La teniente de alcalde de Derechos Sociales de Barcelona, Laia Ortiz (BeC), ha calificado de “insuficiente” la regulación estatal del bono social del Estado contra la pobreza energética porque “dejará sin protección” a un importante número de familias que hasta ahora eran atendidas por el ayuntamiento. En concreto, Ortiz ha asegurado que el 43% de los 10.000 hogares atendidos por los servicios municipales durante este año “no puede acogerse” al bono social y podrían estar “desprotegidos” frente a un eventual corte del suministro eléctrico por impago de facturas.
La concejal Ortiz ha criticado que el Real Decreto que regula el bono social (que entró en vigor el pasado mes de octubre) se ha planteado “de espaldas” a los municipios, porque no prevé ningún tipo de financiación para que estos puedan hacerse cargo de los impagos. Según la nueva regulación estatal, las administraciones locales deben hacerse cargo del 50% de los gastos de los suministros básicos de los ciudadanos en situación de pobreza energética, lo que implicarían un coste de 1,67 millones de euros para las administraciones locales. La teniente de alcalde ha anunciado que el propio Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha abierto una actuación de oficio para determinar si el real decreto vulnera algún tipo de derecho.
Las cifras hechas públicas por Laia Ortiz forman parte de un informe elaborado por el Institut Municipal de Serveis Social (IMSS). Además, el ejecutivo barcelonés ha hecho público el contenido de un informe elaborado por sus servicios jurídicos que sostiene que el Real Decreto puede aplicarse de forma simultánea a la Ley 24/2015 de emergencia habitacional y pobreza energética de la Generalitat, que todavía está vigente, y que fija otros criterios diferentes y "protege mejor y a más personas", ha destacado la teniente de alcalde.
CONVENIOS INDIVIDUALES CON LAS COMPAÑÍAS
Laia Ortiz ha indicado que la semana pasada, varios representantes municipales se reunieron con compañía Endesa, de la que han arrancado el compromiso de no efectuar ningún corte de suministros básicos por motivos económicos hasta el próximo mes de abril, mientras abordan y analizan la nueva situación jurídica. Ortiz se ha mostrado partidaria de firmar convenios de forma individualizada con cada una de las empresas suministradoras para aclarar responsabilidades.