Barcelona quiere ser pionera en el establecimiento de un salario mínimo de ciudad, una aspiración que fija en al menos 1.000 euros mensuales. A pesar de ser una de las prioridades del Gobierno de Ada Colau, el consistorio no tiene competencias para regularlo, por lo que la única opción que le queda es presionar a patronal y sindicatos para que se sienten a negociar y lleguen a un acuerdo. “El acceso a un salario decente debe ser un derecho reconocido por todos”, ha declarado este viernes el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello.
En una jornada organizada en el Col·legi d'Economistes de Catalunya, el Ayuntamiento y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) han presentado tres estudios (uno para calcular el salario, otro sobre el impacto de su adopción y un tercero de viabilidad jurídica) en los que se analizan las posibles repercusiones que tendría establecer un salario mínimo o de referencia en la ciudad. “No nos podemos permitir que nadie en Barcelona gane menos de 1.000 euros por su trabajo”, ha asegurado Pisarello.
El estudio sobre el cálculo del salario sitúa en 1.088 euros la cantidad mínima que cualquier barcelonés necesita para satisfacer sus necesidades básicas (vivienda, transporte, educación, alimentación), una cifra que luego varía en función del tipo de familia. En el área metropolitana, excluyendo Barcelona, el sueldo mínimo sería bastante similar, de unos 1.032 euros.
EFECTOS SOBRE LA ECONOMÍA
La cuestión más debatida, y seguramente controvertida, es el efecto que este salario mínimo tendría sobre el empleo y la economía. Este segundo estudio, elaborado por el Laboratorio de Transferencia en Economía Aplicada (AQR-Lab) de la Universidad de Barcelona (UB), ha partido de experiencias realizadas en ciudades de Canadá, Estados Unidos y Japón cuyos casos han sido documentados y publicados en prestigiosas revistas científicas.
“Las ciudades que han implantado un salario mínimo superior al legalmente establecido se han adaptado mejor a las condiciones locales y logran una mejora de la calidad de vida”, explica a Metrópoli Abierta el profesor de Economía Aplicada de la UB y miembro del AQR-LAB, Raül Ramos. Sin embargo, remarca que estos incrementos deben ser “moderados” para que no haya un impacto negativo en los niveles de ocupación y que algunos colectivos específicos como los jóvenes poco cualificados suelen sufrir más para entrar en el mercado laboral.
Los casos estudiados por el AQR-LAB muestran que si el aumento del salario mínimo se adopta de forma progresiva y se reparte en varios años, el impacto sobre el mercado de trabajo y la economía en general se diluye. “Evidentemente es mucho mejor si se hace de forma consensuada con los agentes sociales y económicos”. Ramos también advierte de que el aumento no puede dilatarse mucho porque entonces se crea un efecto “anticipación” por las expectativas generadas.
El estudio también refleja que el aumento del salario mínimo tiene un impacto sobre la inflación, pero nunca en la misma proporción. “El incremento de precios siempre es muy inferior a la de los salarios porque muchos productos se fabrican localmente, pero luego se exportan a mercados internacionales donde los límites son distintos”. La subida de los sueldos también puede incentivar la economía sumergida, pero Ramos minimiza su impacto siempre y cuando “se haga con consenso y se mejoren los mecanismo de control y sanción para que no sea rentable”.
UNA PRIORIDAD MUNICIPAL
El aumento del salario mínimo, que en España es de 707,6 euros mensuales, es una piedra angular del Gobierno municipal para mejorar “la calidad de la ocupación y la calidad de vida” y está recogido en hasta tres planes de actuación laboral del consistorio. Por eso, y a falta de competencias, el Ayuntamiento ha optado por predicar con el ejemplo y así fomentar el debate entre los agentes sociales y económicos de la ciudad.
Según el teniente de alcalde, en el Ayuntamiento de Barcelona los sueldos están por encima de los 1.400 euros, ya que, “para ser creíble, la administración debe ser ejemplar”. De hecho, el consistorio ya utiliza la contratación pública como una herramienta para forzar estos avances y, además de la guía de contratación social, Colau firmará un decreto para recompensar a las empresas que paguen por encima de convenio.
El siguiente paso será la creación de un grupo de trabajo en el marco del Consell Econòmic i Social de Barcelona (CESB), en el que también están representados patronal y sindicatos, para analizar las ventajas y los inconvenientes de fomentar un alza del salario mínimo. El Ayuntamiento y la AMB esperan que los agentes sociales y económicos se impliquen de lleno en el debate y hagan aportaciones constructivas para impulsar la negociación colectiva.