El aumento de las tarifas del transporte público han creado un cierto cisma en el seno del equipo del gobierno municipal de Barcelona. El anuncio de la subida de la T-10, la tarjeta más utilizada por los ciudadanos (la subida es de un 2,5%) llegó en plenas fiestas navideñas, camuflándose entre los días festivos, las reuniones familiares y los ágapes de esta época del año.
Pero dentro del equipo de gobierno hay nervios por la subida y por cómo se ha hecho. En realidad, la responsable de Movilidad, Janet Sanz, era contraria a la subida del transporte por varios motivos: primero, porque a quien más se castiga con esta medida es a la mayoría de la gente, que suele utilizar esta tarjeta para moverse. Luego, porque no hay contrapartidas que justifiquen el aumento de tarifas. Y, por último, el modo en que se ha hecho, intentando desviar la responsabilidad de la decisión hacia otros.
De hecho, Sanz ya se había opuesto rotundamente a la subida de la T-10 en varias ocasiones y durante los ejercicios pasados. “Hubo mucha discusión interna y Janet defendió siempre que no había que subir los transportes públicos”, explican a Metrópoli Abierta fuentes municipales. De hecho, la responsable de Movilidad es la que se opuso con mayor contundencia al aumento de precios. “Le pidió a la alcaldesa que se aplicase una tarificación más laxa, porque, de modo contrario, ella se quedaba sin excusas para justificar la cruzada contra el coche que se ha emprendido desde el consistorio”, subrayan las fuentes.
SIN EXCUSAS
Sanz estaba de acuerdo en arrinconar al vehículo particular y en eliminar plazas de parking para disuadir de utilizar el transporte privado. Y, de hecho, el Ayuntamiento inició una batalla sin cuartel contra el turismo particular. Las superillas y las políticas anticoche fueron aplicadas a rajatabla. “Pero Sanz también le decía que si no le dan instrumentos, no pude justificar más medidas contra el transporte privado. Si sube el transporte público, ¿con qué justificación acota el transporte privado?”, rematan las fuentes consultadas.
Una de las justificaciones que se adujeron desde el Ayuntamiento es que la T-10 es también la tarjeta más utilizada por el turismo. “Pero estamos a un año de implantar la T-Movilidad y el contact less, que cambiará todo el sistema. Se podría haber esperado tranquilamente otro año y con el nuevo sistema se podría discriminar a los turistas para que no pudiesen tener las bonificaciones de los ciudadanos residentes, tal y como ya se discutió hace meses. Por tanto, eso no es una excusa coherente para que le suban el precio del billete a todos los demás ciudadanos”, argumentan fuentes municipales.
TODO POR UNA FOTO
Por otro lado, la decisión política de subir el transporte se hizo de una curiosa manera: el equipo de gobierno llevó al pleno una carta al ministro de Hacienda y un texto para aprobar. “Eso son gesticulaciones. Por mucho que apruebes un texto en el plenario, eso no tiene ninguna implicación más. Es una cuestión meramente testimonial, es para hacerse la foto y para intentar echar la culpa a otro”, dicen desde la oposición.
Duras críticas a Colau por la subida de los precios del transporte público, especialmente de la T-10 / C R
Colau envió una carta a Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda en la que le pide que invierta en el transporte metropolitano para no tener que subir las tarifas. “En los últimos siete años, hemos visto cómo han disminuido un 45,8% las aportaciones de la Administración General del Estado al sistema de transporte público metropolitano de Barcelona, lo que ha supuesto un recorte de 540 millones de euros entre 2010 y 2017”, dice la misiva.
EL SILENCIO DE MONTORO
Ante ello, el pleno del Ayuntamiento del pasado día 22 de diciembre aprobó, con los votos a favor de Barcelona en Comú, PDeCAT, ERC, Ciudadanos y PSC, pedir al Gobierno central “asumir su responsabilidad con el transporte público de proximidad del área de Barcelona y, en consecuencia, a incrementar su aportación a 148 millones de euros a partir de 2018, igualando la aportación prevista por el Ayuntamiento y posibilitando la congelación de tarifas para el 2018”. La alcaldesa le recordaba a Montoro que el 13 de septiembre pasado, la ATM ya se dirigió a él pidiendo “una aportación suficiente del Estado con el fin de ofrecer una oferta de transporte a la altura de las necesidades de nuestros ciudadanos. Hasta la fecha de hoy, todavía no hemos recibido respuesta a nuestra petición”. Esa petición supondría que el Estado habría de poner 40 millones más de los previstos a cambio de no subir el billete.
Fuentes de la oposición apoyan esa petición, pero critican a la alcaldesa por hacerla “tarde y mal”. Aseguran estas fuentes que “no puedes reclamar el aumento de la aportación del Estado 10 días antes de que se acabe el año. Lo lógico hubiera sido realizar esa petición mucho antes. Y no una, sino varias veces, insistiendo en ella periódicamente. Por tanto, tanto la carta como el texto plenario son sólo gesticulaciones de la alcaldesa, más preocupada por la foto que por gestionar debidamente la Administración”. Otras fuentes resaltan que Colau “no hizo gestión política y ahora paga las consecuencias”. La consecuencia de todo ello: la T-10 un 2,5% más cara.