Cuando en febrero del año pasado la Guardia Civil entró en las dependencias de la empresa municipal Barcelona d'Infrestructes Municipals SA (BIMSA), siguiendo el rastro de la trama corrupta del 3%, y detuvo al exconcejal convergente del Ayuntamiento de Barcelona, Antoni Vives, la alcaldesa Ada Colau (Barcelona en Comú) se rasgó las vestiduras y aseguró públicamente que iba a encargar un expediente informativo interno para llegar hasta el fondo de la cuestión, en aras de la transparencia. Pero la realidad es bien distinta. Colau mano a mano con su tercer teniente de alcalde de Derechos de la Ciudadanía y Transparencia, Jaume Asens -que lidera el ala más separatista de Barcelona en Comú (BeC)-, están boicoteando que se esclarezcan hechos oscuros como el posible pago de comisiones ilegales a CiU por las obras del túnel de Glòries. ¿Cómo? Fácil. Poniendo palos a las ruedas a la elaboración del prometido informe, que un año sigue en paradero desconocido.
La confección del informe podría parecer baladí a simple vista, pero es la piedra angular de la comisión de investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas durante la etapa del exalcalde convergente Xavier Trias, y que con tanto esfuerzo consiguió que se pusiera en marcha el grupo municipal de Ciutadans (Cs), pese a las zancadillas de BeC y de buena parte de grupos de la oposición. Pero como el informe aún no se ha presentado, la comisión de investigación sobre la trama del 3% y su relación con BIMSA (y el exconcejal Vives) lleva meses en el dique seco. El asunto es serio porque el 2 febrero del 2017 la propia Ada Colau firmó un decreto de alcaldía (que quedó recogido en el acta del despacho de oficio del pleno municipal del mismo mes) encargando el inicio del expediente.
Sin informe que debatir, no tiene sentido convocar una sesión y por eso acaban aplazándose. Este es el motivo por el que se anuló la sesión prevista para el pasado viernes 6 de abril. El presidente de la comisión de investigación, Santiago Alonso (Cs) comunicó personalmente unos días antes al resto de miembros de la comisión que “lamentablemente” se veía “obligado a posponer” la sesión “ante la falta de la documentación necesaria”, que era responsabilidad de Asens, que ejerce como vicepresidente de la comisión de investigación, que se hubiera aportado.
La presidenta del grupo municipal de Cs, Carina Mejías, ve claro que el gobierno de los comuns está “obstaculizando sistemáticamente las convocatorias de la comisión de investigación”. El argumento es casi irrefutable. “Es al gobierno municipal a quien corresponde suministrar los informes que se habían comprometido a realizar. No los ha aportado y da la sensación de que tampoco se han realizado”, denuncia Mejías.
FALTA DE RECURSOS TÉCNICOS Y HUMANOS
Del imprescindible informe se sabe bien poco. Una portavoz del gabinete de Jaume Asens ha asegurado a Metrópoli Abierta que el documento “está en curso” y que “se está trabajando en él intensamente”, aunque se desconoce cuándo estará listo. Sin embargo, fuentes próximas a la Oficina de Transparencia y Buenas Prácticas municipal -que es la encargada de la redacción del informe- han revelado a Metrópoli Abierta que desde el equipo de Asens se han puesto todas las trabas posibles para su confección, empezando porque “no se han aportado los recursos técnicos ni humanos suficientes” para la confección del expediente.
Punto del cta del pleno municipal de febrero en el que se recoge el decreto de alcaldía que encarga el informe
Las mismas fuentes han precisado que si han escaseado los recursos para el informe sobre la corrupción del 3% ha sido básicamente “por motivos políticos”- Porque el teniente de alcalde Asens no ha puesto tantos reparos a que el Ayuntamiento de Barcelona elabore informes “que nada tienen que ver con la actividad” y cuya finalidad principal en muchos casos no es otra que “socavar” al Estado, poniéndose siempre del lado de los separatistas, como en el tema de los políticos presos o el 1-O.
Esta afinidad de Asens por el separatismo (del que parece que no le haría demasiada gracia airear sus vergüenzas y sus posibles tramas corruptas) no es el única motivo que se esconde detrás del bloqueo al informe, y en consecuencia a la comisión de investigación sobre la trama del 3%. Carina Mejías sospecha que la intención última de la alcaldesa y los comuns es “cerrar en falso” la comisión para que no salpique a los antiguos convergentes, porque así se habrían pactado durante las negociaciones de los últimos presupuestos municipales. A saber: abstención del grupo municipal Demòcrata (PDeCAT) -los herederos de la investigada Convergència) - para que así prosperaran las cuentas de Colau, a cambio del cierre definitivo de la comisión para que ningún exconvergente le fueran atribuidas responsabilidades polñiticas en los trapicheos de BIMSA ni tampoco en los de empresa municipal Barcelona Regional (BR), también bajo sospecha en la étapa de Antoni Vives.
SIN COMPARENCENCIAS DEL PDECAT
Los temores de Ciutadans no son infundados ni descabellados, ya que el PDeCAT también ha torpedeado todo lo que ha podido la comisión. Para empezar, no ha comparecido ante la comisión de investigación ninguno de los miembros del equipo del exalcalde Trias (con Vives a la cabeza) que han sido citados para dar explicaciones sobre las operaciones de BR -y que así pudieran depurarse posibles responsabilidades políticas. Sin incomparecencias y sin informes, el caso quedará "políticamente" tapado y únicamente en manos los tribunales de justicia, que no se podrá impedir que dicten sentebncia sobre las actividades de la trama convergente.