La historia negra de las constructoras de Les Glòries (2)

La adjudicación de las obras para cerrar de una vez el polémico nudo de Les Glòries no puede generar incertidumbre por el oscuro historial de las dos compañías que se hicieron el lote más grande. Las demás UTEs están formadas por empresas cuyo historial de escándalos es, ciertamente, muy abultado. Así, la segunda obra en importancia en Les Glòries es la excavación de contrabóvedas e interior, adjudicada a la UTE formada por OHL, FCC y Construcciones Rubau.

Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), una de las compañías que lidera este lote, está implicada en el sumario de la Operación Púnica, la que investiga supuestos sobornos a políticos autonómicos y locales a cambio de adjudicaciones públicas. El principal implicado en esta trama es el exsecretario de Organización del PP en Madrid, Francisco Granados. Una de las empresas clave de esta trama, Waiter Music (la misma que llegó a pagar los onerosos cumpleaños de Granados), recibió donativos de las principales constructoras desde 2004 a 2013: FCC le pagó un total de más de 55.000 euros; Acciona, un total de 42.000 euros; Dragados, un total de 379.000 euros; Ferrovial, un total de 33.000 euros, Sacyr, un total de 105.000 euros, OHL, un total de casi 17.000 euros…

También figura el nombre de FCC en el sumario de la caja B del PP y en el sumario relacionado con la familia Pujol. La compañía estuvo presidida entre 2001 y 2013 por José Mayor Oreja, hermano de Jaime Mayor Oreja, exeurodiputado y exministro del Interior con José María Aznar. El hermanísimo había donado al PP un total de 165.000 euros, según constaba en los papeles de Bárcenas. En cuanto al caso Pujol, la empresa realizó 25 transferencias por un monto de más de 700.000 euros a una sociedad británica controlada por Jordi Pujol Ferrusola entre los años 2006 y 2009. Además, se investiga aún su implicación en varias operaciones urbanísticas en las que pudo intermediar el hijo del expresidentes de la Generalitat.

SOBORNOS Y MÁS SOBORNOS

El escándalo más sonado, sin embargo, hace referencia al presunto fraude en los contratos de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), que costaron más de 54 millones al erario público. Una de las ramificaciones de este escándalo hacía referencia a la limpieza del embalse de Flix, al que la constructora dio por finalizado en el año 2015 cuando eso era totalmente falso, ya que acumulaba 120.000 toneladas de lodo tóxico. En este escándalo fueron detenidos directivos de Acuamed y de Acciona y FCC.

La constructora aparece, asimismo, implicada en el denominado Caso Innova, por el que están imputados altos cargos del Gobierno catalán y que trata del desvío de fondos en la construcción del Hospital de Sant Joan de Reus. Este escándalo obligó a dimitir al presidente del Institut Català de la Salut (ICS), Josep Prat.

Otro de los escándalos de FCC se refiere a un intento de soborno de dos concejales socialistas de Xàbia para hacerse con la adjudicación del servicio de basuras, un contrato de 40 millones de euros con una duración de 10 años. Dos directivos de la compañía fueron imputados en este sumario. Por si fuera poco, uno de sus directivos fue detenido en enero de 2016 por el fraude en la recogida de basuras, precisamente en el contrato que tenía con el Ayuntamiento de Barcelona.

Vista área de las Glòries / Ajuntament de Barcelona

FCC fue sancionada en el año 2001 en Colombia , donde realizaba una obra pública a través del consorcio Proactiva, del que la española tenía el 50%. Y más aún: salió salpicada el año pasado en el caso Oderbretch, uno de los más importantes escándalos de corrupción en Latinoamérica, que ha provocado terremotos políticos en varios países gracias a los sobornos de las compañías implicadas para conseguir adjudicaciones gubernamentales.

Según ha podido conocer Metrópoli Abierta, agentes de los servicios de información españoles se trasladaron a Sudamérica y Panamá para conocer el alcance de la implicación de las constructoras españolas en ese escándalo. Y una de las principales es FCC, socia de Odebretch en Panamá (donde construyen la línea 2 del Metro) y en Colombia. En Ecuador, Odebretch se alió con Acciona para la construcción del Metro de Quito, operación que está siendo investigada por la sospecha de adjudicación irregular.

DE NUEVO BÁRCENAS

OHL es otra de las donantes a la caja B del PP y su nombre aparece en los papeles de Bárcenas, aunque el tema se archivó porque había prescrito, igual que en el caso de Sacyr. Los agentes que investigan el caso Lezo pusieron en su punto de mira, entre otras, a esta empresa y su consejero Javier López Madrid, fue detenido el año pasado acusado del supuesto pago de comisiones.

