Los misteriosos intereses judiciales del Ayuntamiento

En noviembre de 2016, el Ayuntamiento de Barcelona se personaba en la querella de la Asociación Altraitalia contra los bombardeos de las tropas italianas de Mussolini sobre Barcelona entre 1937 y 1939, en los que murieron 5.000 personas. Paralelamente, se personaba también en la querella contra los crímenes del franquismo por presuntos delitos de genocidio que abrió en Argentina la juez María Servini. Los anuncios los hizo el teniente de alcalde Jaume Asens, que compareció ante la prensa flanqueado por los líderes de ERC y de la CUP en el consistorio, Alfred Bosch y María José Lecha respectivamente. La querella de Buenos Aires se extiende también a los sucesores de Franco y se dirige asimismo contra el rey Felipe VI y el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, por entender que legitiman lo que pasó durante la dictadura.

En esos mismos momentos, el Ayuntamiento se negaba a personarse en la causa judicial contra el concejal cupero Josep Garganté, que intentó que un médico falsificase un informe sobre las heridas de un mantero que tropezó y cayó por unas escaleras. El concejal pretendía que el médico achacase la contusión del mantero a los guardias urbanos, cuando las grabaciones de lo sucedido demostraban que no había ningún agente en las inmediaciones. Garganté irrumpió en unas urgencias hospitalarias y exigió al médico que cambiase su informe, presentándose como concejal, por lo que se le abrieron diligencias judiciales. La oposición también consideraba que presionó e intimidó al médico. Cerca ya de celebrarse el juicio, el doctor declinó comparecer para evitarse problemas y Garganté no fue finalmente juzgado.

Pero, ¿porqué es importante que el Ayuntamiento de Barcelona se persone en causas generalistas, cuando ninguna otra administración lo hace? Tanto el proceso sobre los bombardeos como la causa del franquismo tienen en común una pequeña particularidad: en ambos tomó parte un despacho de abogados de Barcelona del que formaba parte… Asens, actual teniente de alcalde de la ciudad. Después de llegar a la política, Asens se desligó oficialmente de su despacho, pero, curiosamente, el consistorio comenzó a personarse en asuntos que él llevaba o a cejar en la acusación hacia personas o movimientos que ese despacho había defendido.

OKUPAS PERDONADOS

Porque, paradójicamente, desde que Ada Colau llegó al Ayuntamiento de Barcelona, éste se ha retirado de una veintena de causas por disturbios callejeros relacionados con la huelga general de 2012 y con los desalojos y posteriores disturbios de okupas en el barrio de Sants en 2014. La excusa para ello fue que la Fiscalía ya ejercía la acusación en los mismos, aunque eso ocurra en todas las causas. Es más: la fiscalía llevaba la acusación, por ejemplo, en el caso del exprofesor de los Maristas Joaquim Benítez, que tiene también 17 acusaciones particulares de exalumnos por supuestos abusos sexuales. Pues bien, a pesar de las acusaciones de fiscalía y particulares, el consistorio inició los trámites para personarse también como acusación en el sumario. Una actitud que deja al descubierto la manipulación de los políticos que manejan el Ayuntamiento.

Se da la circunstancia de que Asens era el abogado de varios de los acusados en los casos en los que el Ayuntamiento perdió de repente interés por acusar. De hecho, el despacho del teniente de alcalde siempre ha estado estrechamente vinculado a los grupos antisistema.

Asens participó activamente en la plataforma DESC, una entidad subvencionada durante años (la propia Colau cobraba su sueldo en ella gracias a una generosa subvención anual del  Ayuntamiento barcelonés que ahora preside) de donde proviene la cúpula del consistorio. Incluso entre los militantes y simpatizantes de Podemos (fuerza con la cual se alió Guanyem, el partido de Colau), ese grupo es conocido como La Secta. Asens, sin embargo, no era militante de Guanyem, sino de Procés Constituent, el partido que lideraban el economista Arcadi Oliveras y la monja Teresa Forcades. En el 2014, escribió junto a Gerardo Pisarello (entonces también en DESC y hoy primer teniente de alcalde de Barcelona) el libro La bestia sin bozal. En defensa del derecho a la protesta.

Pisarello y él son íntimos y viejos amigos. Dos hombres y un destino. Un artículo de opinión del 24 de diciembre del 2007, escrito al alimón, explica su ideario: “La lucha contra el terrorismo se convierte en un verdadero acto de guerra, regido por normas excepcionales, que tiende a consolidar un Derecho Penal de autor inspirado en una antigua y nunca apagada tentación totalitaria: la idea de que debe castigarse no por lo que se ha hecho sino por lo que se es”, exponían en apoyo de las tesis abertzales.

En otro artículo del 20 de julio del 2009 interpretaban los deshaucios y los expedientes de regulación de empleo como “violencia del poder privado”. El 28 de diciembre de 2011, calificaban a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo como herederos del Tribunal de Orden Público (TOP) franquista y subrayaban que “han sido intérpretes privilegiados de una concepción de la lucha antiterrorista, a menudo contemporizadora con los abusos policiales y reñida con principios garantistas elementales”. El 9 de febrero de 2012, los dos amigos manifestaban que “el poder ilegal es aquel incapaz de cumplir con las reglas que él mismo se ha dado”. Y zanjaban: “Cuando el poder se despeña por la ilegalidad o consiente la irrupción de una legalidad privatizadora, a menudo mafiosa, la protesta ciudadana, la desobediencia, adquieren nueva luz. Aparecen, no ya como desórdenes susceptibles de criminalización, sino como el primero de los derechos. Como bandera necesaria, irrenunciable, de los más débiles en la impugnación de las actuaciones ilegítimas del más fuerte, para forzarle a cumplir sus promesas garantistas, y para instaurar, en ese acto de rebelión, un orden jurídico alternativo, más igualitario y libre de violencia”.

