La Ada Colau más independentista ha vuelto. Si es que alguna vez se había ido. A petición de su equipo de gobierno, la Comisión de Presidencia, Derechos de la Ciudadanía, Participación, Seguridad y Prevención ha aprobado una declaración institucional -liderada por el teniente de alcalde Jaume Asens (Barcelona en Comú)- en la que se solicita “inmediatamente, el traslado de Joaquim Forn, Oriol Junqueras, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez a centros penitenciarios catalanes”. La declaración ha conseguido la adhesión de BeC, el Grupo Demòcrata (PDeCAT), ERC y la CUP pero el rechazo de Ciutadans (Cs), PSC y PP.
La declaración de Asens ha hecho patente el “rechazo” del Ayuntamiento de Barcelona a la decisión del juez de Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena, de “mantener en prisión preventiva” a los cuatro encausados por sedición, rebelión y malversación de fondos por su presunta implicación con el procés, el referéndum ilegal del 1-O y la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). Según el escrito aprobado, los dos cargos electos y los dos exdirigentes de las entidades separatistas ANC y Òmnium Cultural no deberían estar en prisión “porque siempre han actuado de manera pacífica”.
La declaración sostiene que mantener a Forn, Junqueras y los Jordis en la cárcel “dificulta la normalización de la situación política en Catalunya” y que, además, mantenerlos alejados de sus familias en los centros penitenciarios madrileños de Estremera y Soto del Real “es un castigo social que vulnera el Derecho Internacional, atenta contra los derechos humanos” y por ello reclama “la excarcelación por motivos de humanidad”. Además, el equipo de gobierno de Colau se ha comprometido a poner a disposición de las familias de los presos todo “el apoyo emocional y psicológico que necesiten”.
DESBANDADA Y FALTA DE RESPETO
La lectura formal de la declaración no ha estado exenta de polémica y se ha celebrado con la sala prácticamente vacía (no había representantes de Cs, PSC, PP, CUP ni tampoco estaba el concejal no adscrito). Uno de los motivos de la desbandada es que el gobierno de Colau ha presentado el acuerdo ante los medios de comunicación (y ha distribuido una nota de prensa) antes de que se procediera a su lectura, es decir, antes de que estuviera oficialmente aprobado, y sin el conocimiento previo del resto de firmantes.
Jaume Ciurana (PDeCAT) se ha quedado prácticamente solo en la lectura de la declaración
El portavoz del PDeCAT, Jaume Ciurana, ha reprochado a Asens este tipo de prácticas, que por otro lado, son muy frecuentes en BeC. “No es una buena práctica hacer una rueda de prensa antes de que se produzca el hecho. Es poco oportuno, poco elegante y poco respetuoso”, ha lamentado Ciurana. El portavoz demócrata ha pedido al teniente de alcalde que en futuras ocasiones sean “más cuidadosos” y se ha quejado de que a la lectura del acuerdo le ha faltado “un punto de liturgia institucional que valdría la pena preservar”. Asens se ha limitado a contestarle que el reglamento municipal “no exige ninguna liturgia” y ha justificado la filtración porque con esta táctica se ha conseguido “una mayor incidencia mediática, que era el objetivo”.
La concejal de ERC, Trini Capdevila, también ha afeado las formas del equipo de Colau. “No se pueden dar explicaciones a los medios de comunicación de algo que aún no ha pasado”, se ha quejado Capdevila. La edil republicana ha calificado la unilateralidad de los comunes como “una falta de respeto a todos”.
UNA INJERENCIA CON LAS DECISIONES JUDICIALES
Los grupos municipales que no han firmado el documento han aprovechado la ocasión para cargar contra Colau y su nuevo gesto con el separatismo. La presidenta del grupo municipal de Cs, Carina Mejías, ha advertido a Colau que “con su entrega a la causa independentista, sigue dañando la imagen de Barcelona. Mejías ha descalificado el contenido de la declaración institucional porque en realidad es “una medida de presión a los jueces que rompe el principio de separación de poderes”y que, además, supone “una “injerencia intolerable en el ámbito de la justicia y de las decisiones judiciales”.
El presidente del grupo del PP, Alberto Fernández, se ha posicionado en términos similares y ha definido la declaración en favor del traslado de los presos como “otro gesto más de Colau hacia el independentismo”. Fernández ha reprochado a la alcaldesa que, una vez más, “ha vuelto a poner el ayuntamiento a su servicio y al de su ideología, ignorando la pluralidad de la ciudad”.