Desde 2016 hasta lo que llevamos de 2018, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) ha recibido 800.000 euros (133 millones de las antiguas pesetas) en subvenciones por parte del Ayuntamiento de Barcelona. Todo bien hasta aquí, pero ocurre que cuando se le pregunta a dicho ayuntamiento si considera que la FAVB representa a todos las asociaciones de vecinos de Barcelona, o si sabe cuántos vecinos están involucrados en estas asociaciones, la respuesta oficial es que... no lo sabe.
Es decir, que el consistorio que lidera Ada Colau otorga una importante suma de dinero público sin saber exactamente a quién se lo da (ver foto del documento, más abajo)
Según su propia definición, la FAVB es “una entidad cívica, creada en 1972, que trabaja al servicio de los ciudadanos de Barcelona para mejorar la calidad de vida de la ciudad. Agrupa a más de cien asociaciones de vecinos y vecinas (AAVV) de los barrios y participa en los temas de ciudad para fomentar la solidaridad, la igualdad y la convivencia”. Por otra parte, coordina la actividad de estas asociaciones en campañas y actividades que rebasan el nivel de barrio.
La cuestión es que el Ayuntamiento de Barcelona no está en disposición de acreditar oficialmente a la FAVB como representante de ciudadanos válidamente asociados a entidades vecinales legalmente constituidas. Es más, el consistorio tampoco dispone de información sobre a cuántos vecinos de Barcelona (la ciudad cuenta aproximadamente con 1.600.000 habitantes) representa la Federació.
Pero lo que más sorprende es que, aun reconociendo que no tiene esa información, el Ayuntamiento tampoco se haya preocupado por buscarla, a fin y efecto de saber a quién va a parar los recursos públicos que distribuye.
Por otra parte, el Ayuntamiento otorgó el año pasado una subvención especia a la FAVB, por un importe de 42.224,16 euros, “para la adecuación y mejora del local y la adquisición de base de datos para la modernización de su gestión”.
Carta oficial en la que el Ayuntamiento reconoce que no existe el documento
El acuerdo se tomó en la Comisión de Gobierno de finales de 2017, donde se aprobaba la partida en cuestión. Pero en ninguna parte del texto se recuerda o detalla que dicho local es de propiedad municipal, y que el Ayuntamiento se lo cedió a la entidad de manera gratuita.