sabemos qué se está haciendo”, recalcaba en su proposición al ejecutivo. Una línea similar a la que reclamaban el grupo municipal de Ciutadans. “Necesitamos concreción”, reclamaba la edil naranja, Marilen Barcelo, a Laia Ortiz.

La regidora del gobierno municipal apuntó que los servicios sociales conocen con nombres y apellidos a estas personas. “El trabajo es integral” señalaba y ponía como ejemplo el caso de las familias del carrer d'Àlaba, “cuyo trabajo fue ejemplo de éxito con una buena inserción y buena acogida en el nuevo espacio de bloques”. Además, Ortiz reflexionaba sobre la necesidad de tratar los casos de las familias de forma individualizada y relacionaba el tema de los asentamientos como una cuestión derivada de la vivienda.

El grupo de ERC aplaudió las buenas intenciones del Gobierno con el plan de asentamientos irregulares, pero apuntó que no tenían información de cómo se estaba llevando a cabo. “No sabemos cuál es la situación actual ni tenemos la radiografía”, criticaba la concejal republicana Montse Benedí. Sobre el plan, desde el PP Ángeles Esteller defendió la necesidad de redactar un nuevo programa sobre inmigración, ya que considera que “muchos asentamientos tienen relación con la inmigración y esta no se aborda desde su integridad”.

EL PERFIL DE SUS HABITANTES

La mayoría de estas personas son hombres extranjeros y en situación irregular. ¿Su edad? Entorno a los 30 y los 40 años. En algunos casos su arraigo a una zona de la ciudad ha terminado provocando problemas con los cuerpos policiales, tal como denunció desde la CUP – Capgirem Barcelona Maria Rovira.

Ella misma recordó a Fandos como su equipo municipal ordenó en el mandato anterior el desalojo de una nave de forma violenta, con uso de gas pimienta incluido. El balance final fue de 8 personas detenidas. Por este y otros motivos, Rovira apostilló que “la solución no pasa por crear incontables planes, sino dotar de contenido y de presupuesto los que tenemos”. La voluntad del plan de vivienda aprobado semanas atrás es la de eliminar los asentamientos irregulares de cara al 2019.