BCN quiere extender su carnet para 'sin papeles' a otras ciudades

El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado en sociedad el Documento Municipal de Vecindad, una especie de 'carnet de identidad' ideado para inmigrantes sin papeles con el objetivo de que les sirva de ayuda si se enfrentan a un proceso de expulsión y así eviten el ingreso en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). “Se trata de garantizar que no haya ciudadanos de primera y de segunda, de que todos tengan los mismos derechos y obligaciones”, ha explicado el teniente de alcalde de Drets de Ciutadania, Jaume Asens (BeC). La intención municipal es que los primeros documentos puedan empezar a tramitarse a mediados de diciembre.

Aunque los ayuntamientos no tienen competencias en materia de inmigración sí que pueden prestar servicios a las personas que están empadronadas en él, con independencia de si están en una situación administrativa irregular. En este principio se basa en carnet de vecindad. “No es un documento para regular a las personas porque no da derechos adicionales respecto a la ley de extranjería”, ha aclarado Ramon Sanahuja, director d'Atenció i Acollida a Inmigrants del consistorio barcelonés.

La explicación de Sanahuja no es baladí porque estar en posesión de esta documentación si se es detenido por la policía no garantiza nada. “No podemos crear falsas expectativas. El documento no es un seguro contra la expulsión. Puede ayudar en el proceso pero al final la decisión final la dictaminará un juez”. No obstante, los promotores de la iniciativa confían en que la judicatura admita esta documentación con prueba de arraigo para los inmigrantes en situación irregular y de esta forma eviten ser privados de libertad mientras se resuelve su caso. Porque no hay que olvidar que el 50% de los casos de expulsión se quedan en agua de borrajas.

SEIS MESES EMPADRONADO

El Documento Municipal de Vecindad lo podrá solicitar todo inmigrante irregular mayor de edad que lleve seis meses empadronado en Barcelona o pueda acreditar que lleva un año residiendo en España. Pero el objetivo es más ambicioso que la iniciativa barcelonesa se extienda a las ciudades metropolitanas como una mancha de aceite y también a las del resto de España. “La idea es crear una red de municipios lo más extensa posible para que ningún vecino tenga que ingresar en un CIE ni ser deportado”, ha destacado Jaume Asens.

El documento se formalizará físicamente en la Oficina de Atención Ciudadana (OAC), que ya dispone de los impresos necesarios para tramitarlos, y que comprobará de oficio los datos de empadronamiento del solicitante. Así, el inmigrante irregular solo tendrá que aportar la documentación adicional que pudiera servir ante la justicia para ratificar su integración en la ciudad, como matrículas de cursos, vínculos familiares, certificados de acogida, contratos de alquiler, carnets de bibliotecas, etc. “Seremos rigurosos al expedir el documento porque queremos que los jueces se fíen de veracidad de la información y la estimen” en caso de que se abra el proceso de expulsión, ha asegurado Sanahuja.

PERDER EL MIEDO

El director d'Atenció i Acollida a Inmigrants ha adelantado que la tramitación de los carnets durará unas tres o cuatro semanas y que se espera atender a millares de vecinos en situación irregular. Por este motivo desde el consistorio se ha pedido a los 'sin papeles' que cumplan los requisitos que soliciten cuanto antes el carnet . El argumento es que aunque el documento “no es obligatorio puede beneficiar a quien lo tenga”. También se ha hecho un llamamiento a los inmigrantes irregulares  para que "pierdan el miedo "y “confíen” en el ayuntamiento: “La administración local no es la policía ni le entregará ninguna información. La protección de los datos está garantizada”, ha corroborado Sanahuja.

El único escollo que le queda por salvar a la iniciativa es resolver las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal Popular (PP), que están pendientes de ser respondidas. El presidente del los populares, Alberto Fernández Díaz, mantiene el pulso con el gobierno municipal por esta cuestión porque ha asegurado que “es un fraude de ley” que se teme que tenga “un efecto llamada” entre los inmigrantes. No obstante, la contestación a las alegaciones “no retrasará la puesta en marcha del servicio”, ha corroborado Asens. Por otro lado, el teniente de alcalde ha anunciado el Ayuntamiento de Barcelona ha presentado un contencioso administrativo en la Audiencia Nacional para que ordene al Ministerio de Interior el cierre del CIE de la Zona Franca.