Aviso de demanda contra Colau por el derrumbe de Montjuïc

Un grupo de familias afectadas por el derrumbe de un bloque de 144 nichos --que afectó a unos 350 cadáveres-- en el cementerio de Montjuïc han enviado un aviso de demanda por responsabilidad patrimonial contra el gobierno de Ada Colau ante la falta de respuesta municipal ante la mayor crisis que ha pasado en un cementerio de Barcelona y uno de los hechos más graves en la ciudad durante el mandato de Barcelona en Comú.

Estas familias están a la espera de que se haga una prueba de ADN a los cuerpos que han sido enterrados de nuevo para verificar que se trata de sus familiares. Cuando se produjo el derrumbe, el pasado 15 de septiembre, los cuerpos se mezclaron. Pero de momento, tres meses después, no tienen ninguna información ni del Ayuntamiento ni de Cementiris de Barcelona, y no han podido realizar las citadas pruebas, afirman.

Con este aviso, las familias esperan obtener una respuesta del consistorio, según explica Crónica Global. A finales de octubre, Metrópoli Abierta ya adelantó que ocho familias querían denunciar al Ayuntamiento.

Cementiris de Barcelona ha cometido en todo este proceso varias irregularidades, al reconocer sus responsables que no llamaron a los bomberos ni a la Guàrdia Urbana. Asimismo, ningún profesional intervino en la separación y clasificación de los restos en un caso que ya es conocido como el YAK-42 catalán.

INACCIÓN Y MEZCLA DE LOS RESTOS

El defecto en el bloque de nichos se detectó dos días antes, con los primeros desprendimientos, pero la inacción de los responsables públicos provocó el hundimiento y la consiguiente mezcla de los restos mortales.

Cementiris de Barcelona, además, abrió nichos de personas que habían fallecido hacía menos de dos años. La normativa obliga a comunicar este procedimiento al juez y a los familiares antes de volver a enterrar a los cadáveres, un paso que no hizo la empresa.

Este mes de diciembre, algunas familias afectadas se quejaron de que los operarios estaban trabajando en los nichos contiguos a los del derrumbe, sacando piedras de la parte superior con martillos neumáticos y sin apuntalar nada. Cementiris de Barcelona también vetó el acceso al abogado de las familias tras haber contactado telefónicamente con la empresa.

Según ha podido saber Metrópoli Abierta, la conducta de los responsables de Cementiris de Barcelona, es decir, el concejal de Presidencia y presidente de Cementiris, Eloi Badia y el director general de la empresa Jordi Valmaña, puede ser constitutiva de dos delitos: falsedad documental y un delito de daños. Las irregularidades cometidas podrían arrastrar a Badia a un procedimiento penal.