El Ayuntamiento de Barcelona aprobó en el pleno municipal de octubre el nuevo Reglamento de Participación de Ciudadana, que incorpora, como punto estrella, la posibilidad de celebrar multiconsultas a la ciudadanía. La intención del gobierno de Ada Colau es celebrar la primera multiconsulta en mayo de este año. Sin embargo, el proyecto nace con una fuerte oposición y ya se han presentado dos contenciosos-administrativos contra el mismo, en concreto contra algunos puntos del Reglamento.
La Delegación del Gobierno español en Catalunya y la Cámara de Concesionarios y Empresas Vinculadas al Sector Público (CCIES) en el ámbito de las infraestructuras, los equipamientos y servicios públicos han presentado los dos contenciosos contra el consistorio ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El Ayuntamiento ha confirmado la recepcción de las denuncias, que son independendientes una de la otra, y está estudiando su contenido.
Fuentes de la Delegación del Gobierno en Catalunya han confirmado a Metrópoli Abierta que el contencioso se presentó el pasado 20 de diciembre. En concreto, la demanda es contra el artículo 74.3 del Reglamento de Participación Ciudadana que dice que cuando la consulta provenga de una iniciativa ciudadana que haya recogido las firmas válidas suficientes, "el pleno municipal sólo podrá denegar, por mayoría simple, la celebración si no se adecua al ordenamiento jurídico". Los servicios jurídicos de la Delegación del Gobierno consideran que el artículo es contrario la Ley de Bases de Régimen Local, "que establece que estas iniciativas deben pasar por el pleno y además necesitan mayoría absoluta" para aprobarse.
CONTRATOS EN PELIGRO
El presidente del CCIES, Francesc Sibina, dice que no está en contra de la participación ciudadana ni del Reglamento de Participación Ciudadano en su conjunto, pero sí que muestra discrepancias sobre cómo puede afectar el resultado de algunas consultas a contratos vigentes entre los ámbitos público-privado, que son de obligado cumplimiento. "Nos preocupa cómo puede verse afectada la preservación de la seguridad jurídica en esta colaboración", subraya Sibina, que cita como ejemplo el suministro del agua y la gestión de cementerios.
Precisamante, una de las tres consultas que se plantea hacer este mayo versa sobre la municipalización del agua, preguntando a los vecinos si se quiere que la gestión del agua sea pública y con participación ciudadana. ¿Usted quiere que la gestión del agua en Barcelona sea pública con participación ciudadana" es la pregunta que plantea la plataforma Aigua és Vida.
"Evidentemente, sí se pregunta si se quiere pagar menos por el servicio del agua, la ciudadanía dirá que sí. Pero lo que no puede hacer el Ayuntamiento es hacer una consulta intencionada sobre cuestiones administrativas y no explicar las consecuencias que un cambio como este puede tener". Hace unos meses, Sibina alertó que el proyecto de remunicipalización del agua costaría a la ciudad entre 500 y 1000 millones de euros en concepto de indemnización a la empresa Agbar. Ahora, incluso, cree que podría ser superior a esa cifra y llegar a los 2.000 o 3.000 millones. El presidente del CCIES opina que si el Ayuntamiento pasa a gestionar el servicio del agua, o sube los impuestos o tendrá que dejar de invertir en otras prioridades más básicas para compensar la indemnización a Agbar. "Se pueden colapsar las inversiones a servicios básicos para futuros mandatos", afirma.
LA PLAZA ANTONI LÓPEZ
Las otras dos consultas que hay sobre la mesa son sobre el cambio de nombre de la plaza de Antoni López, al final de la Via Laietana, por el de Idrissa Diallo, un joven guineano que murió en el Centro de Internamiento de Extranjeros en 2012, y otra sobre la compra de una parcela por parte del Ayuntamiento en la Ronda de Sant Pau, 46, para construir 50 pisos públicos y garantizar la continuidad del gimnasio Sant Pau, que realiza una importante labor solidaria. Pero la polémica la focaliza el tema del agua.
La multiconsulta impulsada por Colau, que incluyó en su programa electoral la promesa de involucrar más a los barceloneses en la toma de decisiones, se tiene que hacer sobre cuestiones que apruebe el pleno a petición de los grupos municipales --incluido el gobierno-- o por iniciativas ciudadanas. En el caso de la ciudadanía, la petición de hacer una consulta tendrá que ir acompañada de 15.000 firmas. Los impulsores de las tres iniciativas que se quieren consultar en mayo tienen dos meses --desde mediados de diciembre-- para recoger las citadas firmas y llevarlas al pleno municipal.
El resultado de las consultas no serán vinculantes jurídicamente, pero obligará a los diferentes grupos municipales a posicionarse. La intención del Ayuntamiento es aplicar los resultados de cada consulta, que no fijan un mínimo de participación.