Ada Colau llegó a la alcaldía apoyada por movimientos vecinales y populares que vieron en la portavoz de la Plataforma d'Afectats per l'Hipoteca una líder con la que cambiar las formas de hacer política y transformar Barcelona. Tres años después, muchos de estos apoyos se sienten defraudados.

Gobernar una ciudad es una labor muy complicada y más aún cuando no se tiene experiencia previa. Para mitigar las lagunas en el currículum del equipo de Barcelona en Comú, Colau fichó a Jordi Marti, exdirigente del PSC, para el cargo de Gerente Municipal; pero los intentos de contentar a sus bases han chocado muchas veces con los intereses de la alcaldía o de la ciudad, evidenciando que las intenciones de una política más participativa se han visto superadas por la realidad del día a día del consistorio.

También les ha pasado factura la imposibilidad de llevar a cabo algunas de sus promesas electorales, eslóganes de campaña que difícilmente podían cumplirse, como la detención de los desalojos o la reducción del turismo.

Al poco de llegar a la alcaldía, el equipo de Colau se encontró con uno de los primeros problemas heredados del anterior equipo de gobierno, la oposición vecinal en la Vila Olímpica a la construcción de un macroalbergue en el barrio. El nuevo ejecutivo municipal asegura que tiene las manos atadas y que no puede hacer nada para impedir la apertura del establecimiento, que tiene todos los papeles en regla. Los vecinos no lo tienen tan claro y acusan al consistorio de inoperancia y de falta de interés. Los más críticos se han unido para formar la plataforma Stop Vila Olímpica, que trata de impedir que el macroalbergue abra sus puertas en 2019, como está previsto.

SUPERILLA SIN CONSENSO

Mientras que el macroalbergue de la Vila Olímpica fue un problema heredado del anterior gobierno municipal, el caso de la Superilla del Poblenou es un tema muy diferente. Si bien el proyecto de las superillas ya estaba aprobado cuando Colau heredó el bastón de mando, la decisión de crear la primera en el Poblenou sin previo aviso, en una zona en la que no estaba previsto, sí fue idea suya.

Los vecinos se despertaron un día y descubrieron que vivían dentro de una superilla, un proyecto que muchos desconocían y que complicar el paso de vehículos. La falta de comunicación previa a la implantación de la superilla ha dificultado la aceptación de este proyecto entre los residentes y desde las calles perimetrales se denuncia que han visto aumentar sensiblemente el tránsito de vehículos y la consiguiente contaminación. "La gente sigue cogiendo el coche (...) La diferencia es que lo cogemos más cabreados, gastamos más tiempo y más dinero", declaraba el presidente de la Plataforma d'Afectats per la Superilla del Poblenou (PASP9), Jordi Campins, en una entrevista con Metrópoli Abierta.

La PASP9 ha agrupado a los vecinos descontentos con el proyecto, que se han movilizado reclamando una consulta, que finalmente organizaron ellos mismos ante la negativa del Ayuntamiento a preguntar a los vecinos. El resultado, muy significativo, sólo encontró el menosprecio por parte del consistorio, por lo que desde la PASP9 han recurrido a la vía judicial para intentar frenar este proyecto.

El consistorio ha decidido rebajar las expectativas en el resto de superillas previstas en la ciudad. Introducir las medidas poco a poco, para evaluar el grado de aceptación y no encontrarse con el rechazo rotundo de los vecinos de las zonas afectadas.

PASO ATRÁS EN LA RONDA DE DALT

Si la Superilla fue un proyecto heredado que BeC reformuló, en el cubrimiento de la Ronda de Dalt Colau ha dado un paso atrás, provocando el malestar de los vecinos y entidades de los barrios de Horta-Guinardó, que se sienten engañados. Trias presentó un plan para cubrir todo el tramo que pasa por el distrito, pero el actual Ayuntamiento ha reducido el plan a 150 metros, a la altura de Sant Genís dels Agudells, dejando al resto de barrios con la miel en los labios y muy enfadados.

El  “decepcionante” plan que Colau les presentó pasa de una inversión de 400 millones de euros prevista por Trias a un presupuesto de 15 millones. Ya no es sólo el incumplimiento de promesas o el cambio de planes, los vecinos están indignados por los desplantes del consistorio y el continuo retraso de las fechas que han sufrido hasta que les mostraron el nuevo proyecto.

Tramo de 150 metros que se cubrirá en la Ronda de Dalt / PABLO ALEGRE



El presidente de la Associació de Veïns de Montbau, Antonio Mateo, denunció que el Ayuntamiento les convoca a reuniones de seguimiento "sólo para justificar que establecen procesos participativos".

ACUERDOS SIN CONTAR CON LOS VECINOS

Otro problema que se ha intensificado con la llegada de Colau es el de los manteros en el centro de la ciudad, que ha provocado la indignación de la Guàrdia Urbana y los comerciantes, dos grupos poco afines a los comunes, y que cada vez se sienten más alejados de la alcaldesa, quien sí ha sabido firmar un acuerdo con el gremio de restauradores para aprobar una nueva ordenanza de terrazas. Esto ha provocado el descontento de las asociaciones de vecinos, uno de los principales respaldos de Ada Colau, que se sienten menospreciados al no haber podido participar en las negociaciones.

Lo mismo les ocurre a los vecinos de la zona del puerto de Barcelona, que se han encontrado con que el equipo municipal ha cerrado sin contar con su opinión un nuevo acuerdo para reformar los espacios portuarios. Según denuncian, el proyecto firmado con Port de Barcelona pretende eliminar tres muelles en desuso para crear dos nuevos para los cruceros, por lo que no sólo no se reducirá el número de cruceristas, sino que se amplía la capacidad para que lleguen nuevos. Así se lo echaron en cara a la regidora del distrito, Gala Pin, en un acto reciente en el Instituto Náutico de Barcelona en el que se debatía sobre el futuro modelo del frente marítimo.

NARCOPISOS, UNA PLAGA EN EXPANSIÓN

Un problema histórico que tampoco han sabido solucionar y que se ha intensificado en los últimos dos años es el de la droga en el Raval. La proliferación de narcopisos tiene en pie de guerra a los vecinos, que se sienten abandonados por la administración y se consideran “vecinos de segunda”, como reconoció Antonio Cuesta, miembro de la Asociación de vecinos RPR (Roig-Picalquers-Robadors). “Yo pago impuestos de primera, y sin embargo, la suciedad, la inseguridad, el narcopiso... los tengo al lado de casa", declaró Cuesta en un debate organizado por Metrópoli Abierta para abordar esta problemática.

La mala relación de los gobernantes de Barcelona en Comú con el cuerpo de la Guàrdia Urbana tampoco ayuda para que se pueda solucionar este problema. La coordinación entre policía y gobernantes es clave para poder abordar esta lacra que complica la convivencia en uno de los barrios con más turistas de la ciudad.

Las promesas de gobernar Barcelona teniendo en cuenta la opinión de los vecinos parece ahora, pasado el ecuador del mandato, más una declaración de buenas intenciones que una realidad. El consistorio sólo se ha abierto a que los barceloneses puedan decidir sobre aquello que interesa electoralmente a Barcelona en Comú, dejando de lado las reivindicaciones de los barrios sobre los temas que les afectan en el día a día y sobre los que se sienten perjudicados.

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