MULTIPLES ACUSACIONES

La historia de Asens es la historia de un posicionamiento ideológico constante y persistente en el tiempo. El teniente de alcalde presentó acusación contra Fèlix Millet, expresidente del Palau de la Música, contra la familia Pujol, contra Luis Bárcenas o contra el Gobierno de los Estados Unidos por mantener la prisión de Guantánamo. También participó en causas contra el mobbing inmobiliario o a favor de la memoria histórica. Asimismo, fue el abogado de uno de los 11 detenidos en diciembre de 2014 en la Operación Pandora. Esta operación fue dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, que encarceló a 7 de los arrestados  por pertenecer a loa Grupos Anarquistas Coordinados (GAC), que se atribuyeron la colocación de varios artefactos explosivos.

Pero hay más: Asens fue el abogado de Ada Colau en la querella que ésta presentó contra la entonces delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que acusó al partido de la hoy alcaldesa de apoyar a ”grupos filoetarras”. En su demanda, Colau le pedía 75.000 euros de indemnización, que deberían servir para pagar multas a activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), grupo que la propia Colau presidía entonces. En esa demanda, la entonces activista social criticaba que la defensa de Cifuentes corriese a cargo del abogado del Estado (ya que tenía cargo público) porque “se la pagamos entre todos”. Hoy, Colau ha metido al Ayuntamiento de Barcelona, que se nutre también del dinero de todos, en pleitos que canaliza el despacho de su teniente de alcalde, aunque nadie sabe cuánto cuesta esa actividad al erario público. Más recientemente, Asens fue el abogado del diputado de la CUP David Fernández (curiosamente, reclutado por el consistorio como miembro de la Oficina para la Transparencia y las Buenas Prácticas) en un juicio contra un subinspector de la Guardia Urbana al que el político acusaba de haberle agredido. El policía fue absuelto.

El teniente de alcalde colaboró activamente en el documental Ciutat Morta, que criminaliza a la Guardia Urbana: trata de un desalojo tras el que un agent, fue golpeado con una maceta y quedó tetrapléjico el 4 de febrero de 2006. Por ello, fueron condenados cuatro activistas, que el documental exculpa, culpando a la Guardia Urbana de mala praxis, igual que a los estamentos judiciales. Ada Colau apoyó esas tesis. Lo curioso del caso es que el director de Ciutat Morta, Xavier Artigas, fue contratado como colaborador por el Ayuntamiento cuando Colau y Asens entraron en el consistorio. Su primer trabajo fue un vídeo sobre la cabalgata de los Reyes. Eso sí, adujeron que se trató de una contratación de criterios “técnicos y sin interferencias políticas”. La pasada semana, en el último pleno del año, el consistorio expresó su disconformidad con el premio Ciutat de Barcelona a Ciutat Morta después de que su protagonista, el okupa Rodrigo Lanza, asesinase presuntamente al motero Víctor Laínez en Zaragoza por llevar unos tirantes con la bandera de España. Curiosamente, Barcelona en Comú votó en contra de retirar la distinción al documental, alineándose con la CUP, mientras que el resto de los partidos renegaron del premio con su aplastante mayoría.

DE DEFENDER ETARRAS AL CERCO DEL PARLAMENT

En los años 90, como miembro del Despacho de Asesoramiento Laboral y Popular, Jaume Asens defendió a los etarras Juan Carlos Maya, Concepción Casado y Zigor Larredonda, condenados posteriormente por pertenencia a banda armada.

Sobre el cerco al Parlamento catalán en 2011, escribió que fue un “bloqueo simbólico” que terminó con “insultos, empujones o escupitajos de un grupo de concentrados hacia algunos políticos”. Pero achacó luego a la “sobreactuación” de la clase política la polémica generada. Y, especialmente, a la prensa (a la que acusa de “verbosidad hostil”) que, en una “sobrerreacción, casi unánime de medios y clase política que puso al movimiento en una difícil tesitura: la de reivindicarse una vez más ante la opinión pública”.

En los últimos meses, el Ayuntamiento volvió a retomar la personación en causas en las que Asens parece tener interés especial. Por ejemplo, el consistorio anunció que acusaría en la querella de un ciudadano contra la Policía Nacional, que supuestamente le lesionó en un ojo con una bala de goma el pasado 1 de octubre. La abogada del acusador es Anaïs Franquesa, gran amiga y exsocia del propio Asens. Ambos habían participado al alimón en acusaciones similares en el pasado. Para colmo, Franquesa está vinculada a una red de plataformas a las que el Ayuntamiento de Barcelona encargó informes a medida sobre el 1 de octubre, en los que se recogen afirmaciones y acusaciones sin fundamento. Esa labor ideológica le sirve al teniente de alcalde, según quienes le conocen, “para tejer un entramado de intereses con sus colegas, que le servirán políticamente en un determinado momento”. Mientras tanto, permanece la incógnita de cuánto cuestan a las arcas públicas las, aparentemente, progresistas y sorprendentes personaciones del consistorio en procesos. Porque, para poder tomar parte, hay que pagar procuradores y bufetes de abogados ajenos. Nada es gratis en esta vida… y menos en política.