Otro de los escándalos que arrastra OHL es el sumario Lezo, que investiga el desvío de fondos y pago de sobornos y comisiones en la construcción del Canal Isabel II en Madrid. Ese escándalo fue el que provocó que el expresidente madrileño, Ignacio González, fuese encarcelado. La constructora, según las investigaciones, le pagó 1,4 millones en una cuenta de Suiza (a través de OHL México) para hacerse con las adjudicaciones. En las anotaciones incautadas a Francisco Granados figura también el nombre de OHL, con donativos a la trama Púnica de 1,6 millones de euros.

Obras en la Plaza de las Glòries / AM

En el año 2015 también salieron a la luz grabaciones telefónicas que apuntaban a que OHL podía haber participado en sobornos a altos funcionarios de la Administración a cambio de adjudicaciones. La constructora presentó denuncia por grabaciones ilícitas. En las conversaciones queda claro cómo se inflaron precios de obras públicas y cómo la constructora pagó vacaciones de lujo en la Riviera Maya al secretario de Comunicaciones del Estado de México y a su familia. En las conversaciones también se refieren a pagos en efectivo a magistrados. La constructora interpuso una denuncia por escuchas ilegales.

DE ESPAÑA A COLOMBIA

La tercera obra adjudicada en Les GLòries es el paso inferior de los túneles de ADIF Meridiana, adjudicado por 12,5 millones a la UTE Vías y Construcciones junto a CRC Obras y Servicios. El cuarto lote es otro túnel de ADIF, adjudicado a Acciona Construcción y Copcisa por 10,1 millones. Se da la circunstancia de que Acciona es otra de las compañías constructoras que siempre está en el ojo del huracán. Además de los ya citados negocios con la brasileña Odebretch (implicada en los escándalos de sobornos por toda América), el director general de Infraestructuras de Acciona, Vicente Pelegrini, fue uno de los detenidos por el escándalo Acuamed.

Altos directivos de la empresa están también imputados por el Caso Plaza, que investiga supuestos sobornos y amaños de contratos públicos en la construcción de la Plataforma Logística de Zaragoza, en la que se produjeron desvíos de fondos por un total de más de 265 millones de euros

El quinto lote, correspondiente al túnel inferior de TMB será para la UTE Dragados-Acsa Obras e Infraestructuras por 7,7 millones. De nuevo, la sombra de la sospecha se extiende por estas compañías. Uno de los mayores escándalos en los que se vio envuelta Dragados es el de Dragacol, que data de 1999, un escándalo por el que se investigaron a más de 30 funcionarios (entre ellos, dos ministros) que supuestamente habían recibido sobornos de Dragacol, la filial de Dragados: los trabajos de dragado del puerto de Barranquilla, del acceso al puerto de Buenaventura y del río Magdalena dispararon sus costes miles de millones de euros en un escándalo sin precedentes.

Plaza de Les Glòries / EFE

Dragados, compañía de la órbita de Florentino Pérez, está en las últimas semanas en el candelero al pretender la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, retirarle la gestión de varios túneles de la capital, entre ellos Plaza Castilla, Azca, Puerta de Toledo y Pío XII, al negarse a ejecutar obras de mantenimiento. En las últimas semanas, se advirtieron filtraciones de agua en esos túneles y el Ayuntamiento ordenó a la compañía realizar obras para mejorar su seguridad, ya que así se contempla en los contratos. La empresa se negó en redondo.

SUMARIOS EN MARCHA

Por si fuera poco, Sacyr, Acciona y Dragados están siendo investigadas por un presunto delito de desvío de fondos públicos de ADIF en las obras del AVE a Murcia, que podría alcanzar los 17 millones de euros (las obras estaban presupuestadas en 62 millones). Lo que hacían era inflar las facturas que pagaba ADIF para luego traspasar a compañías fantasma las mordidas correspondientes, en las que estaría implicados altos funcionarios del gestor ferroviario y funcionarios de la Administración. Por su parte, compañías como FCC (a través de su filial Servià Cantó), Rubau Tarrés o Acsa Obras e Infraestructuras figuran en un sumario abierto en 2011 que investiga una trama de empresas que supuestamente alteraban subastas públicas realizadas por GISA, la empresa pública de la Generalitat de Cataluña.

El colofón que corona la actuación de todas estas empresas es su actuación en la construcción de la estación del AVE en la Sagrera. En el año 2016, fueron detenidos varios funcionarios de ADIF y de empresas constructoras supuestamente por hinchar los precios de las obras. A los retrasos se sumaban onerosos regalos (relojes, televisores…) o vacaciones de lujo para directivos de ADIF y sus familiares. Las empresas que todavía están siendo investigadas por este tema son FCC, Ferrovial, Dragados, Rubau, Acsa, Acciona, Copisa, Copcisa y Comsa. Sólo cabe esperar que Les Glòries no se convierta en un Sagrega bis.